
Vivimos momentos convulsos, en los que cualquier tiempo pasado fue mejor. Las lecciones no sirven. Zapatero interrumpió abruptamente su Gobierno el 29 de julio de 2011 a causa de la grave crisis económica para convocar elecciones, que perdió. Su sucesor, Mariano Rajoy, cayó en una moción de censura presentada por Pedro Sánchez en 2018 a causa de la corrupción por el caso Gürtel. Sánchez debería haber dimitido después de conocerse que los dos últimos secretarios de organización del PSOE y hombres de su máxima confianza, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, usaron sus cargos políticos para lucrarse personalmente.
Pero en lugar de marcharse, está convencido de que es mejor seguir adelante para evitar una debacle en el socialismo. El último fin de semana lo pasó en compañía de su esposa, Begoña Gómez, dedicado a la reflexión en Quintos de Mora. La finca patrimonio del Estado se ha convertido en el refugio de la pareja presidencial en los momentos críticos. También se recluyeron en ella tras su comparecencia ante los medios de comunicación para renegar de su amistad con Cerdán. ¡A buenas horas! En esta ocasión, parece que fueron las referencias desde la tribuna del Congreso de Alberto Núñez Feijóo a "vivir de los prostíbulos", lo que alteró la vida de los inquilinos de La Moncloa.
El informe Sabiniano, el padre de Begoña Gómez, que regentó varias saunas en el centro de la capital de España, que traspasó tras la llegada de Sánchez al Gobierno, era un secreto a voces entre el establishment socialista. Había orden tajante de no sacarlo. Durante años, durmió en los cajones de los diputados más conspicuos sin que nadie hiciera referencia a ello. Pero el jefe de la oposición no se mordió la lengua cuando vio al presidente del Gobierno anunciar que en breve traería al pleno una ley contra la prostitución.
Sánchez ha dado orden a sus ministros de trabajar con normalidad, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. El lunes, el ministro de Administración Territorial, Víctor Ángel Torres, firmó con el conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, el acuerdo de financiación singular de Cataluña. El compromiso es contrario a la Constitución. La Carta Magna no contempla ninguna singularidad fuera del régimen común o del cupo que disfrutan País Vasco y Navarra. Además, jamás podrá entrar en vigor porque no cuenta con el respaldo de Junts ni, probablemente, de ERC.
El compromiso recoge el traspaso de la recaudación de todos los impuestos, pero reconoce que se hará de manera progresiva sin fijar plazos, al igual que con la Agencia Tributaria Catalana (ATC), que ni cuenta con recursos ni tiene el plácet legal para ponerse en marcha. Los números no salen, porque nadie sabe explicar de dónde van a sacar los cerca de 24.000 millones adicionales que supondría para las arcas catalanas, en detrimento de los demás. El truco de extender el modelo a otras autonomías, para provocar su división, es inverosímil, porque multiplicaría el dinero necesario para su financiación.
Las cesiones a catalanes y vascos en autosuficiencia financiera son el salvavidas Sánchez
Quizá, por ello, la vicepresidenta segunda, María Jesús Montero, eludió salir en la foto con el president Salvador Illa en la firma de un acuerdo que es papel mojado.
En Junts, que se preguntan dónde están los 24.000 millones en ingresos fiscales que ERC había estimado, aseguran que es una pantomima firmada por el partido de Oriol Junqueras para justificar el pacto que encumbró a Illa a la presidencia de la Generalitat.
El martes fue el propio Pedro Sánchez quien recibió con todos los honores en el Palacio de la Moncloa al lehendakari Imanol Pradales para ceder al País Vasco la gestión de las pensiones no contributivas y solventar la disputa con la Sepi para la compra de Talgo. Las pensiones contributivas son deficitarias y Euskadi no le interesa su traspaso. Sánchez se tiró de nuevo a la piscina abusando de su instinto de supervivencia, a sabiendas de que podía no tener una gota de agua. La presión a la Sepi para firmar un préstamo participativo por 75 millones para avalar una parte de la deuda de Talgo puede pasarle factura si, como advierte la Abogacía del Estado, es considerada ayuda de Estado, al contar la empresa ferroviaria con una importante participación pública. Pero la prioridad sigue siendo el día a día, en lugar de la visión a largo plazo.
Después de que la portavoz del PNV dijera desde la tribuna del Congreso que "la relación con el gobierno está en la UVI", Sánchez ansiaba recuperar su confianza. Sin embargo, en esta ocasión el tiro le salió por la culata por culpa de la vicepresidenta primera, Yolanda Díaz, que se negó a firmar el traspaso de las prestaciones por desempleo, como había prometido Sánchez. El lehendakari le exigió en la rueda de prensa posterior al encuentro, en un tono duro, que "debía poner orden en su casa". No sé de qué se extraña Pradales. ¿Acaso no conoce el volcán permanente en el que vive el Gobierno? O que, en cualquier momento, puede tragárselo la tierra.
Otro de los asuntos que Moncloa quiere tapar con una tonelada de tierra es el Presupuesto del año viene. En estas fechas, la vicepresidenta Montero debería haber presentado el techo de gasto y estar trabajando en las líneas generales de las cuentas públicas. Ni una cosa ni la otra están sucediendo. ¿Es posible llegar al final de legislatura sin Presupuesto? La respuesta es "nada importa, con tal de seguir adelante".
El caso Montoro y los recortes de la PAC, el caballo de batalla política en próximos meses
Sánchez puede tener una oportunidad de oro tras la presentación de las perspectivas financieras de la Unión Europea para el periodo 2028-2034, que casi duplican el gasto, al pasar de 1,2 a los dos billones. La presidenta de la Comisión y también del PP europeo, Ursula von der Leyen, aboga por reducir hasta en un 20% los fondos de la Política Agrícola Común (PAC), e incrementar los impuestos a las empresas que facturen más de cien millones anuales para sufragar los crecientes costes en defensa, desarrollo sostenible e inmigración. Una estrategia contraria a la seguida por el líder español, que se negó a subir el gasto en armamento más allá del 2,1% para preservar el gasto social, de la que va a responsabilizar a la derecha europea, representada por el PP.
En los próximos meses, podemos ver de nuevo las carreteras colapsadas por tractores. La situación de los agricultores se volverá insostenible, ya que el recorte de las ayudas europeas coincide con una subida de los aranceles a los productos alimentarios por parte de la Administración Trump. Muchos no van a poder subsistir. Es injusto que el Sur acabe pagando la mayor parte de la factura de la ofensiva de los países del Norte, en la frontera con Rusia.
La imputación el ex ministro de Economía, Cristóbal Montoro, junto a una decena de ex altos cargos de su Ministerio, por beneficiar presuntamente a empresas gasistas durante los gobiernos de Mariano Rajoy, entre 2011 y 2018 será el caballo de batalla política para culparse mutuamente de corrupción. Las empresas, según el auto, se valían de las influencias de Montoro en el Gobierno para lograr reformas legales que les beneficiaran, tras pasar por el despacho de abogados de Equipo Económico, fundado por el exministro en 2006.
La guerra del "y tú más" se ha puesto en marcha. El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, que actúa como ariete contra Isabel Díaz Ayuso por los cargos contra su pareja, echó en cara este jueves al PP "la montaña de corrupción sobre la que vive".
El presidente está atento para sacar provecho de cualquier situación de la que pueda salir victorioso y que sirva para desviar la atención de los asuntos relacionados con su familia o con el tándem Ábalos-Cerdán. Cualquier mención a estos temas o conversación con los sospechosos de ejercer la oposición se considera una herejía y su relator es confinado al ostracismo.
Nadie, con excepción del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se atreve a mover un dedo contra el poder establecido, so pena de caerse de las listas a las próximas elecciones autonómicas o municipales, pese a que la corrupción amenaza con arrasar muchas alcaldías y las pocas autonomías socialistas restantes.
El equipo de Sánchez arrasa a quien ejerza la más mínima crítica. Es la ley del silencio para poner las instituciones y las leyes a su servicio. Las cesiones autonómicas, la 'omertá' política "y tú más" conforman el nuevo manual de resistencia del Gobierno.