Reforzar el acceso a la vivienda para las personas en situación vulnerable es uno de los propósitos de la nueva Ley de vivienda. Más allá de la vivienda protegida, el Gobierno ha creado el concepto de vivienda asequible incentivada. ¿En qué consiste esta nueva figura en el sector inmobiliario? Los expertos de The Simple Rent dan algunas claves para entenderlo.
Esta modalidad, que convivirá con la vivienda protegida, se refiere a la vivienda de titularidad privada que se dedique al alquiler a precios reducidos para personas con ingresos bajos y que no pueden acceder a una vivienda a precio de mercado.
Aunque sea una modalidad para incrementar la oferta del alquiler a corto plazo, Los especialistas de The Simple Rent consideran que "es imprescindible para los propietarios conocer al detalle todos los beneficios fiscales que tendría para ellos, así como las obligaciones que tendrían como arrendatarios frente a los inquilinos y las administraciones públicas al respecto del precio máximo de alquiler".
Los propietarios que sean personas físicas obtendrán diferentes beneficios fiscales y urbanísticos si ofrecen dichos inmuebles para alquilar a precios reducidos. Tal y como recogen los expertos de The Simple Rent, entre ellas, están bonificaciones de hasta el 90% en la tributación del IRPF. El 50% se obtiene por el mero hecho de alquilar la vivienda bajo esta modalidad, un 70% si se alquila a jóvenes de entre 18 y 35 años o si se trata de un nuevo contrato con mejoras o rehabilitación y de un 90% si se produce el alquiler en zonas tensionadas.
La creación de un fondo social de vivienda ha sido una medida muy demandada por el sector inmobiliario. Esto posibilita incrementar el parque público de alquiler y, por tanto, el número de viviendas protegidas. La calificación de este inmueble, además, ya no podrá ser cambiada garantizando así unas condiciones básicas por al menos un periodo de 30 años.
Otra de las claves que recoge este concepto es la implicación de agentes públicos, privados y del tercer sector con el fin de buscar soluciones a los problemas de oferta de vivienda orientada a tal fin.
Esto, según señalan desde la agencia inmobiliaria, ha generado diversidad de opiniones entre los distintos intervinientes, ya que los beneficios públicos asignados a estas viviendas, las limitaciones de uso temporales y de precios máximos que se fijen, queda a criterio de la administración competente que, en este caso, son las Comunidades Autónomas.
