Los juristas están cuestionando actualmente los modelos de la gestión tradicionales y el gobierno del sector TIC e Internet y clamando por que se instaure una cogobernanza en la que tenga un papel fundamental la sociedad civil.
Así, se ha puesto de manifiesto en la jornada de trabajo sobre Una nueva gobernanza para el siglo XXI: Gobernanza en red, organizada por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.
Se parte de un acuerdo generalizado de que la inteligencia artificial como tecnología debería de ser concebida y aplicada desde la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esta tecnología ha revolucionado el debate sobre el gobierno o la gobernanza de la Red, de gran importancia para la evolución futura de Internet.
Hay acuerdo en que no todo se consigue con la regulación externa y con medidas coercitivas, sino fomentando la autorregulación y el autocontrol y, sobre todo, la educación.
Aparte de esas medidas legislativas de regulación, hay que fomentar, como decía antes, la autorregulación. Porque no todo se resuelve con el Código Penal; ni siquiera con las leyes civiles o las leyes administrativas con un régimen sancionador. Hay que fomentar la autorregulación porque Internet ha dado buenas muestras de que la gente se autoorganiza bien, y que hay cosas que se consienten y cosas que no se consienten.
Ricard Martínez, director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, ha explicado, a modo de ejemplo, que hay dos esfuerzos fundamentales con respecto a la audiometría.
De una parte, Twiter que ha anunciado que la impondrá por razones de seguridad. Y el otro es un esfuerzo aparentemente altruista de Sam Altman, CEO de OpenAI, que está entregando una criptomoneda para captar y convertir el Iris en un código numérico.
Es una experiencia similar a la que trató de desarrollar la aplicación del Radar Covid, lo que permitiría respuestas de sí o no, con respecto a la identidad.
"Intuyo que detrás de estas iniciativas hay el intento de crear un estándar sencillo de mercado, que controlará el territorio y que podría dejar en barbecho las iniciativas que actualmente desarrolla la Unión Europea. Me preocupa mucho la hipocresía que se ha desarrollado, por ejemplo, en el campo de la identificación de menores, porque la inclusión de algunas validaciones hubiera supuesto un parche en la situación generada. Las políticas públicas de protección de la identidad dejan mucho que desear. Los proyectos de la Unión Europea no son tóxicos y no persiguen más feudalismo digital", afirma Ricard Martínez.
Y, el profesor aboga por "desarrollar un proceso que asegure que la IA se despliega en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea (UE). No podemos esperar a que a alguien se le ocurra iniciar el desarrollo de un Reglamento europeo y a que pasen tres o cuatro años hasta que disciplinemos el riesgo".
"El problema es que la Comisión Europea lo está aceptando en ciertos aspectos en contra de los intereses de los ciudadanos. Los Gobiernos dan carta blanca a las plataformas, aunque parezca que lo están negociando y exigiendo transparencia, y les están diciendo, 'tú vete borrando lo que veas y ya te daremos directrices en un convenio de buenas prácticas censoras', porque Bruselas les va a decir lo que tienen que ir borrando, lo que cada Gobierno considere que es desinformación, con lo cual habrá el Ministerio de la Verdad Orweliano, que decidirá que es discurso del odio, que es desinformación", explica Nacho Alamillo, abogado y director general de la consultora Astrea, especializada en firma electrónica y criptografía, y CISO de Logalty.
Así, existe un acuerdo generalizado entre los especialistas, de que es previsible que muchas redes sociales o plataformas digitales, antes de que un Gobierno nacional les abra un expediente sancionador con multas sobre el 6% de la facturación anual, se dediquen a borrar contenidos que puedan molestar a aquella autoridad que esté decidido a abrir el expediente sancionador, lo que supondrá una censura indirecta.
"Por eso -indica Alamillo-, son muy importantes los sistemas de Gobernanza, la idea con el Reglamento elDAS 2 es que haya un tercero de confianza al que yo pueda darle mis datos y los de mis hijos y que, simplemente, emita un certificado automático, un token, que diga este usuario tiene la edad suficiente para entrar en este tipo de contenidos. Creo que el Colegio de Registradores puede dar ese servicio, sin monopolios, porque habrá otras empresas que puedan dar ese servicio".
Borja Adsuara, abogado, consultor, ex director general de RED.es, estima que "el Estado de Derecho nos ha costado muchos siglos hasta llegar al actual nivel, cuando las grandes tecnológicas en el día a día, mediante los términos de uso, están por encima de nuestras leyes, de nuestra Constitución.
Ahora, un CEO, al que yo no he votado y unas normas que no están votadas en ningún Parlamento me digan lo que puedo decir y lo que no, limitando mi derecho de libertad de expresión. Lo que hay por debajo, aunque no lo creamos, es un pulso entre el Estado Democrático de Derecho y los nuevos señores feudales.
Esta situación nos retrotrae a la Edad Media en que había señores feudales porque había siervos de la Gleba, que ahora somos nosotros".
Los expertos han mostrado su acuerdo con que en que la mejor demostración de esta pugna por el control de las redes es la compra de Twiter por Elon Musk. Así, Borja Adsuara apostilla que "se ha vendido Twiter porque los siervos de la gleba trabajamos gratuitamente en dotar a la red de contenidos. Alguien ha vendido la tierra con los trabajadores dentro. Muchas de las empresas de Internet se compran por la masa crítica de usuarios. Luego Elon Musk se encargará de vender servicios afectados a medios de pago, que poco tienen que ver con la red social tradicional".
En una sociedad altamente informatizada, uno de los peligros urgentes que hay que afrontar es la diferencia entre quienes tienen acceso a las nuevas tecnologías y los que no, así como el abismo en el conocimiento de su uso, ya que la brecha digital genera un sector en riesgo de exclusión social. Un obstáculo insalvable para quienes tienen que identificarse para operar en el mercado de la UE.
Nacho Alamillo señala que, actualmente, el responsable de la identificación de la persona física es la Policía, pero no lo es a efectos de la persona jurídica.
La Autoridad natural de la identificación de la persona jurídica es aquella que la constituye, por lo que parece que los Registros jurídicos y los administrativos, que constituyen personas jurídicas son los partidarios para entrar.
El Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025, establece un nuevo modelo de identidad digital, que tiene por objeto desarrollar sistemas y servicios de identificación sencillos, seguros y usables por los ciudadanos, entre los que está el desarrollo de la Cartera digital española, que se incardina también en la revisión en curso del Reglamento eIDAS, conocido como eIDAS 2.
Se trata de una propuesta para regular la identidad electrónica europea armonizada que modificará la normativa actual para adecuar el marco legal a las necesidades de ciudadanos y empresas.
Dualidad de carteras
El Reglamento persigue facilitar las transacciones electrónicas entre personas físicas, jurídicas y las Administraciones públicas en el seno de la UE. Ahora, lo que se persigue con la reforma es autenticar y compartir datos vinculados de la identidad del ciudadano o de la sociedad a la identidad ante las Administraciones Públicas, pero también ante el sector privado.
Los Estados comunitarios deberán ofrecer una Cartera Digital a través del móvil, que, en el caso de España, está siendo desarrollada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital dentro del marco del Plan de Digitalización.
Esta aplicación permitirá, no solo, a los ciudadanos europeos almacenar de forma segura su DNI electrónico, el permiso de conducir, las recetas médicas, las tarjetas bancarias o, incluso, los títulos profesionales ante las Administraciones Públicas.
Bruselas no solo quiere que la app sirva para relacionarse con las Administraciones sino, también, con el sector público, permitiendo adquirir una vivienda, actuar con las entidades bancarias y todas las actuaciones comerciales, sociales y financieras que exigen estar debidamente identificados.
La clave de este proyecto se encuentra en los niveles de seguridad que deben garantizar el grado de confianza del mismo, garantizando así que la persona que afirma poseer una identidad determinada es realmente el titular de dicha identidad.
La utilización de las carteras será gratuita para los ciudadanos. Los Estados miembros serán los responsables de la protección de los datos personales y, además, deberá una variedad de atributos, que permitan intercambiar tan solo los datos necesarios en cada servicio solicitado.
