Begoña Gómez declarará este viernes a partir de las 10:00 h en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ante el juez, Juan Carlos Peinado, que le investiga por un presunto delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en sus negocios.
La mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez acude a los juzgados de Plaza de Castilla por el garaje del edificio tras ser autorizado por la decana de los juzgados por motivos de seguridad. Fue este miércoles, cuando en un acuerdo gubernativo dictado por la decana de los jueces de la capital, expusieron que existía "riesgo para la integridad física" de Gómez y, por tanto, que podría beneficiarse de su calidad como 'poder público' para evitar altercados mayores en su entrada a la declaración judicial.
Más aún, posteriormente, el letrado de la investigada, el exministro del Interior Antonio Camacho, solicitó que los testimonios de ésta fuesen grabados únicamente en audio y no en vídeo, dada su "relevancia pública". En este sentido, Camacho expuso que su petición no era inusual e insistió en que era una práctica habitual para "evitar un uso inadecuado de las imágenes que son captadas a los solos efectos de la documentación de una diligencia judicial, pero que no deben ser utilizadas para ser difundidas en medios de comunicación pública", en aras de proteger su derecho a la intimidad.
Gómez tendrá que responder, entre otras cuestiones, a si utilizó su influencia como primera dama para su lucro personal en las actividades empresariales, que dirigía desde la universidad pública.
Pese a que, desde la defensa de la investigada insistieron en que la parte dispositiva de la citada resolución "no es clara" -pues la Audiencia Provincial de Madrid indicó en su auto de respuesta a la Fiscalía, que solicitaba el archivo de las actuaciones, que de los tres bloques de hechos que se mencionaban en la denuncia de Manos Limpias, se estimaba que solo existía una base probatoria suficiente para investigar los hechos relativos a la adjudicación de los contratos por parte de Red.es-, la mujer del presidente tendrá que comparecer frente a Peinado.
Más aún, el juez tramitó un auto que daba respuesta a la presentación de recurso por parte de la defensa y, de igual forma, a la Fiscalía, donde hacía hincapié en que "los hechos objeto de investigación son todos los actos, conductas y comportamientos, que se han llevado a cabo por la investigada, desde que su esposo es presidente del gobierno de España".
Asimismo, el magistrado tomará declaración en calidad de testigo al rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache. Cabe recordar que, este miércoles, desde la entidad pública emitieron un escrito, donde se recogía que la esposa del presidente adjudicó la contratación de Making Science, por la prestación de servicios de desarrollo de la plataforma de Transformación Social Competitiva, de forma "irregular" sin pasar por los procedimientos legislativos de obligado cumplimiento ni aquellos correspondientes a la gerencia de la entidad.
Es decir, quisieron exponer que al menos una de las adjudicaciones de la directora de la Cátedra se hizo de "forma verbal" y con "inobservancia absoluta" del reglamento correspondiente; en concreto, del artículo 36.2 de las Normas de Ejecución del Presupuesto de la UCM.
Sobre esto, se pronunciaron desde la consultoría prestadora de los servicios de desarrollo de la plataforma para establecer que su participación siguió "el procedimiento estándar y riguroso" que aplican a todos sus proyectos: "Un proceso que incluye la definición de requisitos, presentación de una propuesta, aprobación de la misma, ejecución del servicio y, finalmente, su facturación y cobro". Más aún, apuntaron que la compañía "desconoce cuáles son los procesos de aprobación y adjudicación de la UCM y si, en este caso, fueron o no los apropiados", declaran fuentes de la citada compañía a este periódico.
¿Por qué se investiga a Begoña Gómez?
El proceso de investigación comenzó con una querella, presentada por Manos Limpias -ahora, acusación particular en el procedimiento judicial- donde se incluían tres vías distintas de ámbito de investigación: por un lado, su relación con el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, propietaria de Air Europa, por el rescate económico durante la pandemia de la COVID-19, en el cual se investiga la presunta implicación de Begoña; quien, mantuvo un fluido contacto con Hidalgo, mientras se fraguaba el citado rescate de la entidad por 475 millones de euros.
Además, la aerolínea pactó presuntamente pagar 40.000 euros al año al Africa Center del Instituto Empresa que contrató a Gómez. Así, Peinado, solicitó a la UCO la revisión de la totalidad de la documentación referida al SEPI sobre el cuestionado rescate.
Por otro lado, las adjudicaciones y las dos cartas de recomendación que Begoña firmó en 2020 para una UTE participada por el empresario Juan Carlos Barrabés, solicitante de una financiación pública que, finalmente, consiguió; la principal línea de investigación del juez peinado. Es decir, Barrabés presento dichas cartas a un concurso de Red.es, un ente dependiente entonces del Ministerio de Economía, y terminó ganando los contratos por más de 10 millones de euros gracias a la valoración subjetivo del adjudicador. Claro que también cabe precisar, que el empresario fue el diseñador de uno de los másteres que la mujer de Sánchez dirigía. Además, participó en el lanzamiento de Wakalua, el hub de turismo lanzado por la matriz de Air Europa que patrocinó actividades de la primera dama; parte de la investigación correspondiente a la Fiscalía Europea, dada la procedencia de la financiación -pues, contaban con fondos europeos-.
Por último, su labor como codirectora de dos másteres en la Universidad Complutense y la utilización del software de Transformación Social, proporcionado por Making Science, y que Indra, Telefónica y Google crearon 'aparentemente' gratis para la ejecución de la titulación académica. Además, Begoña terminó registrando la aplicación en el Registro Mercantil a su nombre, y tiene la totalidad de la empresa que ofrece este software.
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