Hace escasos dos meses, el presidente Mariano Rajoy convocaba elecciones autonómicas en Cataluña para el próximo 21 de diciembre, tan solo dos años después de las últimas celebradas, dejando en manos de los ciudadanos catalanes la decisión de tomar postura en un grave y no resuelto conflicto general mediante la elección popular de un nuevo Parlamento y, en consecuencia, de un nuevo Gobierno para dirigir los inciertos destinos de una parte importante del territorio español.
Contrasta esta rápida convocatoria con los antecedentes previos, concentrados en un lento, ambiguo, indefinido, complejo y farragoso proceso de actos políticos que han tenido trascendencia en la órbita pública y desde luego en la privada y que han incidido incluso en la imagen exterior del país.
El caótico e irregular referéndum del 1-O, la proclamación de la "república catalana", su inmediata suspensión, las surrealistas consultas del Gobierno español al entonces presidente Puigdemont acerca de si había o no proclamado la independencia, el desafiante aval de la mayoría del Parlamento catalán a esa nueva "república", asumida sin complejos frente a un soberano Estado monárquico no derogado, la aplicación del artículo 155 de la Constitución, con el cese de los miembros del Gobierno catalán -sin que el Ejecutivo nacional explicase cómo iba a efectuar el cumplimiento forzoso de las obligaciones infringidas o del interés general vulnerado o el mantenimiento intacto de la maquinaria mediática de las televisiones públicas catalanas- la detención de los Jordis, la huida a Bruselas de Puigdemont y su impacto internacional -con rueda de prensa en francés y algunas respuestas en inglés, sin contestación oficial mediática simultánea o inmediata del Gobierno español o de su embajador, en la que sin ningún pudor afirmaba que "el caos comenzó con la violencia el 1-O por parte del bando español" o que "la república catalana será un estado diferente"-, las sucesivas manifestaciones civiles, en especial en Madrid y en Barcelona frente al independentismo, la masiva salida del territorio catalán de notables empresas españolas y extranjeras, la exigencia de las correspondientes responsabilidades contables, de naturaleza civil, por parte del Tribunal de Cuentas a Artur Mas -incluido el embargo de su vivienda- y a otros miembros de su Gobierno por el referéndum del 9-N, la prisión preventiva incondicional de diversos exmiembros de la Generalitat por sedición, rebelión y malversación de fondos públicos, el no ingreso en prisión de Forcadell, que repentinamente se convirtió al constitucionalismo, la posterior puesta en libertad por el Supremo de alguno de esos consellers, manteniéndose la prisión únicamente respecto a los Jordis, personajes sin responsabilidad ejecutiva o legislativa alguna, pero con influencia en la propaganda visceral del pancatalanismo-defendidos con pasión desde el extranjero por Guardiola, implicado jugador de la Selección española y actual entrenador de uno de los equipos más ricos financieramente del mundo, con el escaparate y fuerza pública internacional que ello implica, sin réplica pública de ningún otro "español universal" que piensa todo lo contrario- de Forn y Junqueras, estos últimos, como en su día Granados, residentes en la cárcel madrileña de Estremera, que exigía al presidente Rajoy que asumiera los resultados de esas elecciones, de cuya convocatoria este presumía, son alguno de los elementos de gran conflicto -de ahí el dudoso momento electoral elegido- que van a influir en el voto a disputar en Cataluña, y que va a decidir o quizás no, si España se refuerza y legitima aún más como Nación indisoluble al amparo del artículo 2.1 de la Constitución, norma suprema del Estado y desde luego plenamente vigente; o si, por el contrario, las fuerzas políticas, perfectamente identificadas, que ya votaran aquella república, obtienen una legitimación popular en las urnas, ahora ya sí legalmente instaladas, para defender su autoproclamado derecho a la independencia.
Iniciada hace días la campaña electoral, sorprende que no se haya planteado públicamente, ni en sede parlamentaria ni en los medios de comunicación y opinión, cómo es posible que cesado el Gobierno catalán, el Gobierno español no haya ofrecido datos detallados o no se le hayan pedido explicaciones, en cuanto poder del Estado al servicio del interés general y además, ahora gestor y ejecutor de la política catalana, sobre cuál es la situación en Cataluña en materia de educación, sanidad, empleo, administración local, política social, seguridad, empresa e industria, cultura, medio ambiente o comunicaciones, y desde luego en el orden económico-financiero público, en especial en materia presupuestaria, déficit, endeudamiento o alguna información sobre el estado general de sus cuentas públicas, habida cuenta de que Cataluña recibe un amplio margen de financiación pública, por medio del estatal Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Por ejemplo, en 2016, 10.000 millones de euros, 3.000 millones más que la segunda Comunidad Autónoma favorecida por esta inyección dineraria, Valencia, y 6.000 millones más que Andalucía, tercera en este ranking, frente a los 457 millones de Cantabria o los mil millones de Aragón o Canarias.
Precisamente, dentro de esa financiación general, la partida más importante la recibe Cataluña por medio del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), dirigido por el Ministerio de Economía a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), y que implica la concesión de una línea de crédito por parte del ejecutivo español en el contexto de la crisis económica, de manera que sólo en el cuarto trimestre de 2017 Cataluña ya ha recibido 2.000 millones de euros, es decir el 31,7% del total a repartir. En todo el 2017, Cataluña ha recibido del FLA 7.300 millones de euros, un 33% del total distribuido entre las nueve Comunidades adheridas (Andalucía -la segunda receptora con 1.500 millones-, Valencia, Castilla-La Mancha, Baleares, Murcia, Extremadura, Cantabria y Aragón estas dos últimas con una percepción de 90 millones de euros).
Asimismo, los saldos a 31 de diciembre de 2016 de los préstamos concedidos a Cataluña alcanzaron los 50.000 millones de euros, 6.000 millones más que en 2015, frente a los saldos de Valencia (34.000 millones), Andalucía (22.000 millones), Castilla-La Mancha (9.000 millones) Murcia (6.000 millones) o la Rioja (apenas 270 millones).
Sobre estas cuentas y endeudamiento progresivo, el Gobierno indicará que serán objeto de la oportuna fiscalización, pero hasta que esta concluya, al ciudadano de a pie, por falta de control parlamentario, transparencia y adecuada comunicación oficial, le resultará imposible conocer bien la realidad sobre la que ahora le toca decidir con su voto. Las elecciones marcarán un antes y un después no solo en la vida y futuro de los que residen o tienen intereses personales o profesionales en Cataluña, sino también en el resto de quienes comparten el resto del territorio nacional.
Si con el 21-D se consolida y refuerza la legitimidad de la unidad de la Nación, el conflicto se aplazará un tiempo, instalándose una aparente calma, por lo que tendrá que implementarse una voluntad decidida de preservar y defender el actual Orden vigente. Si por el contrario la fuerzas independentistas logran un mayor número de escaños, estarán dotadas de una legitimidad popular de ruptura que pondrá en aprietos no solo al presente, sino también a futuros gobiernos de España, que se verán obligados a introducir hondas reformas constitucionales e incluso a modificar la actual estructura organizativa territorial, con modelos paralelos como la creación de estados asociados o incluso federaciones territoriales integradas en una apariencia de Estado unitario, en el que no tendrán más remedio que convivir comunidades y regiones de primer y segundo nivel. La tercera hipótesis es que nada cambie y no exista posibilidad real de formar Gobierno entre las distintas fuerzas partidarias que concurren en este proceso electoral convocado con "urgencia", lo que demostraría el fracaso del mismo, de forma que ya no se podrá trasladar el conflicto al criterio de los particulares, al menos en territorio catalán.
En este último supuesto, sería necesario un pronunciamiento general de todos los españoles acerca de un conflicto que ha crecido de forma progresiva en los últimos años y que nunca debió llegar tan lejos y del que son responsables aquellos que han sido elegidos y designados, y remunerados por ello, para dirigir la política nacional con total dedicación y competente desempeño, en aras de preservar el imperio de la Ley y la protección y defensa del interés general.
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