Infraestructuras y Servicios

Abertis demanda a la Generalitat: reclama 460 millones en los tribunales por el fin de los peajes

  • El 'Govern' solo reconoce el pago de 94 millones de euros por las autopistas C-31/C-32 y C-33
  • Las diferencias se remontan a la revisión del contrato en 2010 y las expectativas de tráfico
Jos? Aljaro, consejero delegado de Abertis. EE
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Abertis suma un nuevo conflicto con las administraciones españolas por la retirada de los peajes. Si la compañía ya está enfrentada con el Gobierno por el fin de la concesión de la AP-7 y la AP-2, ahora ha presentado un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra la Generalitat por la indemnización a percibir con la conclusión del contrato de gestión de la C-31/C-32 y la C-33. Pide 460 millones, pero el Govern solo admite el pago de 94 millones, por lo que ha llevado el enfrentamiento a los tribunales tras no fructificar la negociación ni la vía administrativa.

La empresa controlada por la italiana Atlantia y ACS hace más de un año que trata de acordar con el Ejecutivo catalán la compensación, derivada del levantamiento de los peajes el 31 de agosto de 2021. Después de presentar una reclamación administrativa el pasado otoño, la sociedad ha decidido recientemente tomar la vía judicial al confirmarse la negativa de la Generalitat a satisfacer sus peticiones. Las diferencias entre ambas posturas alcanzan los 366,14 millones de euros.

De este modo, la compañía de infraestructuras eleva el tono del conflicto al no obtener la respuesta esperada de la autoridad. En diciembre, el departamento de Territorio y Políticas Digitales recibió autorización para desembolsar los 94 millones que, considera, le tocan a Invicat –filial de Abertis– como compensación. El dinero se abonó el 18 de enero, explican fuentes de la administración a elEconomista.es.

Pese a las quejas de la organización, la Generalitat prosiguió como si nada. El pasado mes de junio, el Govern acordó la liquidación económica final de la concesión. Una vez realizado el pago de enero, consideró que no quedaba ninguna deuda pendiente, por lo que dio carpetazo a la operación sin considerar liquidación adicional alguna.

El origen del conflicto se remonta a 2010 con los trabajos de mejora hechos por Abertis en la C-32

Pero la compañía dirigida por José Aljaro no pierde la esperanza de cobrar la indemnización completa a pesar de unas diferencias que se remontan a hace más de diez años. De ahí la presentación del recurso contencioso administrativo ante la justicia catalana. El origen del conflicto está en los trabajos de mejora acometidos en la C-32 a la altura de la comarca del Maresme a partir de 2010, por los que la empresa pide 431 millones de euros. El acuerdo al que llegaron con el Gobierno del Tripartito (PSC-ERC-ICV) implicaba que la concesionaria se hacía cargo del coste de las obras en el momento a cambio de una compensación al final del contrato si no se cumplían las expectativas de tráfico previstas, cifras a las que no se llegó por la lenta recuperación de la crisis económica. La Generalitat considera que solo debe abonar 65,78 millones tras realizar sus propios cálculos, que reducen el impacto de la caída de la actividad.

Sí hay acuerdo, en cambio, en la reparación por las revisiones del contrato hechas en 2013 y 2015, por las que el Govern pagará otros 28 millones de euros a Invicat, creada en 2010 por Abertis para segregar de Acesa –la gran concesionaria de autopistas de la compañía– las carreteras propiedad de la administración catalana. Gestionaba hasta el verano de 2021 la C-31/C-32 entre Montgat y Palafolls y la C-33 entre Barcelona y Montmeló.

El conflicto por ambas carreteras es el segundo que la Generalitat mantiene con una concesionaria en seis meses. El pasado mayo, el Departamento de Economía que dirige Jaume Giró anunció su voluntad de liquidar la adjudicación del Eix Transversal y cancelar el contrato con Cedinsa –controlada por el fondo francés Vauban Infraestructure Partners– para gestionar directamente el tramo de la carretera C-25 entre las localidades de Cervera y Caldes de Malavella.

El Ejecutivo catalán tomó la decisión contra la voluntad de la empresa, a la que pagará 482 millones de euros. El convenio firmado en 2007 permitía revertir la concesión a los 15 años, por lo que la vía pasará a las manos del Ejecutivo catalán el 1 de enero de 2023. Según los cálculos de la consejería, con esta decisión se ahorrarán 810 millones. Unas cifras que no comparten desde la operadora. Dicen que están basada en unos volúmenes de tráfico que no se alcanzaron jamás después de la crisis económica.

El paralelismo con el enfrentamiento entre Abertis y el Gobierno por la AP-7

La batalla de Abertis con la Generalitat se produce en paralelo al enfrentamiento mantenido con el Gobierno central por el fin de los peajes en la AP-7 y la AP-2. Empresa y administración también discrepan sobre la indemnización a percibir por el levantamiento de las barreras: el Estado considera que la compensación debe ser de 1.070 millones mientras que la empresa solicita más de 5.000 millones.

Las diferencias se remontan a 2006, cuando se acordó prolongar la duración del convenio a cambio de realizar una serie de mejoras sobre las vías y se acordaron una serie de clásulas sobre expectativas de tráfico. Con la crisis de 2008, el número de vehículos fue muy inferior al previsto. Ya en 2011, Ana Pastor, entonces ministra de Fomento, judicializó el caso.

Tras años de calma tensa, un Consejo de Ministros celebrado en julio de 2017 acordó reinterpretar el convenio para que no se abonase la compensación prevista por la caída de la actividad. Abertis interpuso varios recursos que llegaron al Tribunal Supremo. Y aquí surge la disparidad de criterios: la compañía dice que no se pronunció y que dejó a las partes la responsabilidad de llegar a un pacto, pero el Ejecutivo defendió que las exigencias de la compañía se desestimaron. "Las demandas han sido desestimadas por lo que se aplica el Acuerdo de Interpretación aprobado por el Consejo de Ministros, no abonándose la compensación derivada de la caída de tráfico por la crisis", explicaron en repetidas ocasiones desde el Ministerio de Transportes.

Desde entonces, el departamento que dirige Raquel Sánchez se ha negado a moverse de los 1.070 millones ya abonados a la organización: 505,5 millones corresponden a la inversión ejecutada, 143,5 millones son debidos al efecto impositivo, y el resto a la capitalización del saldo de compensación.

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