Antonio M. Simões Iglesias

Letrado del Tribunal de Cuentas


Antonio M. Simões Iglesias

Pedro Sánchez: auge y caída de un gobierno

Comenta

El pasado 2 de junio de 2018, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que en 2015 y 2016 fue candidato por ese partido, sin éxito, a la Presidencia del Gobierno, ganó, por primera vez en España, una moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy, resultando investido presidente gracias al apoyo, además del PSOE, de formaciones como Podemos, PNV, PDeCat, Compromís, ERC, Nueva Canarias y Bildu, con proyectos y ejecutoria política incompatibles entre sí en materias de tanta trascendencia como la estructura, organización y forma política de Estado, la sanidad, educación, empleo, empresa, familia, pensiones o política fiscal). A pesar de que Sánchez, durante el debate de la moción, ofreció la surrealista posibilidad de retirar la moción si Rajoy dimitía, oferta contraria al fin último y real de la moción, que es el relevo en la presidencia, este último no lo hizo. Rajoy, pocos días después, abandonó no solo la vida política, en un clima de máxima tensión y divergencia, sino también la dirección del PP, dejando a su partido inmerso, todavía hoy, en personales luchas internas por su control político y en una clamorosa crisis de identidad, avivada por el crecimiento no previsto de Vox y por la incómoda presencia de Ciudadanos, partido este último posicionado como aliado del PP en esa moción. La derrota parlamentaria del expresidente popular facilitó que Sánchez ocupara de forma automática su puesto, ocupación que asumió como un gran éxito y logro personal, en contraste con su reciente precariedad política que le llevó, en 2016, a dimitir como secretario general del partido y a renunciar a su condición de diputado.

Opinión

Responsabilidad de Estado frente a responsabilidad política

Comenta

España sufre desde hace años un clima exacerbado de irresponsabilidad política, fruto de los exclusivos intereses particulares de partido y de sus dirigentes, que ha desembocado en una escenificación de alternancia forzada mediante la moción de censura.

Antonio M. Simões Iglesias

21-D: ¿Legitimar España o la ruptura?

Comenta

Hace escasos dos meses, el presidente Mariano Rajoy convocaba elecciones autonómicas en Cataluña para el próximo 21 de diciembre, tan solo dos años después de las últimas celebradas, dejando en manos de los ciudadanos catalanes la decisión de tomar postura en un grave y no resuelto conflicto general mediante la elección popular de un nuevo Parlamento y, en consecuencia, de un nuevo Gobierno para dirigir los inciertos destinos de una parte importante del territorio español.

Opinión | A. M. Simoes Iglesias

La Cataluña imposible

Comenta

España se juega su futuro como Estado integral en la severa problemática, todavía no resuelta, de la autoconfiguración de Cataluña como república independiente. Los poderes públicos del Estado y sus responsables en todas sus vertientes legislativas, ejecutivas y judiciales conocen perfectamente la existencia de lo que ya se ha convertido en un conflicto político, económico y social que despliega de forma irracional todos sus tentáculos.

Antonio M. Simões Iglesias

El Tribunal de Cuentas y la corrupción

Comenta

La corrupción, definida, en el ámbito público, como un aprovechamiento privado, beneficio o enriquecimiento por parte de una autoridad pública o funcionario, prevaleciéndose de su posición y cargo, se ha convertido en una destructiva plaga que lejos de erradicarse se consolida en nuestra sociedad. No es un mal nuevo, pero sí un hábito muy extendido en España en los últimos lustros, que salpica a interminables responsables públicos de distinto color político. Se pueden citar, durante la época de gobierno de la UCD (1976-1982), asuntos tan graves como los de la venta fraudulenta del aceite de colza o Fidecaya; durante la primera etapa de mandato gubernamental del PSOE (1982-1996) su financiación ilegal, con el caso Flick, el caso Filesa, con un fraude estimado en 1990 de 7 millones de euros, el caso Guerra, caso Casinos-Ciu, caso Banca Catalana, caso Ibercorp, caso Urbanor- torres Kio, caso Sarasola, caso Cementerio, caso Gran Tibidabo, caso BOE o Salanueva, caso Expo'92, con pérdidas financieras de 200 millones de euros, caso Roldán, caso fondos reservados, caso Banesto, caso PSV-financiación ilegal de la UGT; durante la etapa del primer gobierno del PP (1996-2004), caso PP-Zamora, caso Pallerols-Unió Democratica, caso del Lino, condenándose al Estado a devolver 129 millones de euros, caso Villalonga-tráfico de influencias en Telefónica, caso Tabacalera, caso Forcem, caso Gescartera, con un impacto patrimonial de 50 millones de euros; etapa del segundo gobierno PSOE (2004-2011), caso Malaya o el saqueo de más de 500 millones de euros en el Ayuntamiento de Marbella, caso Gürtel-PP de Madrid y Valencia, con un impacto de 120 millones de euros, asunto Matas-PP balear, caso Pretoria- PSC y Ciu, caso Salayonga, caso de los ERE falsos, con estafa estimada de 140 millones de euros, caso Campeón, caso ITV, caso Palau, inicio caso Nóos y por último en los dos últimos gobiernos de PP (desde 2011) caso Emarsa-PP de Valencia y un impacto de 30 millones, caso Dívar-CGPJ, caso Bárcenas-caja B del PP, imponiéndose a este una fianza de 1,2 millones, caso Nóos con una estafa estimada de 16 millones, caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid, caso sobre la inviabilidad de Bankia, o caso Blesa-Rodrigo Rato, Operación Púnica-cúpula PP de Madrid, con un coste estimado de 250 millones en pagos y comisiones ilegales, la reciente presunta financiación ilegal en campañas del PP, según la UCO, el interminable asunto de la fortuna "ignorada" de la familia Pujol, estimada en centenares de millones de euros por la UDEF, o el "repentino" caso de la corrupción en el Canal Isabel II, el caso Lezo, con la detención del ex presidente autonómico madrileño González e investigados como el ex ministro Zaplana o Villar Mir, dueño del grupo del que forma parte Colonial, propietario del inmueble privado sede principal del arrendatario Tribunal de Cuentas, a razón de más de 1,5 millones de euros anuales en concepto de renta.

Opinión | A. M. Simoes Iglesias

Falta de reflejos de los poderes públicos

Comenta

Son muchos los intereses generales y particulares que concurren en el crónico conflicto entre los poderes públicos y los trabajadores del colectivo de los estibadores portuarios. El legislador español creó y configuró la singular figura de la "sociedad anónima de gestión de estibadores portuarios" (Sagep) con la pretensión de reformar el régimen jurídico de los estibadores portuarios. Con el vigente Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 septiembre, se ha derogado la normativa anterior (en concreto la Ley 33/2010, creadora de esa sociedad) pero se ha mantenido el modelo de gestión de la puesta a disposición de trabajadores portuarios por medio de esta misma sociedad. En efecto, esta norma es absolutamente rotunda al disponer expresamente que "en los puertos de interés general podrá constituirse una sociedad anónima mercantil privada que tendrá por objeto social la gestión de la puesta a disposición de sus accionistas de los trabajadores, por ella contratados, que dichos accionistas demanden para el desarrollo de las actividades y tareas del servicio portuario de manipulación de mercancías que no puedan realizarse con personal propio de su plantilla, como consecuencia de la irregularidad de la mano de obra necesaria para la realización de las actividades incluidas en dicho servicio portuario", siendo la denominación de cada Sociedad la que se establezca en los estatutos de la misma, "debiendo figurar en ella la expresión 'Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios' o las siglas Sagep".

Opinión

Tribunal de Cuentas: ¿urge su reforma?

Comenta

El Tribunal de Cuentas, a pesar de su larga Historia, más de 5 siglos desde su remoto precedente, la Contaduría Mayor de Cuentas, sigue siendo un gran desconocido para la inmensa mayoría de la población que no percibe con certeza si se trata de una institución vinculada al Gobierno, al Poder Judicial o al Parlamento, por lo que se hace imprescindible su difusión y conocimiento público, no solo por medio de su web, sino también por la transmisión eficaz de su realidad práctica.


© Copyright Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens | Ajustes de cookies