
El despliegue de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) ya tiene fechas. Y marcan un horizonte más largo del inicialmente esperado. El organismo está previsto que asuma por completo la campaña de la Renta en 2027, una vez se vea reforzado con más personal y nuevas oficinas y no será hasta un año más tarde cuando comenzará a colaborar en la gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) frente al objetivo de comenzar a hacerlo ya en 2026.
La consejería de Economía y Finanzas ha informado este jueves del calendario para el despliegue de la Hacienda catalana tras el acuerdo de financiación presentado a mediados de mes con el Gobierno. Según la hoja de ruta diseñada por Minsait, filial de Indra, en una primera fase el organismo de nueva creación prestará información y asistencia en la campaña de la Renta 2025 -recaudado en el año 2026- a los solicitantes de cita previa, algo muy similar a las tareas ya acometidas este mismo verano.
El objetivo es que el año que viene la ATC gane peso y sea capaz de gestionar la mayor parte de la campaña, para acabar asumiendo la totalidad de la asistencia de la campaña de 2026 -que se ejecuta en el año 2027-, según consta en el plan director del organismo.
En este sentido, según el Govern, habría que incorporar, en 2026, más de 400 efectivos. Y para asumir toda la asistencia, en 2027, se debería contratar temporalmente a más de 700, con la previsión de llegar a 360.000 contribuyentes. También se necesitarían nuevas oficinas temporales -ya existieron algunas este mismo año- y tener lista la adaptación técnica y de contenidos para facilitar la asistencia durante la campaña.
El Ejecutivo catalán deberá convencer por eso a los técnicos de Hacienda, reticentes hasta el momento a dar el salto a la entidad autonómica. Sin ir más lejos, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) advirtió el miércoles que "cualquier tentativa de traspaso general o forzoso de los funcionarios de la AEAT a una administración tributaria autonómica constituye un ataque frontal a la autonomía de la AEAT, reconocida en su ley de creación, y a los derechos de sus trabajadores, que no pueden ser moneda de cambio de ningún intercambio político".
Para 2028: el IRPF
El objetivo final de la ATC siempre fue el de terminar "asumiendo la recaudación de todos los tributos" que se generen en Cataluña, recuerda el departamento de Economía. Para ello, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se ha marcado en rojo como tasa clave de la nueva entidad.
El estreno soñado era para 2026, con la cesión ya del 100% del IRPF. Sin embargo, el calendario final es mucho menos ambicioso y señala el ejercicio 2028 como el primer año en el que se comiencen a ejercer funciones de revisión de este tributo. Su gestión total llegaría para más adelante, si es que llega.
Antes, el Gobierno deberá realizar las modificaciones necesarias de la ley de cesión de tributos y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) para que la agencia autonómica pueda tener competencias en la gestión del IRPF. En esta línea, ERC -el impulsor original del pacto de financiación- registrará una proposición de ley para la modificación de estas normas. Eso sí, solo saldrá adelante si el Congreso avala el movimiento normativo.
Para pilotar el desarrollo del plan director, el Govern ha fichado a Santiago Ramon Arizón, directivo de la multinacional IBM en Cataluña. Según informó el Ejecutivo, el dirigente será el Comisionado para la nueva financiación singular; una de las dos nuevas figuras públicas que ha diseñado la Generalitat para conseguir expandir sus capacidades tributarias. El otro es un consejo asesor del que todavía se desconocen sus miembros.
Ambos organismos, de nueva creación, se adscribirán al Departament d'Economia que lidera la consejera Alícia Romero.
El papel de Santiago Ramon será el de coordinar los trabajos técnicos para coordinar el despliegue de la Hacienda catalana y "mejorar los procesos y estructuras organizativas para que la ATC gane eficiencia y eficacia de cara al nuevo modelo".
Las otras medidas pendientes
Junto con el desarrollo de la Hacienda propia, el pacto de financiación presentado a mediados de mes por Gobierno y Generalitat incluye un nuevo reparto que el Govern pretende que respete la ordinalidad y así no perder puestos entre el resto de comunidades autónomas cuando se redistribuyan los tributos. El Ejecutivo central no alcanzó ningún compromiso en este sentido.
La clave estará en la cuantía del cupo de solidaridad que se fijará con los impuestos recaudados y que ninguna de las dos partes en la mesa de negociación quiso precisar. Sin embargo, sí dejaron claro que la nueva financiación -que sería extensible al resto de autonomías- tendría en cuenta las competencias delegadas, como puede ser la existencia de una policía propia como son los Mossos d'Esquadra.
También aseguraron que las regiones que quieran adherirse a las mismas condiciones que Cataluña podrán hacerlo.