El Supremo británico dará su dictamen sobre el Brexit el 24 de enero. Theresa May ha aniquilado su reputación de política vacilante y ambigua con un plan para el Brexit que amenaza con desencadenar una guerra fiscal si la Unión Europea decide "castigar" a Reino Unido por abandonar el bloque. Por su parte, Boris Johnson ha asegurado que hay países que "hacen fila" para negociar con Reino Unido.
Theresa May mantiene intacta su voluntad de desprenderse del legado de David Cameron. En su primer semestre en el Número 10, la primera ministra ha recuperado políticas desechadas por su antecesor y ha aprovechado para desmantelar una de las apuestas de éste en su estreno en el poder, el concepto de la gran sociedad, que con May se ha transformado en la sociedad compartida.
Theresa May intenta contener la avalancha generada por las declaraciones en las que parecía sugerir que Reino Unido se dirigía a un Brexit duro, es decir, la solución para el divorcio de la Unión Europea que le sacaría del mercado único. Después de que la libra cayera frente a euro y dólar a su menor nivel, respectivamente, desde noviembre y octubre del pasado año, la primera ministra británica atribuyó la errática tendencia monetaria a una mala interpretación de sus palabras por parte de la prensa.
Reino Unido ha arrancado el año en que se prevé la activación oficial del Brexit inmerso en un terremoto político que evidencia la ausencia de una estrategia para el divorcio de la Unión Europea. A la espera de la decisión del Tribunal Supremo que determinará a quién le compete pulsar el botón de salida, si al Gobierno o al Parlamento, la dimisión del embajador británico ante Bruselas la semana pasada no sólo ha confirmado las sospechas, cada vez más extendidas, sobre la escasez de voces autorizadas para el que está considerado como uno de los procesos más complejos de la historia moderna, sino que ha puesto de manifiesto la peligrosa incomodidad del Gobierno con las voces discordantes. May asegura que presentará una estrategia para el 'Brexit' en "cuestión de semanas".
La primera ministra británica ha asumido la necesidad de un acuerdo transitorio una vez Reino Unido haya abandonado la Unión Europea, para garantizar al músculo privado margen para aclimatarse al recién inaugurado escenario. Aunque prefirió calificarlo como una "fase de implementación", Theresa May reconoció ayer en una tensa comparecencia en comisión parlamentaria que hay un "aspecto práctico en cómo se asegura que la gente pueda ser capaz de adaptarse a la nueva relación".
La economía británica continúa confundiendo ante su aparente fortaleza transcurridos seis meses de la confirmación de un brexit del que se había pronosticado que generaría una recesión, subiría el paro y dispararía el IPC. La incertidumbre aparejada a un proceso del que todo se ignora, salvo la fecha oficial de arranque, no se ha dejado notar de momento en la evolución de un país que creció más en el trimestre posterior al referéndum de lo que lo había hecho entre abril y junio y donde el desempleo continúa descendiendo, mientras los precios se mantienen testarudamente por debajo del objetivo del 2%.
Reino Unido avanza inexorablemente hacia la salida de la Unión Europea, pese a ignorar quién dará la orden de partir y cuál será la hoja de ruta. El Tribunal Supremo anunciará en enero si ampara la apelación del Gobierno para intentar retener el control sobre la ruptura, pero el Parlamento, la misma institución a la que el Alto Tribunal había conferido tal potestad, ha respaldado ya el calendario marcado por Theresa May para invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa antes de final de marzo.
La continuidad de Reino Unido en el mercado común se consolida como piedra angular sobre la que se basará el primer divorcio integral en la historia de Europa. Aunque el Gobierno mantiene oficialmente el mutismo, la presión del sector privado, junto a la anticipación del Banco de Inglaterra (BoE) e, incluso, los descuidos del Ejecutivo han situado el encaje comercial a la cabeza de los condicionantes que determinarán la salida.