A medida que avanza la investigación policial y judicial sobre la posible malversación por parte del Govern en la financiación del 1-O van dándose a conocer más pistas sobre cómo pudo la administración catalana organizar un referéndum ilegalmente a pesar de la fiscalización de las cuentas públicas de la Generalitat por parte del Ejecutivo central. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, matizaba esta misma semana sus anteriores afirmaciones de que no se utilizó "ni un euro público" en el 1-O, admitiendo que pudo haber "falseamiento" de facturas por parte de la Generalitat, así como "imperfecciones" en el control de las cuentas. Esta posibilidad, finalmente reconocida por el ministro, coincide con la investigación que el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa contra el 1-O, Pablo Llarena, lleva haciendo desde finales de 2017 y con las pesquisas de la Guardia Civil sobre el caso, en una investigación en la que juega un papel importante el juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.
Precisamente el martes pasado, la Benemérita entregó a dicho juzgado un informe sobre las actuaciones de la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, dependiente del Departamento de Economía que lideró hasta su cese el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, en el que detallaba que esta funcionaria "omitió" información sobre facturas a Unipost, la empresa contratada para repartir el material del referéndum. Las facturas hacen referencia a cinco pagos que sumaban casi un millón de euros para cobrar los envíos electorales del 1-O.
A pesar del requerimiento judicial, Vidal no mandó dichas facturas hasta que los investigadores se las pidieron por segunda vez. Además, la interventora tampoco informó de dos intentos de cobro por parte de Unipost, que fueron denegados por el sistema informático de la propia Generalitat al detectar irregularidades, ni denunció un expediente de aprobación de gasto de casi 2,3 millones de euros para una campaña que incluía anuncios para fomentar el voto en el referéndum. Según la Guardia Civil, estas "omisiones" por parte de Vidal se referían a actos en los que pudo haber malversación con el objetivo de financiar el 1-O.
Partidas ocultas
La Abogacía del Estado también sospecha de que la Generalitat pudo esquivar el control de la intervención de sus cuentas a través de "partidas presupuestarias ocultas". Por ejemplo, en los incrementos en las nóminas de altos directivos del Govern, como el expresidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional, Carles Viver i Pi-Sunyer, que recibió un aumento de sueldo de 3.613 a 9.538,6 euros mensuales. En este sentido, la Abogacía del Estado reclamó a la justicia que determine "si se ha podido desviar dinero para el referéndum del 1 de octubre que no se haya reflejado en la contabilidad que la Generalitat comunica de forma periódica al Ministerio de Hacienda".
Grupos parlamentarios
Además, cambios normativos de los últimos años han hecho que el control de los grupos parlamentarios y los partidos catalanes sin presencia en el Congreso de los Diputados hayan quedado en tierra de nadie. Y es que el Tribunal de Cuentas centralizó en 2015 la fiscalización de los partidos políticos de toda España, pero solo incluye automáticamente en su inspección anual a las formaciones con representación en el Congreso, de forma que la CUP queda fuera, así como la coalición JxSí -entre Convergència y ERC durante la legislatura 2015-2017-, si bien el Tribunal de Cuentas la supervisa parcialmente a través de las cuentas consolidadas de CDC y ERC.
La Guardia Civil sospecha de que JxSí pudo vehicular dinero público para preparativos del 1-O, pero sus cuentas de 2017 son un misterio. Como grupo parlamentario, debe remitirlas a la Mesa del Parlament antes del 30 de junio, y las de años anteriores no se han hecho públicas. De hecho, la Sindicatura de Cuentas de Cataluña realizó una fiscalización de los partidos políticos en 2015 y JxSí no presentó sus libros de dicho año.
Subvenciones
Otra de las posibles vías de escape de recursos públicos de los contribuyentes hacia la financiación del 1-O es el pago de subvenciones directas de la Generalitat a entidades soberanistas, como la Asociación de Municipios para la Independencia, la Asamblea Nacional Catalana u Òmnium, entre otras. Varios funcionarios de la administración catalana admitieron esta semana a elEconomista que es "difícil" conocer el destino de estas subvenciones, ya que muchas de estas asociaciones soberanistas tienen una vertiente política, pero también cultural, y la fiscalización no puede determinar en muchos casos en qué se acabará gastando la subvención.
Como ejemplo, la Guardia Civil investiga si la administración autonómica utilizó a Òmnium como "sociedad interpuesta" para encargar a empresas gráficas material propagandístico del 1-O con el logotipo de la misma Generalitat. Además, el sistema de concesión directa de subvenciones permite que se otorguen estas ayudas sin concurso público, dificultando más su fiscalización.
Por todo ello, Hacienda requirió a la Intervención General que remitiera una relación de estas subvenciones, pero Vidal lo rehusó alegando que no tenía competencias para recabar esta información. El Ejecutivo central respondió que una orden ministerial de 2015 habilita a la Intervención para obtener los datos sobre los pagos y créditos realizados por todo el sector público catalán. Fuentes del Departamento de Economía aseguraron a este diario que ya se han respondido todos estos requerimientos de Hacienda.
Menor control antes del 155
Por otro lado, la fiscalización de los pagos de la Generalitat y el rendimiento de cuentas ante Hacienda fueron más "laxos" antes de la fiscalización de las cuentas públicas por parte del Ejecutivo central a partir de mediados de septiembre, quince días antes del 1-O.
Según informaron varios funcionarios de la Generalitat a elEconomista, de los trámites considerados "normales" en la tarea de supervisión de una administración pública se pasó a un control mucho más detallado de los pagos sospechosos de contribuir a la organización del referéndum ilegal del 1-O, centrándose en quién eran y qué hacían los proveedores, para luego poder certificarlo ante Hacienda. Utilizando un símil aduanero, uno de los funcionarios consultados comentó que "si antes dejaban pasar a la mayoría de coches y paraban a uno para inspeccionarlo a fondo, ahora los paran a todos y se ha creado una cola kilométrica".
En este sentido, los trabajadores públicos de la Generalitat lamentaron el aumento de la burocracia que ha provocado la exigencia de certificación de todas las facturas, con el objetivo de descartar que se pudieran dedicar recursos públicos a fines relacionados con el referéndum.
Aparte de estas posibilidades, la investigación de Hacienda y la del Supremo siguen otras líneas, como la modificación del presupuesto catalán en agosto de 2017 para traspasar más de 3,4 millones desde el Fondo de Contingencia a otra partida presupuestaria; la cesión de espacios públicos para acoger el referéndum; las becas para estudios sobre el procés, o los pagos a empresas tecnológicas que hayan trabajado con la Generalitat.
