Revisando una comparecencia que realicé en el Congreso, ante la comisión de seguridad vial, recupero la sensación que tuve entonces, año 2014, y que pervive en mi desde entonces. A través de la Fundación del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM) habíamos promovido un estudio y una serie de propuestas que trataban de eliminar una lacra muy seria que afectaba, y afecta, a nuestra sociedad: las muertes en carretera y los accidentes con consecuencias muy graves entre nuestros jóvenes.
Las muertes en carretera se habían convertido en el número uno de los fallecimientos de nuestros jóvenes, y después de 9 años sigue a la cabeza de tan nefasto ranking, solo superado en 2020 por los suicidios como consecuencia del confinamiento. Hoy, los accidentes de tráfico, los suicidios y los daños autoinfligidos son las principales causas de fallecimiento de nuestros jóvenes.
Entendíamos que debíamos hacer algo por colaborar en reducir tan dolorosa situación. Y es obvio que nuestra experiencia se centraba más en lo que respecta a tráfico que a cuestiones psicológicas. Por ello, pensamos que devolver algo de lo que el ICOGAM obtenía por los trámites con vehículos o carnés era una manera de colaborar. Así, patrocinamos el estudio del que les hablaba al principio y propusimos una serie de medidas para tratar de reducir este lastre de nuestra sociedad.
Ante la comisión de seguridad vial, y ante los diputados que podían influir en que una norma de tales características viera la luz, expuse el resultado de nuestro estudio, con tres claves fundamentales y dos propuestas concretas para aumentar la seguridad vial.
La primera clave era que del elevado número de accidentes que se producían entre nuestros jóvenes, muchos eran previsibles, podrían haberse evitado. La segunda clave se centraba en la necesidad de una socialización temprana de la seguridad vial, en unas edades en las que nuestros jóvenes interiorizarían mejor el mensaje y, en consecuencia, facilitaría su plena aplicación. Y como tercera clave, el estudio revelaba que una mayor experiencia reduciría el número de siniestros; la conducción acompañada, que permitiría ampliar las horas de prácticas, facilitaría la experiencia necesaria para afrontar mejor los eventos ante los que se enfrentarían los jóvenes una vez obtuvieran el permiso de conducir definitivo. Y en base a esas tres claves, proponíamos dos medidas a adoptar:
- La creación de un certificado escolar obligatorio de seguridad vial, incorporado al currículo de nuestros jóvenes.
- La aprobación de un permiso gradual de conducir para jóvenes que contemplara la conducción acompañada y, en consecuencia, el incremento del número de horas de prácticas. Pues quedaba demostrado que el joven aprendía a conducir una vez obtenía el permiso, eso es, cuando empezaba a conducir el coche.
Ponía el ejemplo de cómo había afectado en la siniestralidad entre los jóvenes la implantación del carnet gradual: en EEUU se había reducido un 25%, en Francia un 10%, en Suecia un 40% y en Reino Unido un 60%. Estábamos convencidos de que debían contemplarse nuestras propuestas.
De acuerdo con los datos que ofrece un informe de la Fundación Línea Directa, la mortalidad por accidentes de tráfico en jóvenes de entre 18 y 29 años ha caído un 41% en los últimos 10 años. A pesar de ello, los conductores menores de 29 años sufren un 37,5% más de accidentes que hace una década, y son responsables del 62% de ellos.
Según el estudio de la Fundación Línea Directa, los automovilistas de 35 a 44 años son los conductores más imprudentes, ya que son los que más alcohol (45 %) y drogas (12 %) consumen antes de conducir, los que menos usan el cinturón como conductor (8 %) y los que menos usan el casco cuando van en moto (12 %). Es como si la educación hubiera realizado su tarea y se va produciendo en natural trasvase de edades a medida que transcurre el tiempo.
La razón de revisar la presentación que hice en 2014 en el Congreso de los Diputados y los estudios, escritos, reuniones y demás que mantuvimos en aquella época es porque, finalmente, la Dirección General de Tráfico se ha decidido apostar por un carnet de conducir para menores de 18 años, basado en la conducción acompañada. Los requisitos son: tener 16 años, estar en posesión del permiso que permite conducir ciclomotores y superar las pruebas pertinentes, teóricas y prácticas.
Soy plenamente consciente de las dificultades que conllevan los cambios normativos, son muchas voluntades las que hay que convencer, muchos los temas que deben ser revisados y pocos los recursos que se tienen para ello. Uno considera que la medida podría haber sido adoptada mucho antes, pero seguro que hay aspectos que se me escapan, aun cuando detrás del retraso seguro que hay vidas que podrían haberse salvado.
Y finalizo esta reflexión como la empecé. Porque los Gestores Administrativos estamos ahí con nuestra sociedad. No sólo somos negocios. Todo el conocimiento y la experiencia que obtenemos en nuestro día a día lo queremos poner al servicio de nuestra sociedad. De hecho, hemos acometido numerosos proyectos que han permitido mejorar algunos trámites de la Administración, cuyo coste hemos asumido nosotros. Elaboramos un Barómetro que permite acercar, casi en tiempo real, la realidad de los pequeños y medianos negocios. Y promovemos el debate de aspectos significativos para nuestra sociedad.
Aunque a aquellas diputadas y diputados les llamó la atención nuestra dedicación a asuntos que no tenían que ver directamente con nuestro negocio, colaboramos con la sociedad civil, nos preocupamos por los ODS y colaboramos en promover una sociedad más justa. Solo tiene que estar atento a nuestra manera de actuar, y seguro que termina estando de acuerdo conmigo.
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Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España y presidente del Colegio de Madrid
