La trama cercana al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, implica hasta una docena de excargos públicos durante su segundo mandato –entre 2011 y 2019– bajo el Gobierno de Mariano Rajoy. Muchos de los que conformaban el equipo de Hacienda de Montoro habrían ido creando una red de influencias para obtener "un lucro económico" a cambio de conseguir hasta dos modificaciones legislativas a favor de las empresas gasísticas englobadas bajo la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM).
Para ello, estas mercantiles contrataron y efectuaron pagos a la consultora Equipo Económico (EE), una sociedad fundada y presidida por el exministro y donde trabajaron algunos de los excargos de Hacienda. EE fue, de hecho, la sociedad que completaba los informes técnicos redactados por otras consultoras y argumentaban las pretensiones de las mercantiles gasistas y que, "en poco tiempo y sin causa aparente" finalizaban en una reforma legislativa; todo ello mediante el pago de un total de 779.705 euros a EE.
De los que constan investigados destacan Miguel Ferré, exsecretario de Estado de Hacienda; Pilar Platero Sanz, exsubsecretaria de Estado de Presupuestos y Gastos; Felipe Martínez Rico, exsubsecretario de Hacienda y Función Pública e inicialmente director de Gabinete de Montoro; Diego Martín-Abril Calvo, exdirector General de Tributos; José Alberto García Valera, exdirector General de Tributos en sustitución del anterior; Óscar del Amo Galán, exsubdirector General de Tributos Locales; Rogelio Menéndez Menéndez, asesor del Gabinete de Montoro; José María Buenaventura Zabala, exdirector de Gabinete del Secretario de Estado de Hacienda y Santiago Menéndez Menéndez, director General de la Agencia Tributaria.
Todos ellos están imputados por presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental, de acuerdo al auto dictado por el instructor del caso al que ha tenido acceso este periódico.
- Cristóbal Montoro: según el juez y siempre en términos de inocencia, Montoro ejerció "las más altas funciones y competencias decisivas" en las dos tramitaciones que beneficiaron a las gasísticas, y nombró entre sus altos cargos a personas estrechamente vinculadas al despacho central de la trama. Esto aseguraría, según el magistrado, que "la tramitación de los anteproyectos de Ley se redactasen a demanda de las mercantiles también investigadas, tras aceptar aquellas pagar por ello".
- Miguel Ferré Navarrete: fue secretario de Estado de Hacienda y, según el juez, uno de los cargos decisivos para tramitar las modificaciones que beneficiaban a las gasísticas, cuya vinculación con EE ha quedado acreditada. Emitió, de hecho, una misiva al director General de la FEIQUE donde exponía razones para no atender sus intereses y, sin embargo, una vez que entró en juego la contratación de EE, estas razones desaparecieron.
- Pilar Platero Sanz: ocupó la subsecretaria de Estado de Presupuestos y Gastos entre 2011 y 2016, y fue también consejera y administradora de EE. Según el juez, el departamento responsable de la emisión de los informes preceptivos a los anteproyectos normativos, se ostentaba bajo su cargo.
- Felipe Martínez Rico: ejerció el cargo de subsecretario de Hacienda y Función Pública y ocupó puestos de máxima confianza del exministro Montoro, inicialmente, como director de Gabinete y, posteriormente, como subsecretario. El instructor le atribuye la participación en los hechos investigados dado que, y al igual como ocurre con Ferre y Platero, ocupó cargos decisivos en la redacción de los proyectos de ley.
- Diego Martín-Abril Calvo: fue director General de Tributos (DGT) entre enero de 2012 y diciembre de 2016 y, según el juez, existen "emails" que evidencian su participación en los hechos investigados, "siendo el interlocutor" con la consultora en el periodo de tiempo en el que la AFGIM intentaba la modificación de una reforma legislativa. De hecho, Martín-Abril se reunió con otros cargos de la DGT y la Agencia Tributaria para lograr las pretensiones de las gasísticas.
- José Alberto García Valera: ocupó la Dirección General de Tributos entre 2016 y 2018 en sustitución del anterior, cuando se modificaron ciertas leyes para los intereses de las gasísticas. En septiembre de 2018, pasó a ser socio de EY, "la consultora que intervino en los hechos investigados y que se prestó a participar en los supuestos trabajos técnicos de aparente soportes para las citadas reformas".
- Óscar del Amo Galán: fue subdirector General de Tributos Locales en la fecha de aprobación de las reformas investigadas. "Los correos intervenidos revelan que mantuvo contacto y reuniones con los gasistas [...] y recibió de estas las redacciones del texto legal a reformar. Además, contactó telefónicamente con ellas para aclarar dudas sobre dichos textos".
- Rogelio Menéndez Menéndez: ejerció el cargo de asesor del Gabinete del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas entre el 2013 y 2015. Intervino en una reunión celebrada el 4 de marzo de 2014 entre Montoro y los representantes de la AFGIM. Esto revelaría, según el juez, "un conocimiento directo no solo de los motivos e intenciones de tal reunión, sino también de su estéril contenido".
- José María Buenaventura Zabala: ostentó la dirección de Gabinete del Secretario de Estado de Hacienda y, según el instructor, se reunió en 2014 con los gasistas en la sede del Ministerio de Hacienda. "Ha percibido retribuciones de EE y de empresas vinculadas a esta".
- Santiago Menéndez Menéndez: fue director General de AEAT en los periodos en los que la AFGIM contrató a EE y, de acuerdo al instructor, recibió dinero de EE entre 2010 y 2011.
El origen de la investigación
Las pesiquias judiciales abiertas en 2018 tras el "hallazgo casual" de un correo electrónico en el seno de otra investigación pusieron de manifiesto cómo estos intervinientes abusaron, presuntamente, del ejercicio de la función pública para acometer hasta dos reformas legislativas conforme a los intereses de las mercantiles Air Liquide, Abello, Messer, Praxair y Carburos Metálicos, englobadas bajo la AFGIM.
Esto se realizó a cambio, presuntamente, de importantes pagos [...] que encubrían una comisión" a la mercantil Equipo Económico (EE). Estos pagos, según el juez, multiplicó por diez los ingresos respecto las consultoras que confeccionaban los informes inicialmente. La AFGIM contrata a EE, a sabiendas, "como así se dice en uno de los correos intervenidos, que se trata de un gabinete económico que tuviese acceso al Ministerio de Hacienda para conseguir esta reducción impositiva" que, finalmente, se consigue en menos de un mes. En paralelo, las gasísticas contratan a la consultora EY para ocultar, presuntamente, la falta de consistencia en el informe elaborado por EE y los presuntos pagos.
En concreto fueron dos las reformas legislativas que consiguieron las mercantiles en base a sus intereses. La primera, en 2013, para obtener una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad; y la segunda, en abril de 2015, para logar una rebaja fiscal en el IAE.