La Generalitat ha ejecutado este miércoles la decisión que anunció en mayo: la resolución anticipada de la concesión de la autovía C-25 o Eix Transversal con efectos desde 1 de enero de 2023. Lo ha hecho mediante el pago a Cedinsa de 479,3 millones de euros procedentes de remanentes de tesorería de las arcas de la administración catalana, según han informado fuentes de la Consejería de Economía.
Con esta operación, el Govern espera conseguir un ahorro neto de 781,5 millones de euros hasta 2040, que era la fecha prevista de fin del contrato. Esta cifra, a precios corrientes (sin tener en cuenta la inflación), supone el mayor ahorro conseguido por la Generalitat en la última década, según el Ejecutivo catalán, que con ello calcula que dispondrá de 46 millones anuales adicionales para políticas públicas, una vez descontados los gastos de mantenimiento y gestión que supondrá asumir el control de la vía (de unos 15,5 millones al año).
La Generalitat incide en que la C-25 es rentable. Con un recorrido de 154 kilómetros entre las provincias de Lleida y Girona, mediante la concesión actual, rubricada en 2010, funcionaba a través de un sistema de peaje en la sombra.
Para calcular el ahorro neto de 781,5 millones se han comparado, por un lado, los pagos estimados por peaje en la sombra que la Generalitat debería haber realizado a la concesionaria entre 2023 y 2040 según las previsiones de tráfico y los términos del contrato y, por otro, el pago del precio de 479,3 millones y los costes que deberá asumir la Generalitat para la conservación de la autovía y las reinversiones necesarias para mantenerla en perfecto estado.
Reducción de la deuda
Cuando el Ejecutivo autonómico anunció su intención de finiquitar el contrato este año, aprovechando una opción recogida en los pliegos (con ventanas de oportunidad en 2017, 2022 y 2027), barajaba la posibilidad de financiar la operación mediante endeudamiento, ya fuese bancario o del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), pero finalmente ha optado por aprovechar la mayor disponibilidad de caja actual, a la que ha contribuido el incremento de la recaudación fiscal, según ha reconocido la consejera de Economía, Natàlia Mas.
Ello permitirá a efectos contables reducir la deuda en 354 millones en las cuentas de este año 2022, mientras que los 125 millones restantes se computarán como inversión.
En cualquier caso, Cedinsa está en desacuerdo con esta resolución anticipada de la concesión, que considera que no reportará ahorros a las arcas públicas, y ha llevado a los tribunales dos demandas contra el sistema de pago por parte de la Generalitat, ya sea a través de recursos externos o propios.
También está pendiente de ser admitida a trámite en los juzgados una tercera demanda de Cedinsa sobre un crédito participativo de 50 millones de euros vinculado a la concesión y formalizado en 2010, del que queda un saldo vivo de unos 30 millones, según el Govern, que lo da ahora por finiquitado.
Cedinsa está participada en un 93% por el fondo Vauban Infrastructure Partners (Natixis), en un 4,5% por Comsa y en un 2,45% por Copisa.
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