La Fiscalía ha solicitado la declaración de cuatro de los socios imputados del principal comisionista de la trama, Víctor de Aldama, ya detenidos por la Guardia Civil, por su posible participación en un delito de blanqueo de capitales y de integración en organización criminal. El ministerio público asegura, entre otras cosas, que éstos habrían "participado en el entramado utilizado por Aldama para ocultar sus bienes a través de la titularidad de empresas en territorio nacional y en el extranjero, concretamente, en Portugal"
Tras la publicación de este periódico sobre la trama de hidrocarburos de Aldama y la indagación del último informe realizado por el grupo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, surgen antecedentes de la red de sociedades pantalla que el comisionista de las mascarillas del 'caso Koldo' creó tanto desde Portugal como desde Madrid, para el blanqueo de capitales de origen "ilícito". Con la finalidad de evadir impuestos, efectuar el fraude financiero y el blanqueo de capitales, Aldama y sus socios dieron vida a un conglomerado de empresas ficticias para dificultar el control de sus millonarios movimientos.
En un auto al que ha tenido acceso este periódico, la Fiscalía solicita, en concreto, al Juzgado Central de Instrucción número 2 la declaración en calidad de investigados de Ignacio Díaz Tapia, Luis Alberto Escolano Marín, Cesar Moreno García, Javier Serrano Costumero y la secretaria del comisionista, María Piedad Losada Romo; todos ellos vinculados a la red empresarial del laboratorio Megalab, que resultó, además, adjudicataria de contratos para la realización de test PCR durante el estado de emergencia por la pandemia de la Covid-19. El ministerio, no obstante, pide también la declaración en calidad de testigos de, al menos, ocho agentes que realizaron el informe policial respecto a la investigación de la trama.
En paralelo, la Fiscalía requiere que el comandante Villalba, imputado en la causa, abone ante el Juzgado una fianza de 88.119 euros -una estimación de las cantidades que podría haber recibido- en el término de 15 días y, caso de no hacerlo, se proceda a la ejecución de los mandamientos a entidades bancarias solicitados en el informe policial. Villalba, según un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, dotaba a los implicados de móviles sin internet para evitar el rastreo, que, precisamente, fueron utilizados para desempeñar "labores profesionales para el Ministerio". Incluso, este comandante habría facilitado información que obraba en bases de datos policiales al exasesor del diputado José Luis Ábalos, Koldo García, de que por aquel entonces la Guardia Civil ya seguía la pista de la trama.
Cabe precisar, que, Díaz Tapia había contactado con el Ministerio de Sanidad, con Salvador Illa al frente, para conseguir que el Gobierno canario adjudicara en abril de 2020 a Soluciones de Gestión cuatro contratos de suministro de mascarillas por valor de 12,3 millones de euros. En este punto, la Fiscalía solicita que se le ha de imputar también un delito de cohecho por "su participación en los pagos realizados a otros investigados que desempeñaban funciones públicas, bien de forma directa o por medio de terceros".