
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han advertido de que el pacto para un nuevo modelo de financiación "singular" para Cataluña "pone las bases de un modelo tributario federal". En un comunicado, Gestha sostiene que la gestión tributaria federal responde a la decisión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que todas las Comunidades Autónomas de régimen común alcancen mayor capacidad normativa y de gestión del IRPF.
Con este acuerdo, calculan, cuando la Agencia tributaria de Cataluña (ATC) asuma la recaudación de 27.590 millones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en Cataluña, pasará de recaudar 5.238 millones de sus impuestos cedidos y propios a gestionar 38.238 millones en 2026, seis veces más. También tendrá que devolver 2.737 millones a los declarantes catalanes, así como reintegrar al Estado la parte que se acuerde de la cuota estatal del IRPF.
Además, los técnicos de Hacienda creen que, aunque en un primer momento buena parte de las CCAA no querrán las nuevas competencias, en un futuro las asumirán como ha ocurrido con la gestión y recaudación de los impuestos de sucesiones y donaciones o de transmisiones patrimoniales.
Por otro lado, los técnicos del Ministerio de Hacienda añaden que el Gobierno tendrá que emplearse "en una intensa negociación multilateral" para acordar el cambio del modelo de financiación autonómica, realizar un "diseño impecable de las modificaciones legales necesarias para ceder la gestión del IRPF sin tacha de inconstitucionalidad", y recabar los apoyos parlamentarias para su aprobación.
Sin embargo, en opinión de Gestha, la actual crispación política complicará la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, que debe asegurar "la suficiencia financiera del gasto regional y la solidaridad territorial".
En un futuro, añaden, limitar la solidaridad beneficiará sobre todo a Madrid, seguida de Baleares y Cataluña en detrimento de Extremadura, Canarias o Asturias.
El Gobierno y la Generalitat de Catalunya han pactado este lunes la estructura del nuevo modelo de financiación "singular" para Cataluña, que prevé que la administración catalana recaude todos los impuestos y transfiera una parte al Estado, un esquema "generalizable" a otras comunidades cuyos plazos y cifras aún no se han definido.