En este mes de octubre hemos conocido varias decisiones judiciales, así como determinadas informaciones y reclamaciones de asociaciones y profesionales y también de nuestro Consejo General en relación con actuaciones y criterios de diferentes administraciones con el objetivo de poner o intentar poner freno a éstas.
Así, el Supremo le enmienda la plana al SEPE rechazando que el pago aplazado por despido impida cobrar el paro. La Audiencia Nacional rechaza la solicitud de Hacienda para que las asociaciones fiscales no puedan recurrir en casación. El Supremo prohíbe a Hacienda examinar la documentación contenida en un dispositivo electrónico en las inspecciones. Los bufetes llaman a la impugnación masiva del Impuesto de Patrimonio.
Desde nuestro Consejo General denunciamos que la Tesorería General de la Seguridad Social parece estar llevando a cabo una inspección masiva a los autónomos para aumentar la recaudación por las cuotas de la Seguridad Social de este colectivo (identificando a los societarios, en concreto).
Dada la falta de medios en la inspección, se le pide a los autónomos y a sus gestores que les pasemos la información para identificar aquellos que son societarios y no están dados de alta como tales.
La Constitución española recoge la división de poderes que Montesquieu había establecido en el siglo XVIII: el Ejecutivo (Gobierno), el Legislativo (Cortes Generales) y el Judicial (jueces y tribunales). Y así ha venido siendo con mayor o menor fortuna durante unos cuantos años de nuestra joven democracia.
En 1985, tras la reforma de la Ley del Poder Judicial, se le achaca a Alfonso Guerra una frase que él insiste en que nunca pronunció: hemos asesinado a Montesquieu. Y aunque nunca lo dijera de manera expresa, ciertamente algo se rompió en aquel momento que viene desmoronando este andamiaje.
Quien más, quien menos ha visto el documental de Alejo Moreno, Hechos probados, contando la travesía de Agapito García con Hacienda. Y este es solo uno de los muchos casos que habitualmente muestran la voracidad y la prepotencia de Hacienda ante los ciudadanos. Aplicando "su" criterio te sanciona y te obliga a pagar, y después, si quieres, reclama.
Entre tanto, ha podido acabar con tus negocios, te ha arruinado la vida o, cuando menos, te la ha puesto patas arriba. No puede ser que el mismo organismo legisle, interprete y sea la primera instancia en juzgar. Porque no es lo mismo que te levanten un acta y tú decidas si reclamas o no, y en caso de reclamar se suspenda la ejecución de la sanción en tanto un tribunal independiente no emita su sentencia y esta no sea definitiva, a que en el momento que te sancionen, incluso sabiendo que es una medida injusta, tengas que hacer frente a su pago y luego reclames.
El artículo 9 de la Constitución recoge el principio de seguridad jurídica; es por tanto un valor constitucional. Una sentencia del Tribunal Constitucional señala que la seguridad jurídica es "suma de certeza y legalidad". Otra sentencia del mismo órgano, de 7 de abril de 2005, dispone que la seguridad jurídica ha de entenderse: como la certeza sobre el ordenamiento jurídico aplicable y los intereses jurídicamente tutelados procurando la claridad y no la confusión normativa. Y como la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en la aplicación del Derecho.
Una mala técnica normativa (que, además, exige de una permanente interpretación de esta, y es el propio "ejecutor" quien la interpreta, yendo a menudo más allá de lo que la propia norma establece) y la inestabilidad del ordenamiento, con numerosos cambios, nos permiten afirmar que la seguridad jurídica se diluye. Y en nuestro caso, estas dos situaciones se están produciendo.
Si a eso le añadimos que el decaído proyecto de Ley sobre el derecho a la defensa quiere limitar éste a sede judicial, y todos conocemos los plazos para resolver los temas en los tribunales, la seguridad jurídica se habrá convertido en una plastilina en manos de quienes nos dirigen.
La seguridad jurídica debería ser un faro para cualquier Estado, la certeza de que el día que se vayan los que gobiernan, todo seguirá en orden y los ciudadanos no tendrán que temer, porque habrá quien vele por sus legítimos intereses. Salvo que afanes recaudatorios, entre otros, prefieran menos seguridad y más poder para hacer de su capa un sayo.
Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España y del Colegio de Madrid.
