Valencia
El que ha sido presidente valenciano durante los últimos ocho años al frente de un gobierno de coalición de izquierdas, el socialista Ximo Puig, mantendrá algunos de los privilegios ligados a ese puesto con cargo a las arcas públicas, en concreto un conductor y un asesor.
El ya expresidente se ha acogido a la ley del Estatuto de expresidentes de la Generalitat Valenciana, según recoge una resolución de Presidencia por la que se nombra a dos personas como personal eventual a propuesta del antecesor del popular Carlos Mazón.
El nombramiento del asesor y del conductor tiene efectos desde el 16 de julio, según recoge la resolución fechada el 17 de julio firmada por el subsecretario de Presidencia de la Generalitat en funciones y que el Diari Oficial de la Generalitat ha publicado hoy.
De esta forma Puig se acoge a la ley del Estatuto de expresidents aprobada en 2022, una norma que los socios del Botànic aprobaron tras las polémicas por los derechos que mantenían algunos de los expresidentes populares, principalmente Francisco Camps, que habían sido imputados en distintos casos de corrupción.
Esa norma establece que el Consell pondrá a disposición de estos los medios necesarios para el sostenimiento de una oficina de apoyo, que contará con dos puestos de trabajo con funciones de asesoramiento y una plaza de conductor, cubiertos a propuesta del expresident y dependientes orgánicamente de Presidencia.
Como asesor, el expresident Puig contará con Francisco Cerdá, quien desde agosto de 2019 ha desarrollado las funciones de asesor en Presidencia durante el segundo mandato del dirigente socialista en el Palau de la Generalitat.
El futuro de Puig
El Estatuto también incluye un puesto en el Consell Jurídic Consultiu, que Puig no ocupará al mantenerse como diputado autonómico y próximamente senador por elección de les Corts Valencianes, según informa Efe.
Hasta ahora el expresidente valenciano ha mostrado su disposición a seguir al frente del PSPV y de la oposición al nuevo Gobierno, aunque todo apunta que se trata de una solución provisional hasta las elecciones y que también estará condicionada por el resultados de las generales y lo que suceda tras las mismas en el propio PSOE y la federación valenciana.
