Los accionistas actuales cobrarán 8 millones de los parkings españoles
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Unos 1.100 expositores mostrarán innovaciones para la industria alimentaria a 38.000 profesionales
ERC está perdiendo la paciencia con Carles Puigdemont, ante los reveses jurídicos a la candidatura del expresidente catalán y con la cuenta atrás que ya ha superado la barrera de los 20 días para la convocatoria automática de nuevas elecciones autonómicas, si no hay Govern constituido el 22 de mayo.
La operación estaría valorada en 2.000 millones de euros y también incluiría la deuda del grupo. El consejero delegado de la compañía desde 2006, Joaquim Agut, asumirá también la presidencia.
La economía es sensible a la incertidumbre política, como se vio a finales de 2017 con el proceso independentista catalán, que afectó especialmente en Cataluña pero también tuvo efectos en menor grado a nivel nacional. Pero las empresas no pueden postergar decisiones indefinidamente, y pese a la falta de un nuevo gobierno catalán y de Presupuestos Generales del Estado (PGE) a nivel nacional, el Ecobarómetro, que elaboran trimestralmente Informa D&B y elEconomista, muestra en el primer trimestre de 2018 un mayor dinamismo en las compañías de toda España respecto a los tres últimos meses de 2017, cuando el indicador mostró el menor avance desde que empezó a elaborarse, hace ahora dos años, en el primer trimestre de 2016. Con todo, la mejora del inicio de este año, de 0,37 puntos, es inferior a la de hace un año, cuando fue de 0,52 puntos. Ello refleja que las empresas dan por superado el peor momento, pero esperan todavía una visibilidad del futuro en la administración catalana y estatal, mientras que la economía internacional llama al optimismo.
A medida que avanza la investigación policial y judicial sobre la posible malversación por parte del Govern en la financiación del 1-O van dándose a conocer más pistas sobre cómo pudo la administración catalana organizar un referéndum ilegalmente a pesar de la fiscalización de las cuentas públicas de la Generalitat por parte del Ejecutivo central. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, matizaba esta misma semana sus anteriores afirmaciones de que no se utilizó "ni un euro público" en el 1-O, admitiendo que pudo haber "falseamiento" de facturas por parte de la Generalitat, así como "imperfecciones" en el control de las cuentas. Esta posibilidad, finalmente reconocida por el ministro, coincide con la investigación que el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa contra el 1-O, Pablo Llarena, lleva haciendo desde finales de 2017 y con las pesquisas de la Guardia Civil sobre el caso, en una investigación en la que juega un papel importante el juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.
Banco Sabadell ha puesto velocidad de crucero en su negocio en España y en el primer trimestre del año mejoró un 58,4 por ciento interanual el beneficio sin tener en cuenta al banco británico TSB, hasta 303,1 millones de euros.
Basf cerró el año 2017 como su mejor ejercicio en ventas en España, tras crecer un 14% y alcanzar los 1.325 millones de euros. El aumento se dio tanto en volúmenes (8%) como en precios (4%), y uno de los segmentos más dinámicos fue el del negocio de catalizadores para reducir emisiones en la automoción, indicó el director general de Basf Española, Carles Navarro.
A falta de una decisión desde el Gobierno central contra la delegación del voto en el Parlament de Carles Puigdemont y Antoni Comín, la líder de C's en Cataluña, Inés Arrimadas, anunció ayer que desde su formación presentarán recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC). Lo harán una vez agotadas las vías de reclamación en la cámara catalana, rechazadas por la mayoría independentista en la Mesa, y ante la "inacción" del Gobierno central en este asunto. Desde el PP catalán y el Gobierno central llevan días aduciendo que están estudiando emprender acciones legales contra estos votos delegados, pero el calendario sigue corriendo sin falta de concreción.
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