Fundación La Caixa y Reale Seguros, los patrocinadores de la Cátedra de Begoña Gómez, han justificado ante el juez su apoyo a la misma por el respaldo de la Universidad Complutense. Es lo que han mantenido Marc Simón, subdirector general de la Fundación la Caixa, e Ignacio Mariscal, consejero delegado de Reale Seguros; que aunque financiaron la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva que codirige la esposa del Ejecutivo, han roto el acuerdo tras estallar el escándalo. Fuentes jurídicas han confirmado que los patrocinadores "no eran conscientes" de que Begoña Gómez no tenía titulación para codirigir la cátedra en la entidad académica.
En concreto, Reale Seguros y Fundación la Caixa aportaron 60.000 euros cada uno y Numintec, la empresa fundada por José María Torres, el actual presidente de Conpymes, la patronal impulsada desde el Gobierno para hacer frente a Cepyme, aportó otros 6.000 euros más.
A la espera del dictamen del Tribunal Superior de Justicia sobre las querellas presentadas contra el magistrado Juan Carlos Peinado, el juez ha reanudado este lunes la causa contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con cuatro testificales. El magistrado ha exigido a las acusaciones particulares mantener silencio respecto a tales comparecencias días después de que él mismo filtrase la declaración del Ejecutivo a las partes denunciantes.
Cabe recordar, que la huida de los patrocinadores forzó ya el pasado mes de junio a Begoña Gómez a suspender el programa. Además de Reales y Fundación La Caixa, retiraron también su apoyo Telefónica, Indra, Google y la Cámara de España, entre otros. En el convenio de colaboración entre la Complutense y Fundación La Caixa y Reale, se establecía ya un protocolo de prevención de posibles delitos que posibilitaba la retirada de los patrocinios.
Por otro lado, han comparecido ante Peinado el consejero delegado del Grupo Barrabés, Luis Miguel Ciprés, adjudicatario de una serie de contratos públicos, algunos de ellos remitidos a la Fiscalía europea. En paralelo y bajo una pieza separada dentro de la causa para mantener las diligencias bajo secreto sumarial, este viernes la UCO registraba la vivienda y una de las empresas de Carlos Barrabés, también bajo la calidad de "investigado", para dilucidar datos que amparen el delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
En concreto, se ordenó la recopilación de documentos relacionados con contratos adjudicados a la empresa Innova Next, propiedad de Barrabés, quien presento dos cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez a un concurso de Red.es, un ente dependiente entonces del Ministerio de Economía, y terminó ganando los contratos por más de 10 millones de euros gracias a la valoración subjetiva del adjudicador.
El 'nerviosismo' de Leticia Lauffer
Leticia Lauffer, consejera delegada de Wakalua, filial de Globalia -propietaria de Air Europa-, ha sido la primera en comparecer ante el magistrado 40 minutos después de lo previsto. Entre otras cuestiones, Lauffer ha tenido que responder a cómo funcionaba su relación con Begoña Gómez, aunque ya negó en la causa de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' haber sido el nexo para facilitar el rescate de Air Europa en la era pandémica por sus vínculos con la esposa de Sánchez. Si bien, según fuentes jurídicas, se ha mostrado visiblemente nerviosa ante Peinado.
De hecho, este asunto fue denunciado en la querella presentada por Manos Limpias -ahora, acusación particular en el procedimiento judicial-, donde se expuso la relación de Gómez con el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, propietaria de Air Europa, con quien mantuvo un fluido contacto mientras se fraguaba el citado rescate de la entidad por 475 millones de euros.
Además, la aerolínea pactó presuntamente pagar 40.000 euros al año al Africa Center del Instituto Empresa que contrató a Gómez. Así, Peinado solicitó a la UCO la revisión de la totalidad de la documentación referida al SEPI sobre el cuestionado rescate.
Pese a que las acusaciones particulares han guardado silencio ante lo ocurrido en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Marta Castro, coordinadora jurídica de Vox, ha apuntado que salen "contentos" para la continuidad de la causa, así como que hay que "analizar la documentación y esperar a los informes de la UCO". Por su parte, Jorge Buxadé, diputado al parlamento europeo del partido de Santiago Abascal, ha señalado que los "intereses políticos de Sánchez son socavar el poder constitucional", además de que "utiliza la Abogacía del Estado para protegerse a sí mismo".