La polémica suscitada en los últimos días en torno a la fiscalidad energética está generando inquietud entre los ciudadanos. Por un lado, crea una confusión muy notable que impide comprender correctamente cuál es el impacto que tiene sobre el ciudadano de a pie, más aún conforme nos acercamos al final del año y aparecen, como cada ejercicio, las tradicionales subidas de tarifas y precios regulados, entre los que destacan las facturas de la luz y el gas. Y, por otro lado, aquéllos que deben acelerar la transición energética, como son los inversores, los agentes del sector y las instituciones públicas, que viven en un ambiente de incertidumbre que provoca titubeos y parálisis a la hora de tomar decisiones.