El juez que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) información sobre el rescate a Air Europa.
En un auto, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid libra oficio a la empresa pública para que aporte documentación relativa a las ayudas otorgadas a la aerolínea por el fondo de solvencia a empresas estratégicas.
En concreto, reclama "los expedientes completos por los que se otorgaron las ayudas, en cualquiera de sus fases, así como la documentación e información que, en relación a los mismos, permitan conocer su inicio, desarrollo, ejecución, financiación y toma de decisiones al respecto".
El juez también pide a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que elabore un informe pericial para "contribuir al esclarecimiento de los hechos objeto de investigación". Encarga un informe sobre "los contratos objeto de la investigación y sobre las posibles irregularidades en las fases de preparación, licitación, adjudicación y ejecución, tanto de manera directa como en UTE, a la sociedad Innova Next SLU".
Gómez critica al juez
Por otro lado, la defensa de Begoña Gómez ha acusado al juez de realizar una investigación "prospectiva" y le recuerda que el Tribunal Supremo ya advirtió en sentencias de hace 24 años de que en el derecho penal moderno se ha desterrado la "inquisición general". Así lo explica en un escrito en el que recurre la decisión del juez que la investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios de citar como testigo al rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache.
Su abogado, Antonio Camacho, recuerda al juez que los investigados tienen derecho a ser informados desde el inicio de la causa "de los hechos que han determinado su incoación y las razones de su implicación". Apunta que a lo largo del procedimiento, y después de que la Fiscalía Europea se quedara con la parte de la investigación que atañe a los contratos de Red.es que fueron adjudicados a una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés, ha pedido "de forma reiterada" al instructor que aclarara cuáles era los hechos concretos. Camacho añade que esto es lo que motivó que presentara un recurso de reforma exigiendo ser informado de esos hechos por los que se sigue la causa en ese Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, y que por tanto, hasta que no se despeje esa incógnita "es incomprensible la citación" de Goyache que "en absoluto está relacionado con los hechos".
