Los apartamentos turísticos demandan a Valencia y rebaten su efecto en vivienda: el 75% abren en bajos comerciales desde 2018

Los propietarios de apartamentos turísticos se revuelven contra la normativa que ha aprobado el Ayuntamiento de Valencia y batallarán en los tribunales contra el Gobierno de la popular María José Catalá, como ya ocurre en otras ciudades como Barcelona. La Asociación de Apartamentos Turísticos de la Comunidad Valenciana (APTUR CV) ha presentado una demanda por la nueva regulación, como ya había anunciado.

En concreto, la entidad explica que presentado un recurso contra el Ayuntamiento de Valencia, señalando la suspensión de licencias para nuevas viviendas de uso turístico (VUT) como una medida desproporcionada y carente de justificación sólida. Asimismo, ha acusado al consistorio y su política de los "5 candados" de ignorar los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica, y de basarse en suposiciones injustificadas y arbitrarias.

El recurso se acompaña de un dictamen pericial elaborado por la consultora especializada en Big Data y Location Intelligence inAtlas, con el que los propietarios de estos inmuebles aseguran que se "desmonta categóricamente los argumentos del Ayuntamiento con datos precisos", fundamentalmente el que considera que el boom de estos alojamientos es uno de los motivos de la crisis de la vivienda en la ciudad.

Según recoge en ese texto, el 75% de las viviendas de uso turístico registradas entre 2018 y 2024 se sitúan en locales comerciales transformados, desmintiendo cualquier impacto negativo en la vivienda. Además, sostiene que el 62,7% de esos locales llevaban más de cinco años cerrados antes de su cambio de uso. En esta línea, destaca que solo 363 alojamientos turísticos se localizaron en viviendas en ese periodo, representando menos del 1% del parque de viviendas vacías de Valencia.

En el análisis también se echa en cara al consistorio la escasa inversión en vivienda, ya que menciona que ha invertido en vivienda 35,54 euros por habitante en los últimos ocho años, ocho veces menos y a la cola de las ocho principales ciudades de España, que gastaron de media 293,89 euros por habitante.

"Es imprescindible que las decisiones que afectan a nuestra ciudad se basen en datos reales y hechos objetivos, no en un relato infundado que ignora la realidad social de Valencia," comenta la presidenta de APTUR CV, Silvia Blasco. "La moratoria está totalmente injustificada y es arbitraria. Con esta medida, el Ayuntamiento de Valencia está actuando de forma irresponsable y mintiendo a la ciudadanía sobre las verdaderas causas del problema de vivienda en nuestra ciudad."

"Errores en las fuentes"

En el recurso también se pone de manifiesto que los informes en los que se ha apoyado el Ayuntamiento para justificar la suspensión presentan deficiencias técnicas notables, según la consultora inAtlas. En este sentido, destaca que el "Informe Castroconsulting" contiene confusiones conceptuales, y el "Informe VisitValencia" sobreestima en un 60% la oferta de viviendas turísticas debido a errores en las fuentes. Estos fallos metodológicos generan conclusiones sesgadas que no reflejan la realidad del impacto de las VUT, según APTUR CV.

Pese a las afirmaciones del consistorio sobre una supuesta saturación urbana y la desaparición del comercio local, el estudio refleja que los visitantes alojados en VUT constituyen apenas el 0,63% del total de personas que transitan por la ciudad de Valencia. Por otro lado, en referencia al comercio minorista, el dictamen expone que ha crecido un 1,24% en la última década, datos contradicen la afirmación del consistorio de que las VUT acaban con el comercio local.

Además, Valencia ha aumentado su población en 32.927 habitantes desde 2018; el núcleo Ciutat Vella, en particular, ha crecido un 10,26% en población y un 11,15% en número de familias residentes, reflejando un dinamismo urbano y social que nada tiene que ver con la falacia del Ayuntamiento de que las VUT expulsan a la población.

En 2024, las viviendas de uso turístico y los apartamentos turísticos generaron un impacto económico de 830 millones de euros en la ciudad, acogieron a 1.370.000 personas y crearon cerca de 4.000 empleos directos e indirectos en Valencia capital.

Por último, APTUR CV también acusa al Ayuntamiento de Valencia por la ausencia de un periodo de información pública previo a la suspensión, y subraya una falta de transparencia y de compromiso con los ciudadanos y las entidades afectadas. La asociación confía en que este recurso impulse una revisión de las políticas en todo el territorio autonómico, garantizando que todos los actores del sector turístico sean escuchados y que las regulaciones se implementen de manera proporcional y justa.