Los grandes propietarios de vivienda en alquiler y las asociaciones del sector alertan de que la nueva normativa, convalidada ayer por la Diputación Permanente del Congreso, puede suponer una nueva burbuja del alquiler en España con encarecimientos de alrededor del 10% en algunos mercados ya tensionados.
Así lo advierte la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FEI) que teme de que la definitiva aprobación del Decreto Ley de Reforma del Mercado de Alquiler, que entró en vigor el pasado 6 de marzo tras ser aprobado por el Consejo de Ministros el 1 de marzo, provoque una burbuja en el mercado del alquiler ante una reducción de la oferta y el aumento de los precios para compensar la mayor duración de los contratos y la limitación al IPC de la actualización anual de las rentas.
Ya ha detectado una subida y trasvase de oferta al mercado de compraventa, en especial por parte de algunas socimis
La nueva normativa establece que el precio del alquiler se actualizará de acuerdo al IPC y los contratos se amplían de tres a cinco años, o a siete cuando el arrendador es una empresa. Además, las prórrogas automáticas pasan de uno a tres años. Asimismo, también se incrementa de uno a dos meses el periodo de preaviso cuando el inquilino quiere dejar la vivienda y a cuatro cuando es el propietario el que quiere recuperar su casa. Por otro lado, se limita la petición de fianzas a un máximo de tres meses.
Desde FAI remarcan que se ya ha detectado un encarecimiento de rentas y trasvase de oferta al mercado de compraventa, en especial por parte de algunas socimis (Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario). Concretamente, la Federación asegura que la nueva normativa, no regulará ni ajustará los precios, puesto que éstos podrían incrementarse hasta en un 10% de media en algunos puntos donde ya existe cierta tensión.
"La incertidumbre y la inseguridad creada en el mercado del alquiler está provocando, en las zonas de España más tensionadas como son Barcelona, Madrid y Valencia, un estancamiento y endurecimiento de las condiciones de acceso a una vivienda", explican desde FAI, que argumenta que ambas consecuencias vienen motivadas por la limitación de las garantías adicionales del nuevo decreto, que está expulsando del mercado de alquiler a los inquilinos menos solventes.
Por ello, FAI lamenta que, tras la votación de los grupos parlamentarios, "se haya perdido la posibilidad de mejorar un decreto que no refleja la realidad del mercado de la oferta y demanda de alquiler en España". Así, remarca que "trata por igual a todos los territorios, existiendo grandes diferencias, y que claramente limita la posibilidad de aumentar el número de viviendas disponibles, el principal motivo del alza de precios en la actualidad".
Se rompe el equilibrio
Desde la Agencia Negociadora del Alquiler aseguran que esta nueva normativa supone "una ruptura definitiva del frágil equilibrio que había entre arrendadores y arrendatarios, decantándose del lado de los inquilinos", afirma el consejero delegado del sociedad, Jose Ramón Zurdo.
"Esto va a provocar un estancamiento del mercado del alquiler y previsiblemente un retroceso en cuanto al número de viviendas que los propietarios destinan al arrendamiento urbano, que en estos momentos se estima en un 22% del parque de viviendas en España", subraya Zurdo.
"Esta medida, ahora definitiva y que como mínimo durará un año, tampoco es una buena noticia para los jóvenes y las familias que quieren vivir de alquiler, porque esta decreto no viene a solucionar los dos graves problemas que tiene el alquiler actualmente: la falta de oferta y los precios elevados", explica Zurdo.
Por otro lado, desde la Agencia Negociadora del Alquiler apuntan que el nuevo régimen jurídico aprobado mandata al Gobierno a crear y aplicar un índice regulador de precios, "que nadie sabe como será, pero que aventuramos que será restrictivo, poco fiable y sobre todo difícilmente equitativo, atendiendo a la gran diversidad y tipologías de viviendas en alquiler", comenta José Ramón Zurdo.
"La aplicación de este índice desalentará el mercado de alquiler, compuesto en su inmensa mayoría por un 80% de propietarios particulares que terminarán por comprobar que no les sale rentable alquilar, provocando un grave efecto multiplicador que reducirá aún más la oferta y por consiguiente se producirá un aumento de los precios de alquiler", sentencia Zurdo.
