Barcelona
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, escudado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un nuevo capítulo del plan del Govern para alcanzar 50.000 viviendas públicas en 2030. En un encuentro informativo en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), el president ha avanzado que el Consell Executiu del próximo martes aprobará la primera convocatoria de la Reserva Pública de Solares para construir vivienda de protección oficial (VPO).
Esta fue una de las medidas anunciadas por Illa en octubre del año pasado, cuando manifestó su intención de darle la vuelta a las políticas de promoción pública en Cataluña. Se pretende que las empresas se presenten a este concurso para levantar bloques de pisos de alquiler asequible en los terrenos cedidos por los ayuntamientos. El dirigente socialista ha añadido que el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) financiará a los promotores que construyan en estos solares con créditos por un importe total de 500 millones de euros.
Menos papeleo
En paralelo, Illa ha comunicado que el Govern modificará varios artículos de la ley de urbanismo para simplificar los trámites administrativos. Esta acción también estaba prevista por el Ejecutivo autonómico y, en concreto, se materializará en una licencia básica que agilice la construcción de vivienda asequible.
Estas políticas se suman a la reciente puesta en marcha de un régimen sancionador de la ley de vivienda pactado entre PSC y los comunes para castigar el uso fraudulento del alquiler de temporada.
Por su parte, Sánchez ha defendido la ley de vivienda y ha rechazado el "boicoteo que hacen algunas administraciones", en alusión a las comunidades gobernadas por el PP. "Hago un nuevo llamamiento a todos los gobiernos regionales para que apliquen la ley de vivienda de una vez por todas. Y frente a eso, a la ley de la selva, la ley de vivienda", ha añadido.
Lluvia de propuestas
Las medidas para impulsar el mercado de la vivienda, tanto público como privado, han centrado la actualidad política en el arranque de 2025. En las últimas semanas, el Gobierno ha anunciado la creación de una empresa pública de vivienda de alcance estatal, así como bonificaciones fiscales para propietarios y la limitación de la compra de residencias por parte de extranjeros. De su lado, el PP ha registrado en el Senado una nueva ley del suelo y ha propuesto ayudas para jóvenes y luchar contra la okupación.
En parte, estas medidas pretenden estimular el sector de la construcción, que en el caso de Cataluña sigue alicaído. Según datos de la patronal APCE, en 2024 se visaron 15.604 obras en la comunidad, un 8,2% más que el año anterior, y se finalizaron 13.210 unidades, un 4% menos que en 2023. Estas cifras quedan por debajo de las 25.000 unidades anuales que se estiman necesarias para acompasar la obra nueva a la creación de hogares en Cataluña.