El certificado energético es un documento que evalúa la eficiencia y el consumo de un edificio o parte del mismo, en una escala que va de la A -calificación más eficiente- a la G -la menos eficiente-. Su objetivo es que los futuros propietarios o inquilinos conozcan la eficiencia energética del inmueble.
Más de la mitad de las casas ofertadas en España no cumple con la norma, según indica un análisis de CoHispania sobre la oferta de compra de segunda mano. Así, el 53% del total de las viviendas ofertadas no tiene publicado el certificado energético y, por tanto, se desconoce la letra energética. Esto ocurre pese a la obligatoriedad desde 2013 de disponer de dicho documento, tanto para vender una vivienda como para alquilar, y por lo que se pueden enfrentar a multas entre 300 euros hasta 6.000 euros.
En 2013, se establece el Real Decreto 235/2013, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, en general, donde se establece la obligación de poner a disposición de los compradores o usuarios de los edificios un certificado de eficiencia energética, "con el fin de que los propietarios o arrendatarios del edificio o de una unidad de éste puedan comparar y evaluar su eficiencia energética".
En junio llegó el Real Decreto 390/2021, que establece, entre otras, la obligación relativa al certificado de eficiencia energética para "toda persona física o jurídica que publique o permita la publicación de información sobre la venta o alquiler de un edificio o de parte del mismo, ya sea en agencias inmobiliarias, vallas publicitarias, páginas webs, portales inmobiliarios, catálogos, prensa o similares".
"A día de hoy hay muy poca conciencia por parte de la obligatoriedad de cumplir con esto y eso hace que sea muy difícil llegar a saber realmente de cara al usuario que va a adquirir una vivienda en qué término se encuentra de eficiencia energética la vivienda que quiere comprar. Solo se encuentra con ello en el momento que va al notario", explica Eduardo Serra, presidente de CoHispania.
"La mayoría de los ciudadanos entiende el certificado como un mero trámite que supone un coste. Todavía no existe una concienciación generalizada sobre la utilidad que encierra: información sobre el nivel de gasto energético de la vivienda e indicaciones sobre qué aspectos se pueden mejorar en eficiencia (menor gasto) y confort (más comodidad y salud)", explica Diego Soldevilla, director de Consultoría Energética & Edificación de Tinsa.
El precio de dicho certificado es "variable", tal y como señala Diego Lasaosa, CEO de Certicalia, ya que depende de la oferta y demanda y del tipo de inmueble: "No cuesta lo mismo certificar un piso de 45 m2, que requiere un trabajo de medición menor que una unifamiliar de 300 m2, donde tienes mucha más superficie y el profesional tiene que dedicar más tiempo". El proceso para emitir estos certificados "puede ser de un mes o mes y medio", señala Yolanda del Rey, experta en certificaciones de GBCe, "hay que ir a visitar la vivienda, ver en qué condiciones está y analizar sistemas de calefacción, iluminación o ventilación para poder calcular ese certificado". Posteriormente, hay que registrarlo en la comunidad autónoma en la que esté el edificio.
"En trámite"
En los anuncios de viviendas en venta es posible encontrar que dicho documento está en trámite, "como justificación a que no se informe de su calificación energética. Que los portales de venta permitan publicitar las viviendas sin tener este requisito cubierto no ayuda a persuadir a los vendedores a obtener el certificado como documentación imprescindible previo a poner la vivienda en venta", señala Soldevilla. Serra indica que el Real Decreto establece "claramente que el mero hecho de poner o publicar un anuncio obliga a tener que insertar la letra del certificado energético".
Según el informe de Estado de la certificación energética de los edificios, la evolución del registro de certificados de eficiencia energética de las viviendas ha experimentado un crecimiento desde el 2015, hasta superar los 4,2 millones a cierre de 2020.
Durante el año pasado, el número de solicitudes de certificado energético tramitadas por Certicalia alcanzó las 24.449, lo que se traduce en un incremento en torno al 44% respecto a la cifra de 2020 y un crecimiento del 21% frente a las 20.239 solicitudes tramitadas en 2019.
La oportunidad de los fondos
¿Y las que sí publican el certificado? Según el análisis de CoHispania, el parque de viviendas ofertado que cuenta con dicho documento muestra una ineficiencia energética: el 28% de la oferta cuenta con letra G, la menor en eficiencia energética; seguido de la Letra E, con un 9,5% del total de la oferta disponible. Conforme aumenta la eficiencia, existe menos oferta de vivienda, siendo la letra B la menos publicada con el 0,93% del total.
De forma general, España cuenta con un parque inmobiliario envejecido, ya que en torno a un 80% de los edificios/ viviendas tienen una calificación energética de E, F o G. La primera normativa que incluyó algunos requisitos de eficiencia energética para los edificios residenciales de nueva construcción data del año 1979.
El 28% de la oferta de viviendas en venta cuenta con letra 'G', la menor eficiencia energética
La llegada de los fondos europeos es calificada como la "gran oportunidad" o "única" por distintos actores del sector para mejorar la eficiencia energética de las viviendas españolas. Envolvente, aislamientos, ventanas, calderas, son numerosas las actuaciones que se pueden hacer en este sentido, tanto a nivel individual como en las comunidades de vecinos.
"Todo lo que se está poniendo en marcha a través de esos fondos tiene como objetivo que la mala calificación de tu parque edificatorio mejore sustancialmente. Que mejore el consumo de energía primaria y la introducción de energías alternativas o renovables", expone el presidente de CoHispania.
"Difícilmente la sociedad española volverá a tener disponible un plan de ayudas europeas de semejante envergadura. Y la mejora energética de las viviendas es un camino que hay que recorrer sí o sí, tarde o temprano, si se quiere evitar que los inmuebles pierdan valor y atractivo en el mercado", remarca el experto de Tinsa. Además, estos fondos "abren la puerta a mejoras en accesibilidad y conservación de los edificios, es decir, a conseguir viviendas más confortables y saludables", concluye Soldevilla. En este aspecto coincide la experta en certificaciones de GBCe, quién destaca que además de un consumo energético menor, "se gana una vivienda más confortable".
Además, la llegada de los fondos también supone una oportunidad para la generación de actividad económica y de puestos de trabajo, tal y como apunta Ferran Font, director de estudios y portavoz de pisos.com, "todo pasa no solo por una recepción de dichos fondos, sino también de una buena gestión que pase a través de la comunicación, del uso de la figura del agente rehabilitador, en definitiva, de hacer llegar estos fondos a los beneficiados, que serían todos los propietarios de los inmuebles", apunta Font.
