Bruselas
Los Estados miembro han reaccionado al plan formulado por Bruselas para conjurar el Rearme de Europa, ante la amenaza de Rusia y el cambio de reglas de juego en el tablero internacional que ha propiciado la llegada de Donald Trump al Ejecutivo estadounidense. Una de las propuestas que ponía sobre la mesa la Comisión Europea era la posibilidad de suspender las reglas fiscales a nivel nacional para aupar el gasto en defensa. La medida ha suscitado una buena acogida, con 12 países comunitarios que se han sumado a la iniciativa. Una decisión de la que se ha descolgado, por el momento, España.
La defensa era uno de los temas pendientes que se han convertido en prioritarios en la recién iniciada segunda legislatura de Ursula von der Leyen. El cambio de mandos en la Casa Blanca ha dejado tanto a Ucrania como a los países de la UE sin garantías a las que atenerse desde Estados Unidos. Encima, el que es el principal proveedor armamentístico del bloque comunitario, tensa las relaciones con Bruselas también en materia comercial. Por lo que la Comisión Europea ha dispuesto una batería de medidas para dar alas a la estrategia de Defensa con el horizonte puesto en 2030.
A cierre de abril, cuando terminaba el plazo para activar la cláusula de escape a nivel nacional, doce Estados miembro habrían solicitado al Ejecutivo comunitario desplegar esta medida. Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania, Grecia, Hungría, Lituania, Portugal, Eslovaquia y Eslovenia han remitido a la Comisión Europea sus respectivas peticiones para suspender las reglas fiscales a nivel nacional y que no se apliquen al incremento de las partidas de Defensa.
Sin embargo, España todavía continúa recelosa de sumarse a tal iniciativa. Lo cierto es que sus elevados niveles de deuda y de déficit podrían suponer un desafío si Moncloa decide acogerse a la suspensión de las reglas fiscales a nivel nacional. Supondría destinar gasto nacional a la partida de Defensa, si bien la cláusula general de escape para lo que sirve es para que este incremento de financiación no compute a la hora de calcular los niveles de déficit.
La pasada semana, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, descartaba que Madrid hubiera tomado alguna decisión en este sentido, tras ser preguntado por si España recurriría a esta fórmula. La fecha límite del 30 de abril, decía, es orientativa. "La Comisión Europea ya ha señalado que se podrá, para aquellos que lo requieran, pedir la activación de la cláusula también más adelante", explicaba. Aunque desde la Comisión Europea apuntaban que ese plazo se complicaría si se ajustaba a finales de mayo.
La decisión por parte de España, apuntaba Cuerpo, "no está tomada todavía". El plan de Moncloa es valorarlo "a lo largo de los próximos meses", aseguró el titular de Economía. En todo caso, el Gobierno ve con buenos ojos que Bruselas conceda esta flexibilidad a los Estados miembro si bien, desde el primer minuto, ha venido reclamando que la Comisión Europea disponga instrumentos a nivel comunitario. En su última reunión de ministros de Economía de la UE, Cuerpo pedía la creación de un instrumento con aportaciones nacionales y emisión de deuda conjunta europea. Una propuesta, la de la mutualización de la deuda, que rechazan Alemania y Países Bajos.
Si bien la OTAN establecía que los aliados debían llegar a un nivel de gasto en Defensa del 2% del PIB, España no ha cumplido todavía con tal requisito. Y mientras la Alianza Atlántica ha elevado tal tasa hasta el umbral del 3%, el Ejecutivo español trabaja por alcanzar todavía el 2%. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba en abril una inversión "relevante" de 10.471 millones de euros adicionales para llegar del 1,4% del PIB en este sector en 2024, al 2% en 2025. Todo ello se hará "sin subir impuestos, sin tomar un céntimo de la inversión en el Estado del bienestar y sin incurrir en un mayor déficit público".
Los altos niveles de déficit y deuda resultan ser un condicionante a la hora de que los países se acojan a esta medida. Más allá de España, otros Estados miembro como Francia o Italia se desmarcan también de esta flexibilización de las reglas fiscales.
Lo que planteaba Bruselas, como parte de la activación de la cláusula general de escape, es que los Estados miembro pudieran incrementar el gasto en Defensa hasta un máximo del 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB) sin que compute para la activación del procedimiento por déficit excesivo, es decir, el procedimiento sancionador de la UE para aquellos países que superen los umbrales máximos de déficit del 3%. Todo ello en un plazo límite fijado hasta 2028.
Es parte del plan de Bruselas para incrementar el gasto en Defensa para movilizar hasta 800.000 millones de euros. Con otros flecos todavía por definirse, hasta la fecha la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa varias medidas: por un lado, que los países puedan incrementar el gasto en defensa sin que compute para cumplir con las reglas fiscales, la mencionada cláusula nacional de escape. Pero a ello se suma una dotación de 150.000 millones de euros en préstamos, bautizado como SAFE (por sus siglas en inglés para Security Action for Europe), con financiación captada en los mercados.
Se suma a ello la posibilidad de utilizar fondos de Cohesión del actual presupuesto comunitario (hasta 2027) para destinar a Defensa. Una opción que ya el presidente del Gobierno descartaba en marzo al considerar que este tipo de financiación debe destinarse al desarrollo regional y corresponde a las comunidades autónomas.