"Impulsaremos nuevas medidas destinadas a ampliar el parque público de vivienda, perseguir la especulación, fijar un mejor equilibrio entre la actividad turística y el bienestar de los residentes, y lograr que la vivienda sea un derecho de todos y no el negocio de unos pocos", decía el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, esta misma semana en la inauguración del curso político, dejando claro que la vivienda se mantendrá como una de las prioridades de su mandato.
Lo cierto es que el Gobierno tiene muchos frentes abiertos en esta materia. A saber: tiene que avanzar el nuevo índice para actualizar el alquiler, regular los alquileres de temporada, los de habitaciones, los pisos turísticos o aprobar la modificación de la Ley del Suelo. Muchas de estas medidas afectarán a los pequeños propietarios de vivienda, que admiten preocupación ante el nuevo escenario que se abre.
Una de ellas es el índice de precios del alquiler que elaborará el Instituto Nacional de Estadística y que tiene que estar listo el 31 de diciembre de 2024. Hasta el momento, poco se sabe sobre este indicador que recoge la controvertida ley de vivienda y que podría desincentivar la oferta de vivienda, según los propietarios.
"No sabemos si este nuevo índice será un elemento corrector relevante para generar seguridad y estabilidad en el mercado de arrendamiento de vivienda tradicional, pero lo que sí es seguro es que en los casos de aquellos propietarios, que son muchos, que tengan una vivienda alquilada con una renta sostenible, si el nuevo índice para actualizar la renta es muy inferior al IPC, la rentabilidad para esos propietarios va a ser bajísima, y por tanto, puede suponer otro impulso más para sacar viviendas del mercado del alquiler", denuncia Miguel Ángel Sánchez Fraile, secretario general de la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana y Asociaciones de Propietarios de Fincas.
Otro de los temas que preocupa a los pequeños propietarios es la futura regulación de los alquileres de temporada que pretende acabar con el trasvase de pisos desde el alquiler tradicional hacia el de temporada. "El Gobierno desea que se acredite la causalidad del alquiler temporal y en función de ésta establecer la duración del contrato. Pero un contrato por traslado temporal de trabajo, por indicar un caso, puede ir de los dos meses a los dos años, y un contrato a estudiantes hasta 9 meses, si es por curso académico, pero ir más allá del año y medio si se trata de un proyecto de investigación. Es en este punto donde hay que resolver diferencias", explica Sánchez.
Poca información sobre los Fondos Next
En cuando a las ayudas europeas destinadas a la rehabilitación energética, desde la Cámara denuncian que las subvenciones "no están llegando a sus destinatarios", por lo que se requiere más información y facilidades para el acceso a estos fondos". En su opinión, y aunque ha habido suficientes solicitudes para cubrir la totalidad de los fondos, uno de los problemas de ejecución es que las administraciones no están preparadas, y los procesos son lentos y complejos.
Los propietarios hacen hincapié en que resolver el problema de acceso a los fondos Next Generation es crucial, ya que de ello depende muchas de las reformas necesarias para cumplir con el nuevo certificado energético de la UE, que será obligatorio en 2030. "Con la reciente aprobación de la Directiva Europea de Eficiencia Energética de la Edificación, vender o alquilar una vivienda será más complicado. Esta directiva establece nuevos criterios que todos los inmuebles deben cumplir para poder ser vendidos o alquilados, lo que obligará a los propietarios a realizar reformas", concluye el directivo.
