Opinión

Responsabilidad de Estado frente a responsabilidad política

Imagen: Dreamstime

España sufre desde hace años un clima exacerbado de irresponsabilidad política, fruto de los exclusivos intereses particulares de partido y de sus dirigentes, que ha desembocado en una escenificación de alternancia forzada mediante la moción de censura.

Desde 1978 se han discutido cuatro mociones de censura, dos en un margen de casi cuarenta años y las otras dos en menos de un año. La primera, en 1980, con la censura fracasada de Felipe González al Gobierno Suárez, discutiéndose entonces asuntos de peso político, como la reforma de la Administración, el empleo y la productividad, la cronología autonómica, el ejercicio eficaz de las libertades, la seguridad y la neutralidad internacional de España. La segunda, también fracasada, fue presentada por el grupo popular contra el Gobierno de González, en 1987, con un protagonista que no era diputado, Antonio Hernández Mancha, ante la permanente conflictividad social. La tercera, nuevamente fracasada, presentada por Podemos contra el Gobierno Rajoy y votada en junio de 2017, siete meses después de su investidura, el debate se centró en el tema de la corrupción y con el espectro del grave conflicto de la situación en Cataluña con simplistas posturas partidarias enfrentadas sobre la celebración o no de un referéndum.

La cuarta moción de censura debatida y votada hace escasas horas, presentada por otro no diputado, el renacido, veremos por cuanto tiempo, Pedro Sánchez, ha resultado exitosa por primera vez, con 180 votos a favor (PSOE, Podemos, PNV, PDeCat, Compromís, ERC, Nueva Canarias y Bildu), 169 en contra (PP, Ciudadanos, UPN y Foro) y una abstención (Coalición Canaria), por lo que el nuevo presidente asumirá el liderazgo de las tareas de Gobierno, irremediablemente condicionado por ese multicolor apoyo favorable recibido. Esta moción, centrada en la corrupción, surge con oportunidad e inmediatamente después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictara sentencia en el execrable caso Gürtel, con 29 condenados y con penas diversas de hasta 51 años (Correa), 37 años (Crespo) o 33 años (Bárcenas), con multas por más de 44 millones de euros, en la que considera que se cometieron delitos de asociación ilícita, fraude a la Administración Pública, cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exacciones ilegales o estafa procesal intentada. Frente a opiniones subjetivas de parte, que pretenden exonerar al PP, se condena a Ana Mato como partícipe a título lucrativo en la cuantía de 27.857 euros y al PP nacional, dirigido por Rajoy, formación a la que se le condena civilmente en 245.492 euros en cuanto partícipe a título lucrativo, al concurrir un enriquecimiento ilícito en perjuicio de los intereses del Estado, detectándose cantidades detraídas para pagar gastos electorales o similares o que fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada caja B del partido.

Lo que parecía imposible hace un año, el relevo de Gobierno, se ha hecho realidad, sin gran esfuerzo, en tiempo récord y propiciado por el PSOE, al que Rajoy hace escasas fechas consideraba leal frente al "aprovechategui" Rivera, todo ello consumado ya en contra del pronóstico y estrategia del Gobierno saliente, de su ya expresidente e incluso del aparato político del partido que lo sostenía. El ya expresidente y su Gobierno confiaban en su casi infalibilidad y en un viento siempre favorable, con el registro de un colchón de electorado poco complicado, que prefiere lo malo conocido, sin ni siquiera cambiarse de vestimenta para salir a jugar el partido más trascendental de su carrera política, algo que no solo tiene consecuencias para su futuro personal, sino también, y es lo más importante, para el rumbo y destino de la Nación. La estrategia de la autocomplacencia, de la pasividad, de la inejecución y de la ambigüedad, ofrecida sin el suficiente sentido y responsabilidad de Estado en asuntos notables de orden nacional (fortalecimiento y cohesión del Estado), territorial (fracaso estratégico de las elecciones del 21-D, huida de Puigdemont, salida de empresas de Cataluña, etc), social (precariedad laboral, paro juvenil, pensiones) o institucional (no se han abordado reformas necesarias de Órganos constitucionales como el Consejo General del poder Judicial, Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas, en especial respecto del sistema de elección de sus responsables máximos, política de aforamiento o limitación de mandatos) y manifestada desde 2011. Todas han sido muestras de una autosuficiencia e incluso soberbia, que ha tenido su surrealista colofón en la ausencia del expresidente en toda la tarde del primer día del debate en que se discutía su censura (durante horas en un bar-restaurante de postín, relativamente cerca del Congreso), para retornar al día siguiente, finalizados ya los debates, únicamente para aceptar en la tribuna su inevitable derrota parlamentaria.

Como consecuencia de la contienda por el poder político, exteriorizada con esta última moción de censura, se presentan otros elementos alarmantes de clara irresponsabilidad política que generan incertidumbre y gran desconfianza en el futuro inmediato de un país y de una sociedad, que asiste perpleja a esta lucha por gobernar. También a una acelerada mutación de mando político, sin ni siquiera haberse explicado con detalle y rigor el contenido del proyecto y políticas concretas que se pretenden llevar a cabo por el nuevo presidente.

En efecto, con esta moción hemos sido testigos de las hondas y serias diferencias que caracterizan a la clase política española, ciertamente diversa, pero con un sentido escaso o inapreciable de la consecución de fines generales o de interés público que incidan en la prosperidad real y seguridad de sus compatriotas. Se ha manifestado una crispación inaceptable en unos representantes políticos que veían de cerca la pérdida de influencia, de decisión o de privilegios de largos años a favor de otros, que se sentían estimulados e incluso reconciliados, como en el caso de Sánchez e Iglesias, orientando este último al candidato con mensajes de influencia, como que "no permita que los corruptos le humillen" o que tiene que "parecer presidenciable", posturas que en nada repercuten favorablemente a los intereses de cualquier persona de a pie. Se han producido serios enfrentamientos, incluso entre socios de Gobierno, como las severas críticas del portavoz del PP contra Cs, partido este que permitió su investidura, votó sí a sus presupuestos y en contra de la moción, se han recrudecido las reprimendas de Sánchez a este mismo partido, como si el censurado fuera un Gobierno de esa formación. Se han revelado incongruencias, como las del PNV, con un 1,5 por ciento de los escaños, que después de apoyar y legitimar unos presupuestos, su portavoz, Esteban, señalaba que defendían la moción porque así lo quería la ciudadanía vasca, marginando a los demás ciudadanos españoles y que se abriría ahora "un pin pan pun continuo", no "arrendándole las ganancias" a Sánchez, como si supiera que el proyecto a realizar resultará inviable, o el inquisidor proceder de ERC con alusiones a la exigencia ya de una República, o los amables guiños del resto de independentistas a retomar el asunto catalán.

La moción ganada por Sánchez y su nombramiento como nuevo presidente no se ha recibido a título gratuito, más bien todo lo contrario, dado el conglomerado de formaciones que han decidido respaldarle de forma automática para desalojar al PP. Estos socios ocasionales presentan visiones de la realidad española muy dispares que se antojan inviables en la práctica. Las profundas y asentadas diferencias de esas formaciones, ahora victoriosas, se manifiestan en casi todos los aspectos y órdenes de la disciplina política (estructura, organización y forma política de Estado), social (empleo, igualdad, género) económica y financiera (idea de empresa, economía pública o privada, política fiscal. Al instante del éxito de la moción, Podemos, PDeCat, Compromís, ERC y Bildu ya han presentado vetos a los Presupuestos) y en particular territorial (en especial respecto de Cataluña, con la desactivación del art. 155 o el planteamiento de nuevos proyectos soberanistas respecto del País Vasco, Navarra, Valencia o Baleares).

Es muy pronto para saber a ciencia cierta qué pasará en las próximas fechas y no se puede predecir qué va a ocurrir ni siquiera a corto plazo. La moción de censura en España tiene carácter continuista, por lo que el escenario de unas elecciones no se planteará en espacio temporal corto por el nuevo Ejecutivo, extremo, otro más, que será siempre negociado con los partidos que la han apoyado, a menos que la situación resulte insostenible. El país tiene un nuevo Gobierno, por primera vez surgido de una moción de censura, con lo que ahora, recién cortado el cordón umbilical del nuevo presidente, habrá que comprobar sus posibilidades de viabilidad, lo que demandará un muy cercano seguimiento de cada decisión o maniobra política, labor exigible a cada uno de los miembros, individuales y colectivos, que conforman la sociedad española, que han de estar muy atentos a lo que mejor les conviene como pueblo integrado en un Estado que ha de ser siempre responsable en la defensa exclusiva del interés general. En su momento, deberá manifestar su voluntad política, también responsable y bien formada, cuando sea convocado a un nuevo proceso electoral general.

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