Con los Presupuestos Generales del Estado para 2025 prácticamente olvidados, las fechas corren para configurar las del año que viene. A estas alturas del año, el Ministerio de Hacienda debería estar preparando el acuerdo de techo de gasto o límite de gasto no financiero de las tres administraciones públicas para cumplir con los objetivos de estabilidad, a fin de que sea aprobado por las Cortes. Esta senda de gasto es el primer paso obligatorio para elaborar los Presupuestos Generales del Estado.
Sin embargo, fuentes internas de Hacienda declaran a elEconomista.es que "aquí no se está trabajando en ningún documento para hacer los presupuestos de 2026". "Es más, no se ve intención", avanzan.
Aunque los plazos marcados para llevar a cabo el trámite de la principal ley de cualquier Gobierno pueden incumplirse, y de hecho ha pasado en varias ocasiones, la preparación previa para elaborar la senda de estabilidad lleva su tiempo y a mediados del mes de mayo ya debería estar en marcha. Puesto que el gasto afecta a todas las administraciones, se debería haber convocado un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para que emitiera su informe. "Estos trabajos se empiezan a lanzar en marzo", sostienen las mismas fuentes, "y hasta ahora no se ha producido nada".
En los despachos de Hacienda se analizan detenidamente los ingresos y los gastos no financieros previstos para elaborar el acuerdo que debe aprobar, tras su paso por el CPFF, el Consejo de Ministros. La tramitación de dicha norma continúa en el Congreso y el Senado. Y en estos momentos solo resta mes y medio de periodo de sesiones. Aunque en 2024, el primer acuerdo del Gobierno sobre la senda de estabilidad llegó en julio al Congreso, pero sin éxito porque fue rechazado.Si en el Ministerio encargado de estos trabajos no se ha movido todavía ningún papel referido al techo de gasto, las posibilidades de contar con el primer capítulo de las cuentas públicas antes del verano "son nulas", afirman las fuentes en Hacienda.
Otro signo de que el Gobierno no le está dando prioridad a los Presupuestos de 2026 es que no ha tenido ningún acercamiento con sus socios políticos, sin cuyo apoyo es imposible sacar adelante no solo los presupuestos, sino cualquier otra norma. Las negociaciones no tienen por qué resultar favorables. La prueba es que los presupuestos han debido prorrogarse dos ejercicios consecutivos. En el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya confirman a elEconomista.es que hasta la fecha no ha habido ningún contacto para tratar este tema. "Nada de nada", aseguran y añaden estar extrañados "porque se van acercando las fechas y hay que negociar". En el Grupo Parlamentario Vasco, el de los diputados del PNV, responden lo mismo. "Ahora mismo no tenemos ninguna información sobre este asunto, no ha habido contactos con nosotros para negociar nada", indican. Lo manifestado por estos grupos, que aún con 12 diputados no le dan la mayoría al Gobierno para sacar adelante sus proyectos de ley, es crucial ya que son los primeros a los que acude el Ejecutivo para cualquier tipo de negociación.
Ante esta situación, las fuentes consultadas prevén una tercera prórroga de los Presupuestos de 2023. "La Constitución española no especifica que haya que adelantar elecciones si no se aprueba esta ley. En realidad, es una norma no escrita". No hay nada que prohiba seguir prorrogando unas cuentas realizadas y aprobadas en ejercicios anteriores. "El Gobierno está controlando el déficit gracias al exceso de ingresos", agregan, "pero otra cosa es que hay que pasar por el Parlamento para las autorizaciones de créditos".
Cómo sortear los problemas de unas cuentas públicas prorrogadas
Las fuentes oficiales del Ministerio de Hacienda remiten a las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra del ramo, Mª Jesús Montero. Ésta manifestó hace semanas que "no damos ningún valor por perdido". El compromiso, ha advertido Montero en diversos foros y entrevistas, "es presentar las cuentas públicas". Pero siempre refiriéndose a los Presupuestos Generales de 2025. De los de 2026 no hay mensajes.
Evidentemente, las sucesivas prórrogas suscitan una duda tras otra. La primera es cómo se va a incrementar el gasto en defensa comprometido para alcanzar el 2% del PIBnacional. Este ejercicio se ha solucionado a base de créditos o gastos de otras partidas en teoría sobrantes, fundamentalmente. Pero para mantener ese nivel de gasto en años venideros se necesitan unas partidas precisas.
Una salida apuntada son las autorizaciones de crédito ya mencionadas. "Cómo no se están rindiendo cuentas al Parlamento, aunque para esto sea necesario, pues no se sabe nada y si se manda información, se hace con mucho retraso", explican las fuentes internas de Hacienda. Un segundo mecanismo para disponer de dinero, aun con las prórrogas, se introdujo en las leyes presupuestarias de 2022 y 2023, éstas últimas las que siguen en vigor. A pesar de que la Ley de Estabilidad Presupuestaria no lo permite, en dichas leyes se estableció que el titular de Hacienda, en este caso la ministra Montero, es competente para traspasar créditos entre secciones, es decir, entre los distintos ministerios. "Es así cómo van a imputar los gastos en defensa, con toda probabilidad", dicen las mismas fuentes. También es posible "jugar" con los distintos capitales. Un ejemplo es el dinero con el que se compraron las acciones de Telefónica por parte del Gobierno. Se utilizó capital del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). El caudal para adquirir las acciones de la operadora es capital financiero y como el del FLA también lo es, aunque tiene carácter finalista y se debe destinar a un objetivo concreto como es la liquidez de las comunidades autónomas, se ha utilizado sin problemas.
