La Junta de Andalucía ve "el sello de Pedro Sánchez" tras la "sorprendente" irrupción de la Fiscalía de la AN en Doñana

"No deja de ser novedoso y sorprendente". Es la reacción del coordinador de la oficina de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, tras conocerse que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha acordado abrir diligencias preprocesales para investigar las extracciones de agua subterránea que tienen lugar en el espacio natural protegido de Doñana para el cumplimiento efectivo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 2021 que apuntaba que esos pozos ilegales están detrás del deterioro medioambiental del espacio natural.

En el decreto, firmado por el fiscal jefe Jesús Alonso y recogido por Europa Press, se indica que estas diligencias tienen como finalidad poder exigir responsabilidad medioambiental a las empresas y profesionales, públicas o privadas, que estén procediendo a la captación de aguas subterráneas afectantes al espacio protegido de Doñana, sin concesión administrativa o en caudales superiores a los permitidos.

La sorpresiva irrupción de la Fiscalía en Doñana, ya que la sobreexplotación de los acuíferos se arrastra desde hace décadas, se produce justo cuando se tramita en el Parlamento de Andalucía una norma sobre zonas regables en la comarca fresera de Huelva (a unos 30 kilómetros de Doñana). Jesús Alonso cita en su decreto la nueva ley sobre riegos en Doñana que se tramita en el Parlamento andaluz haciendo referencia a una carta de la Comisión Europea al Parlamento de la UE "relativa al riesgo de regularización de 750 hectáreas de regadíos ilegales", que "podrían infringir el derecho de la UE".

Los regantes

"Es una escenificación", ha lamentado el portavoz de la Plataforma de Regantes, Julio Díaz. Medios andaluces han publicado que hay causas abiertas en los juzgados de Huelva, con una docena de sentencias -la última, conocida hace unos días, de tres años y medio de cárcel para cinco empresarios dueño de una finca- y una presión fuerte sobre los agricultores en cuanto a expedientes administrativos en los últimos años.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional designa encargado del asunto al fiscal Manuel Campoy. Fiscal desde 1992, ha ocupado plazas en Málaga. Elche, Ibiza y Valencia. Desde 2019 está en la Audiencia Nacional, primero en comisión de servicios y desde el año pasado con plaza fija a propuesta por el Fiscal General. Vinculado a la Asociación de Fiscales Progresistas, fueron relevantes hace una década sus actuaciones sobre cláusulas suelo (paralizando incluso embargos) y con actuaciones en las que confiaba en la primacía del derecho comunitario sobre el interno. Es especialista en temas contenciosos administrativos y también ha trabajado en asuntos de medio ambiente.

¿Qué se investiga?

Las diligencias que ya se tramitan incluyen oficios al SEPRONA de la Guardia Civil; la reclamación a diferentes organismos de informes periciales sobre los efectos adversos significativos que las extracciones ilegales puedan tener en cuanto al el estado ecológico, químico y cuantitativo de las masas de aguas superficiales o subterráneas concernidas; e informes sobre la posibilidad de alcanzar o de mantener el estado favorable de conservación de los hábitat o especies silvestres concernidos.

El Ministerio Público, indica que las zonas protegidas que son objeto de estudio son las de la zona protegida 'Doñana', la zona protegida 'Doñana Norte y Oeste' y la zona protegida 'Dehesa del Estero y Montes de Moguer' (código ZEC ES6150012).

Críticas políticas

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía y portavoz del Gobierno autonómico, Ramón Fernández-Pacheco, ha manifestado este lunes sobre la decisión de Fiscalía de la Audiencia Nacional de investigar las extracciones de agua en Doñana que todo es "muy torticero y con el sello de Pedro Sánchez".

En declaraciones a la Cadena Cope, recogidas por Europa Press, Fernández-Pacheco ha puesto el acento que "paradójicamente" y de forma paralela a los últimos pasos de la tramitación en el Parlamento andaluz de la proposición de ley que regula las zonas de regadíos de cinco municipios situados al norte de la Corona Forestal de Doñana, la Fiscalía decide abrir diligencias preprocesales para investigar las extracciones de agua subterránea que tienen lugar en el parque, cuando no lo ha hecho en los últimos "40 años".

Los ecologistas de WWF indican que consideran la intervención de la Fiscalía de la Audiencia Nacional una buena noticia "siempre y cuando conduzca a que los que han tenido que ver directamente con la situación del acuífero, explotándolo ilegalmente, devuelvan a los ciudadanos el dinero que se va a tener que gastar en restaurar y recuperar y cumplir las leyes ahora" y "evitar las sanciones de la Comisión Europea".