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Debo reconocer que tiene buena pinta el Reglamento de Morosidad que está debatiéndose en el Parlamento Europeo. En el seno de la Institución europea se han recibido comentarios de algunas asociaciones españolas, durante el período de información pública sobre el borrador de Reglamento. Permítanme felicitar especialmente a CEPYME por el documento remitido en este sentido.
Es una gran noticia que Europa se tome en serio uno de los problemas más importante que ahogan a los más pequeños desde que el mundo es mundo. El Reglamento viene a sustituir (o a completar) la DIRECTIVA 2011/7/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Esto es, normativa contra la morosidad ya existía, siendo la primera gran reflexión que la anterior normativa ha fracasado estrepitosamente. Esperemos que esta iniciativa, a la que algunos "acusan" de no tener el rango necesario (debió ser una nueva Directiva). Hasta ahora, no ha habido forma de terminar con esta importante lacra para el mundo empresarial.
No sucede solo con este tema tan importante para los negocios. Recientemente hemos leído que Bruselas cancelará la Plataforma de Litigios en Línea por falta de uso por los consumidores europeos. No basta con crear plataformas o aprobar normas, éstas tienen que ser fácilmente usables por todos. Y hay que generar cultura, que no es lo habitual. Y si no, veremos en el lío que se termina metiendo a las pymes con la Directiva que les impone obligaciones de sostenibilidad.
Si entramos en un pequeño y rápido análisis, podemos afirmar que en el extremo superior de la pirámide situamos a la Administración, que nunca ha sido "amiga" de pagar bien. Porque quizás si lo hubiera hecho, aguas abajo las cosas habrían discurrido de otra forma, y nadie se hubiera atrevido a hacer las cosas tan mal como se están haciendo. Pero el primer gran mal pagador es el Estado y sus hermanos pequeños de las restantes administraciones.
Y es que según el momento crítico o no por el que atraviesa el país, los plazos de pagos de las administraciones han sido mayores o menores. Al extremo de que el Plan E, que trataba de inyectar liquidez en el sistema a través de las Administraciones, rompió el principio de unidad de caja de éstas, de tal manera que los proyectos desarrollados bajo el paraguas de este plan tenían preferencia en el cobro. Quería el capricho de los gobernantes que una misma empresa pudiera estar presa de retrasos en el pago de un Ayuntamiento, por decir algo, y a la vez cobrara de forma inmediata la ejecución de otras obras realizadas a consecuencia del citado Plan.
Vamos, que la Administración hasta hoy se ha mostrado despojada de toda obligación y no le ha preocupado ser la causante de la desaparición de empresas como consecuencia de sus impagos.
El Reglamento parece que afectará también a los pagos de las administraciones, A ver si en esta ocasión cumplen. Pero la historia me obliga a ser escéptico. Porque no deberíamos olvidar que el impago de la Administración tiene un efecto piramidal. Destruye de forma directa empresas acreedoras, y de forma indirecta también. Porque los impagos se van trasladando escalones abajo desde el impago de la Administración hasta los impagos de las empresas afectadas por aquellos otros impagos.
Y luego tenemos el poder de las Grandes Empresas. Vender a una grande, conseguir entrar en su rueda de facturación es el culmen. Y también se puede convertir en una pesadilla. Hay que estar preparado. Para lo que las empresas buscan los mecanismos de financiación adecuados a los plazos que las grandes imponen. Y digo bien, imponen. Y si no le gustan sus condiciones, deberá usted buscar otros clientes.
Es como denunciar al jefe de manera trasparente. Como no lo tengas muy claro, estás en la calle. Lo que supone que muchas pymes se lo piensen antes de incomodar a los citados grandes.
Es verdad que existen mecanismos para financiar estas ventas, pero tienen un coste y no siempre los bancos facilitan sus herramientas, pues que a uno le hayan abierto la puerta para vender, no significa que se vayan a cumplir los compromisos adquiridos. Y el banco dice que el riesgo lo asuma otro.
CEPYME, que conoce bien cómo funciona el mundo de los pequeños, propone en su escrito de comentarios al Reglamento, que la aplicación del mismo sea gradual. Esto es, primero que se obligue a la Administración, y cuando esta fase ya funcione bien, se ponga en marcha en las grandes. Y es que, seamos claros, la morosidad o los alargamientos de plazo también se producen en los pagos de pymes a pymes y autónomos.
Y es que, permítanme, espero que no se descuiden en establecer un Reglamento bien "redondo", porque de lo contrario solo habremos conseguido enredar el ovillo. Verán, el Reglamento pretende regular lo relacionado con el pago, pero deja incógnitas sobre varios aspectos, que algunas asociaciones españolas le han apuntado al legislador: quien paga los instrumentos de financiación, ¿se armonizarán todas las legislaciones europeas en la interpretación de aquellos conceptos jurídicos indeterminados que se recogen en el Reglamento?...
Y no olvidemos de dos aspectos básicos: la incapacidad de que los pagos se respeten por parte de los deudores y que las condiciones de las compras no sean leoninas, nos llevan a incrementar la regulación que afectan a los negocios. Y que no se olviden aquellos cuyo deseo es cobrar que, como pagadores, deben cumplir los mismos requisitos que sus deudores. Si bien, en muchos de los casos, a su deudor no le costará demasiado, ¿y a ellos?
Mi reflexión: creo que lo más importante es obligar a los grandes, empresas y administraciones a cumplir con los compromisos rubricados en las compras y que éstos no sean abusivos. Y una vez hecho esto, permitir al mercado que se regule, porque de lo contrario, volveremos a ponerle obligaciones incumplibles a los más pequeños y dejaremos el mango de la sartén a los más grandes, que ya buscarán el camino para seguir financiándose de los pequeños. Los financieros de las grandes compañías buscarán el modelo para seguir haciendo rentables sus empresas a costa de quien corresponda, y la Administración ¿seguirá haciendo lo que quiera?
Por ello, creo sinceramente que ser algo creativo en la manera de obligar a las grandes y a las administraciones debería ser suficiente, evitando generar más regulación y establecer normas que sigan matando poco a poco a los más vulnerables.
Producido por EcoBrands
