Barcelona
Cataluña solo da respuesta al 4% de personas inscritas en el registro autonómico de solicitantes de vivienda de protección oficial (VPO). Según un informe de la Sindicatura de Comptes, que repasa la actividad de la Agència Catalana de l'Habitatge en los años 2021 y 2022, la administración adjudicó una media anual de 3.450 viviendas frente a un volumen de 85.600 solicitudes.
"Este porcentaje tan bajo responde al grave desajuste entre la demanda de vivienda social, creciente con la crisis y la oferta de los parques de vivienda de las administraciones públicas y de las promociones públicas o privadas de vivienda de protección oficial", indica el organismo auditor.
Asimismo, la Sindicatura echa en falta un registro único que coordine la diversidad de parques residenciales de la comunidad. Esta situación deja a la administración sin "información" puntual sobre su oferta residencial.
Por otro lado, el auditor afirma que la agencia debería "priorizar los casos de emergencia que se gestionan mediante la Mesa de valoración de situaciones de emergencias económicas y sociales de Cataluña".
Aumento de la cartera
En el período 2019-2022, la Mesa de la agencia resolvió favorablemente 1.253 expedientes y entregó una media anual de 655 viviendas, lo que supone un 52,27% de las resoluciones favorables. En estos años, la cartera de la Agència Catalana de l'Habitatge pasó de 20.750 a 21.875 pisos.
"Este incremento se concentra en viviendas procedentes del ejercicio del derecho de tanteo y retracto y de la cesión de viviendas de titularidad privada, básicamente de entidades financieras y particulares. Las viviendas procedentes de Incasòl y del traspaso de viviendas del Estado no presentan ningún incremento desde hace bastantes ejercicios", afirma.
Recomendaciones
Para solventar las "importantes deficiencias" detectadas en la gestión, la Sindicatura recomienda elaborar un contrato-programa y un documento de planificación. También sugiere llevar a cabo una correcta elaboración y un seguimiento de los datos previstos y reales de la memoria del programa presupuestario para "definir objetivos realistas".
Además, propone homogeneizar los procedimientos de los distintos registros municipales de solicitantes de viviendas, mejorar la coordinación entre la Agencia y los municipios con Mesa de emergencia propia implantar controles de seguimiento de la actividad y ampliar los existentes, e incluir indicadores de costes y plazos.
Alegaciones del 'Govern'
En sus alegaciones, presentadas en diciembre de 2024, el Govern admite que aún no se ha formalizado el contrato programa entre la Consejería de Territorio y la agencia y, por ende, no se ha aprobado el plan de actividades, pero afirma que el "consejo de administración de la agencia aprueba anualmente el presupuesto de esta entidad, donde se recogen las distintas líneas de actuaciones de la agencia, por capítulos y programas".
"La nueva Dirección de la Agencia de la Vivienda valorará conjuntamente con las personas responsables del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, las posibilidades y recursos para desarrollar un contrato programa como una herramienta estratégica de planificación, coordinación y financiación donde se determinarán objetivos y los indicadores para evaluarlos", sostiene el Ejecuto autonómico.