Sareb, la sociedad pública creada en 2012 para gestionar y vender los activos tóxicos heredados de la crisis financiera, tiene 3.600 viviendas okupadas por familias consideradas no vulnerables o que "no quieren colaborar". Así lo detalla Javier Torres, presidente del llamado banco malo, en la última revista del Instituto de Estudios Económicos (IEE). El directivo explica que ante esta situación, la compañía ya ha activado los procedimientos para recuperar la posesión de estas viviendas.
Torres pone el foco en el Plan de Acompañamiento Social que Sareb lanzó en 2022 y que está dirigido a las familias vulnerables que residen en sus casas. En esencia, los inquilinos pueden acceder a un alquiler social o asequible y a un acompañamiento laboral para superar la situación de exclusión. Hasta el momento, ya se han unido al plan más de 6.000 familias y cuenta con otros 1.000 casos en fase de estudio. En el programa participan gestores especializados en mediación y alquiler social.
Torres admite que la cartera de viviendas okupadas es un problema para la sociedad, ya que no solo "no genera ningún ingreso", sino que los inmuebles suelen sufrir una "acusada degradación" en el entorno vecinal y también en las propias viviendas. Además, la sociedad pública tiene que seguir haciendo frente a los gastos del IBI, comunidades de vecinos, etc. "Sin embargo, una vez que se suscriben los contratos de alquiler social, cuya renta promedio en su etapa inicial se sitúa en el entorno de los 200 euros al mes, Sareb empieza a percibir ingresos que, aunque sean de una cuantía limitada, son suficientes para cubrir los gastos, así como el coste de los trabajadores sociales dejando un saldo residual modesto, aunque positivo".
En el caso de las familias que no resultan ser consideradas vulnerables o que tras varios intentos no colaboran con los trabajadores sociales de Sareb, se promueve la recuperación de la vivienda, gestión que, en un 80% de los casos, se realiza de forma amistosa, recurriendo en el resto de los casos a los tribunales de justicia aplicando procedimientos muy garantistas y pautados, aprovechando toda la información y la traza de las gestiones realizadas. "Esto último deberá reducir la suspensión de los procedimientos de lanzamiento", dice.
En cuanto a las tasas de morosidad que presentan los contratos de alquiler social que suscribe Sareb, el directivo explica que se sitúan por debajo del 10%. "Ello demuestra el compromiso de las familias arrendatarias con el modelo y su determinación para aprovechar la oportunidad que se les ofrece para mejorar su situación con un mecanismo basado en la corresponsabilidad", concluye.