Begoña Gómez se ha negado a declarar este viernes en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ante el juez, Juan Carlos Peinado, que le investiga por un presunto delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en sus negocios, tal y como adelantó este periódico. La mujer del ejecutivo, Pedro Sánchez, asegura no conocer el contenido explícito de una de las querellas pertenecientes a las acusaciones particulares, de modo que el magistrado ha suspendido la comparecencia, citándola nuevamente para el próximo 19 de julio.
Gómez entraba sobre las 10:18 horas a los juzgados de Plaza de Castilla por el garaje del edificio tras ser autorizado por la decana de los juzgados por motivos de seguridad. Fue este miércoles, cuando en un acuerdo gubernativo dictado por la decana de los jueces de la capital, expusieron que existía "riesgo para la integridad física" de ésta y, por tanto, que podría beneficiarse de su calidad como 'poder público' para evitar altercados mayores en su entrada a la declaración judicial.
Al inicio de su comparecencia, la mujer del ejecutivo declaraba que no conoce el contenido explícito de la querella de la asociación ultracatólica Hazte Oír, por la cual se le prestaba declaración, ni si quiera los motivos exactos de su acusación. Así, se hacía un receso en el procedimiento para que la imputada leyera los términos de la acusación y sus derechos en calidad de investigada y, tras su regreso ante la comparecencia, Peinado suspendía la citación. De este modo, Gómez no ha respondido a si utilizó su influencia como primera dama para su lucro personal en las actividades empresariales, que dirigía desde la Universidad Complutense, aunque tendrá que hacerlo el próximo 19 de julio.
Cabe recordar que, desde este mismo periódico, se apuntó el pasado 28 de junio, que la investigada no declararía ante Peinado, dado que desde su defensa insistieron en que la parte dispositiva de la resolución "no es clara" e, incluso, acusaron al magistrado de llevar a cabo una investigación "prospectiva". Ante esta situación, Gómez se ha acogido al artículo 24 de la Constitución Española de 1978, que recoge el derecho a no declarar de cualquier ciudadano de la sociedad española, así como sienta las bases como calidad de disposición constitucional para la protección del individuo en el contexto penal.
Begoña citó a Goyache en la Moncloa para activar la Cátedra
Por otro lado, y pese a que el letrado de la acusada ha solicitado que también se suspendiera la comparecencia del rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache -quien por su calidad de testigo está obligado por la legislación operativa a comparecer ante el Juzgado-, el magistrado le ha tomado declaración.
Goyache ha asegurado que la secretaria de Gómez se puso en contacto con él -con fines de establecer una colaboración conjunta- para que éste acudiera a la Moncloa y, así tratar el asunto respectivo a su cátedra y la dirección del máster que lidera en la entidad pública. Más aún, a pesar de que la citada reunión se llevó a cabo en la residencia del ejecutivo, el rector ha confirmado que Pedro Sánchez no participó en la misma.
Hay, además, en declaraciones del rector, un informe completo que detalla, conforme a las normas de la Complutense, que la Cátedra dirigida por Gómez discurre con "independencia económica", según fuentes jurídicas. En este sentido, esta declaración no es coincidente con los documentos dispuestos en los autos, donde se recoge "el presupuesto del software y cómo se pagaron 60.000 euros a esta partida".
Cabe aquí resaltar, el escrito emitido este miércoles, donde se recogía que la esposa del presidente adjudicó de forma "irregular" la contratación de Making Science, responsable de la prestación de servicios de desarrollo de la plataforma de Transformación Social Competitiva, que Indra, Telefónica y Google crearon 'aparentemente' gratis para la ejecución de la titulación académica.
En el citado documento, aseguran que Gómez no llevó a cabo los procedimientos constitucionales necesarios y de obligado cumplimiento, con respecto a la adjudicación del contrato, ni aquellos correspondientes a la gerencia de la entidad universitaria.
La postura de Vox
Quien sí ha decidido comparecer, al menos, ante los medios de comunicación, ha sido el diputado al parlamento europeo en representación de Vox, Jorge Buxadé. Desde el partido dirigido por Santiago Abascal han querido hacer espacial énfasis en que "Begoña se niega a dar explicaciones al juez y a los españoles, que tienen todo el derecho a conocer su opinión y su posición, respecto los hechos que se están denunciado".
Asimismo, Buxadé ha considerado que, a pesar de que desde el citado partido político respetan el hecho de que Gómez se haya acogido a su derecho de permanecer en silencio ante el magistrado, consideran que ésta "no puede ser tratada -como ha sido- de forma diferente con un privilegio, respecto del resto de los españoles que tienen que acudir a declarar ante un juez de instrucción".
Incluso, ha señalado su incomprensión, atendiendo a las "medidas de seguridad, opacidad y falta de transparencia", comparando el caso judicial con los procesos judiciales correspondientes a la Casa Real, apelando que estas valoraciones no se vieron en éstos. Más aún, ha calificado de "circo mediático" y "falta de respeto evidente al juez, al poder judicial, a las acusaciones personadas en la causa y a todos los españoles", la actuación de la mujer del ejecutivo: "Lo hace porque está envalentonada por la condición política de su marido".
Más aún, ha apuntado que la legislatura de Sánchez no es más que una "autocracia", vislumbrada también "en el ámbito judicial, con el sometimiento de periodistas y abogados a los caprichos de la señora Gómez". Así, Buxadé ha recalcado la insistencia de Vox en el procedimiento judicial como acusación particular.
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