Opinión

El árbitro y la arbitrariedad

  • El IRPF fracasa como impuesto y se convierte en un atracador para los asalariados
Edificio de la Agencia Tributaria
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Desde hace demasiados años la Agencia Tributaria, bajo el ministro de Hacienda, viene tratando a los españoles con arbitrariedad, es decir, a patadas. Ahí, entre millones, están los casos del hoy entrenador Xabi Alonso, que no se arrugó y acabó ganando en los tribunales a sus perseguidores. En sentido contrario, el caso del actor Imanol Arias, que para evitar ir al juzgado llegó a un acuerdo con los perseguidores, que le soplaron un buen pellizco de sus ganancias que había obtenido trabajando honradamente. Y yo me pregunto: ¿en el caso de Xabi Alonso se ha exigido a los perdedores alguna compensación económica? Pues no, de sus bolsillos no ha salido un solo euro.

"Somos legión los que iremos a bailar sobre su tumba", se escuchó una vez comentar entre dientes a una persona pública sancionada y perseguida por la Agencia Tributaria. Como ha escrito la analista Isabel San Sebastián, "no es casualidad que, cuando todo lo demás falla, la Agencia Tributaria funcione como un reloj. A falta de citas disponibles, el ciudadano no podrá gestionar su pensión, su prestación por desempleo, su consulta sanitaria o cualquier otro servicio dependiente del Estado, pero pagará sus tributos hasta el último céntimo y con puntualidad helvética. En caso contrario, recibirá una carta cuyo mero membrete le pondrá los pelos de punta, dado que, a efectos del Fisco, todo investigado es culpable mientras no demuestre lo contrario".

Parece que la Justicia ha agarrado por el rabo a Cristóbal Montoro, un inmoral cuya actividad al frente del Ministerio de Hacienda no sólo está plagada de chapuzas y de delitos, también de falta de compañerismo. En efecto, Montoro filtró las declaraciones de Aznar, Esperanza Aguirre o Soria para destruir sus carreras. Y la ministra Montero aireó el expediente de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, con la intención de dañar a la presidenta madrileña. ¿Por qué lo hicieron? Porque podían, pues tenían acceso a una información que debería haber sido secreta. Con cuánta razón escribió la ya citada Isabel San Sebastián: "Ahora que Feijóo está tomando nota de cuanto tiene que derogar apenas llegue a la Moncloa, debería añadir la Agencia Tributaria a su lista. Reformarla en profundidad, desvincularla del Gobierno, garantizar su independencia y cambiarle el nombre, sinónimo de abuso y terror". Ojalá que Feijóo tenga el valor de hacerlo y salgamos del infierno para volver al sentido común y a los derechos civiles con Hacienda, pues un Estado democrático no puede tratar a los ciudadanos como presuntos delincuentes.

A ello se añade una recaudación que resulta un saqueo para asalariados y pensionistas, de cuyos bolsillos sale ¡el 90%! de la recaudación por IRPF, cuando su aportación al PIB nacional no llega al 40%. Es decir, que los asalariados -que no tienen forma de escapar a la Agencia Tributaria- pagan, y los que sí tienen forma de escabullirse no pagan ni de lejos lo que la ley les exige. El IRPF ha fracasado como impuesto y se ha convertido en atracador, pistola en mano, para los asalariados que no tienen forma de ingresar un euro fuera de sus nóminas.

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