Debo reconocer que tiene buena pinta el Reglamento de Morosidad que está debatiéndose en el Parlamento Europeo. En el seno de la Institución europea se han recibido comentarios de algunas asociaciones españolas, durante el período de información pública sobre el borrador de Reglamento. Permítanme felicitar especialmente a CEPYME por el documento remitido en este sentido.
En este mes de octubre hemos conocido varias decisiones judiciales, así como determinadas informaciones y reclamaciones de asociaciones y profesionales y también de nuestro Consejo General en relación con actuaciones y criterios de diferentes administraciones con el objetivo de poner o intentar poner freno a éstas.
Nos encontramos, nuevamente, en un compás de espera tributario, aderezado por el actual estado de provisionalidad gubernamental. En cualquier caso, se anuncian próximas novedades que desplegarán la totalidad de sus efectos, cuando menos, en 2025 y años sucesivos. Pero ya hay que empezar a posicionarse y prepararse para ello.
Revisando una comparecencia que realicé en el Congreso, ante la comisión de seguridad vial, recupero la sensación que tuve entonces, año 2014, y que pervive en mi desde entonces. A través de la Fundación del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM) habíamos promovido un estudio y una serie de propuestas que trataban de eliminar una lacra muy seria que afectaba, y afecta, a nuestra sociedad: las muertes en carretera y los accidentes con consecuencias muy graves entre nuestros jóvenes.
Igual hay quien se está preguntando como empastan los criterios ESG y los Gestores Administrativos, una serie de colegios profesionales con el medio ambiente, con lo social y con la gobernanza. Pues lo hace, y probablemente esa relación se haga más grande con el paso de los años.
No hace mucho, en una nota de prensa de nuestro Barómetro de la gA, escribía por primera vez sobre lo que considero que es la pirámide de las personas según el riesgo de empeorar económicamente en los próximos meses. Me gustaría compartirla con ustedes y escuchar su opinión. Está claro que no tiene por qué coincidir la opinión y no se trata de un ataque contra nadie, pero las vulnerabilidades creo que hay que conocerlas para la adecuada toma de decisiones.
Ojalá estuvieran en las de sus propietarios, pero desgraciadamente no es así. Voy a tratar de ordenar, negro sobre blanco, mis ideas y exponerlas de forma desapasionada. Ahora bien, les confieso que resulta muy difícil hacerlo así, cuando estamos viendo el trato que se da a los negocios más pequeños.
Es habitual en los despachos de Gestores Administrativos que entre un cliente a hacer una consulta para la que, a veces, trae ya su propia respuesta. Quiere que le confirmemos que su "creativa" y "brillante" idea es factible y la mejor.
Desde la edad media, los Gestores Administrativos (en aquellos tiempos, los Solicitadores) han sido los intermediarios entre la Administración y los ciudadanos, procurando facilitar la llegada y los trámites de éstos con aquélla.
El pasado 2 de octubre entró en vigor la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley 39/2015. El texto legal deroga la histórica Ley 30/92 y la primera Ley de Administración Electrónica, la Ley 11/2007. El texto reunifica ambas normas ofreciendo una única regulación de la relación jurídica entre el ciudadano y las Administraciones Públicas.