Barcelona
Gobierno y Generalitat presentaron este lunes el esqueleto del nuevo acuerdo de financiación singular para la autonomía; un pacto que ya ha despertado recelos entre la práctica totalidad de las fuerzas políticas ajenas al PSOE y el PSC. El acuerdo, todavía por desarrollar y que no encaja en la normativa actual española tiene un largo margen por recorrer, pero ya ha dado a conocer los grandes principios sobre los que pivotará.
Ordinalidad
Es la gran guerra del Govern: mantenerse en el mismo puesto en la recepción de impuestos que el que ocupa en la recaudación. En el texto del acuerdo se habla de que "es condición necesaria que su aplicación no desvirtúe el principio de ordinalidad en el resultado final". Y, como explica elEconomista.es en sus páginas de este lunes, esto implicaría que Cataluña obtendría 2.488 millones de euros más de financiación.
Se trata, pues, de una máxima perseguida por todos los Ejecutivos que han pasado por el Palau de la Generalitat: que los recursos per cápita de Cataluña no queden por debajo de comunidades autónomas con menos riqueza.
Solidaridad y transparencia
El acuerdo de financiación singular mantendrá un cupo de solidaridad con el resto de los territorios. Y aquí estará la clave: ¿cuánto pagará Cataluña al resto de autonomías de lo que recaude? Ni el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el consejero de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, lo aclararon.
"Está prevista una aportación solidaria, que se calculará de manera transparente", señaló Torres. No aclaró tampoco quién será el encargado de cuantificar esta aportación ni bajo que premisas y criterios se realizará.
Bilateralidad
El Gobierno insistió en varias ocasiones que el acuerdo con Cataluña será extensible al resto de Comunidades Autónomas que tengan la capacidad -contar con una Hacienda propia- y lo requieran. El pacto tendrá en cuenta las competencias singulares que tiene la región, como una policía propia -los Mossos d'Esquadra-, pero encajará en la reforma generalizada que planteará el Ejecutivo a la vuelta de vacaciones.
"Sienta las bases para que en la reforma del sistema de financiación se tengan en cuenta tanto las necesidades de Cataluña como del resto de Comunidades Autónomas", dijo Torres.
La ATC
El Govern explicará antes de terminar este mes de julio como dotará de recursos a la Agència Tributària de Catalunya (ATC). Más allá del despliegue de infraestructuras y la coordinación con la Hacienda estatal -aseguraron que este organismo no desaparecerá de Cataluña en años-, la Generalitat debe convencer a los inspectores del salto. Hasta el momento rechazaron de plano el movimiento por las dificultades de cara a un futurible traslado.
Gobierno y Generalitat constituirán un grupo de trabajo para ver cómo se puede con la recaudación del IRPF para 2026, aunque de un inicio sea de manera coordinada. Se cambiarán las leyes que chocan con que esto pueda suceder con la voluntad final de que la ATC sea la recaudadora de todos los impuestos generados en la comunidad.