La OCDE presenta hoy jueves sus recomendaciones sobre BEPS en la cumbre del G-20 en Lima. A estas alturas, cualquiera que haya seguido los últimos escándalos mediáticos sobre la fiscalidad de algunas grandes multinacionales, habrá oído el acrónimo BEPS o conocerá su significado. Pero, por si acaso, aclaremos que este término pretende aludir al empeño de algunas empresas en reducir en exceso su base impositiva y en trasladar de manera forzada o artificial los beneficios obtenidos en determinadas jurisdicciones a otras con menor o nula carga fiscal. Una práctica, que pese a todo y como reconoce la propia OCDE, es legal en la mayoría de los casos. Es legal en muchos casos y no es nueva. De hecho, aprovecha los agujeros de un marco fiscal internacional desfasado cuya obsolescencia se ha hecho aún más evidente con el advenimiento de la economía digital. En este contexto, lo que empezó como un proyecto centrado únicamente en algunas prácticas "BEPS" muy delimitadas está camino de convertirse, impulsado por la propia lógica social, económica del asunto, en una reconstrucción completa del confuso y cambiante entramado de legislaciones que regula la fiscalidad internacional.