Un juez de Tarragona ha imputado al ex ministro de Hacienda con el Partido Popular Cristóbal Montoro por beneficiar presuntamente a empresas gasísticas desde su puesto en el Consejo de Ministros, según avanza La Vanguardia. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, acaba de levantar el secreto del sumario sobre una causa que se abrió hace siete años y que tiene como epicentro un despacho de abogados que creó Cristóbal Montoro y al que luego habría beneficiado de forma ilegal durante su etapa al frente del Ministerio.
La causa implica a un total de 28 personas físicas y seis entidades jurídicas, por delitos como cohecho, prevaricación, fraude a la administración, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, negociaciones prohibidas y falsedad documental. El auto judicial, al que ha tenido acceso La Vanguardia, señala que la investigación revela una red estructurada en torno al despacho Equipo Económico, fundado por el propio Montoro y hoy rebautizado como Global Afteli, que habría actuado como intermediario entre grandes empresas, especialmente del sector gasista, y el poder legislativo.
Entre los investigados figuran varios altos cargos del Ministerio durante el mandato de Montoro, como el ex secretario de Estado Miguel Ferré, la exsubsecretaria Pilar Platero, o los exdirectores generales de Tributos Diego Martín-Abril y José Alberto García, además de responsables de la Agencia Tributaria y asesores del gabinete ministerial.
El magistrado sostiene que las empresas interesadas en reformas legislativas debían canalizar sus demandas a través de Equipo Económico, que cobraba importantes sumas a cambio de usar su red de influencia para introducir cambios normativos a medida. El juez apunta que el despacho facturó entre 2011 y 2019 más de 779.000 euros a empresas agrupadas en la patronal gasista AFGIM —como Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair o Carburos Metálicos— sin elaborar directamente los informes técnicos, que subcontrataba a consultoras como EY.
El instructor califica el entramado como una organización orientada al lucro mediante el uso abusivo de funciones públicas, y sitúa a Montoro como figura central. Según la resolución, su cargo como ministro y su influencia sobre los nombramientos clave del Ministerio habrían garantizado que Equipo Económico pudiera redactar anteproyectos de ley "a la carta", asegurando así beneficios económicos para sus clientes privados a costa del interés público.
La investigación se inició en 2018 tras un hallazgo fortuito en otra causa judicial, y ha sido impulsada por diligencias de los Mossos d'Esquadra y la UCO de la Guardia Civil.