Begoña Gómez se resiste a declarar ante el juez el próximo 5 de julio

Begoña Gómez se resiste a declarar el próximo 5 de julio ante el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que le investiga por un presunto delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en sus negocios, según fuentes jurídicas consultadas por este periódico.

Más aún, la defensa de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusó este martes a Peinado de realizar una investigación "prospectiva" y le recordó que el Tribunal Supremo ya advirtió en sentencias de hace 24 años de que en el derecho penal moderno se ha desterrado la "inquisición general".

Ante esta situación, la investigada podría ejercer su derecho a no declarar, recogido en el artículo 24 de la Constitución Española de 1978, que sienta las bases como calidad de disposición constitucional para la protección del individuo en el contexto penal. Cabe recordar que, el letrado de Begoña, el exministro del Interior Antonio Camacho, solicitó al juez que aclarase los hechos y asuntos que conformaban la causa de investigación.

En este sentido, desde la defensa de la investigada, recordaron que la Audiencia Provincial de Madrid indicó en su auto de respuesta a la Fiscalía, que solicitaba el archivo de las actuaciones, que de los tres bloques de hechos que se mencionaban en la denuncia de Manos Limpias, se estimaba que solo existía una base probatoria suficiente para investigar los hechos relativos a la adjudicación de los contratos por parte de Red.es. Así, Camacho insistió en que la parte dispositiva de la citada resolución "no es clara". Por tanto, Begoña podría decantarse por mantener silencio ante el juez.

Actuación de Vox

Por otro lado, cabe mencionar que Pilar Hidalgo López, Procuradora de los Tribunales, y bajo la dirección letrada de Marta Castro, en representación de VOX, ha presentado un escrito de "impugnación y oposición a los recursos de reforma planteados por el Ministerio Fiscal frente a las resoluciones de 16 de junio y de 17 de junio" ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid para evitar que la instrucción siga en el mismo.

En concreto, desde Vox impugnan lo descrito por el Fiscal que establece, con respecto a la resolución de la Audiencia provincial, "la delimitación de la investigación que, con la ahora solicitada intervención de la Fiscalía Europea, no quedarían actos bajo la competencia y jurisdicción del juzgado para su investigación".

Sin embargo, desde el partido político dirigido por Santiago Abascal defienden que están ejerciendo su derecho constitucional para defender "el posicionamiento justo". Así, refutan tal razonamiento porque "con posterioridad a la presentación de la denuncia y del recurso correspondiente del ministerio Fiscal, se unieron al procedimiento otra de las acusaciones populares, Asociación Hazte Oír, con la presentación de un escrito de querella", donde los hechos quedaban ampliados y se aportaban evidencias diferentes de los presentados por Manos Limpias, sobre los que, "de ninguna forma puede resultar afectados por la resolución de la Audiencia Provincial al no haberlo tenido en cuenta".

En el escrito, VOX añade que la delimitación necesaria del proceso penal, de conformidad con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se produce "mucho más avanzado" el proceso de indagación. Así lo expone el auto de transformación del artículo 779, que establece que la delimitación del ámbito de investigación ha de producirse "después de la práctica de las diligencias que se han considerado necesarias". Sin embargo, según fuentes de VOX, "en este momento procesal resulta muy prematura la delimitación que pretende el Ministerio fiscal, cuando todas las diligencias acordadas están pendiente de practicar y además aún hay pendiente de resolver y a decisión de SSª muchas otras solicitadas".

Caso 'Koldo'

VOX, además, ha remitido unas 375 diligencias, que aún se encuentran en tramitación, y entre las que está la relacionada con la plataforma gratuita de la Universidad Complutense y la referente al 'caso Koldo', la trama de corrupción, dilucida el pasado mes de marzo, que englobaba la investigación del cobro de presuntas comisiones ilegales, relacionadas con contratos millonarios para la compra de mascarillas durante la pandemia del COVID-19. El partido político denunció ante la OLAF esta trama de corrupción, que fue elevada a la Fiscalía Europea al apreciar "indicios de criminalidad".

Sin embargo, este martes, el juez Ismael Moreno, que instruye en la Audiencia Nacional el caso en cuestión, en la que también VOX está personado como acusación particular, rechazó transferir la causa a la Fiscalía Europea. De manera que, actualmente, la investigación se encuentra parada hasta que intervenga el Tribunal Supremo y establezca qué Juzgado debe dictaminar la sentencia. En cualquier caso, se dirima en Madrid o en Luxemburgo, "VOX lidera la lucha contra la corrupción socialista y la fiscalización de las presuntas irregularidades del ejecutivo".

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