Los promotores privados construyen tres de cada cuatro viviendas de protección oficial en España

En los últimos ocho años, de 2014 a 2022, el número de viviendas de protección oficial finalizadas por promotores privados en España (59.928) cuadruplica los finalizadas por los promotores públicos (14.737), según la cátedra de empresa Vivienda y Futuro de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y la Asociación de Promotores y Constructores de Cataluña (APCE).

En Cataluña, las cifras son similares, y con los datos de la Agencia de la Vivienda de Cataluña se observa que, en los últimos diez años, entre un 60% y un 80% de las viviendas protegidas han sido impulsadas por los promotores privados.

Según los autores del estudio, estos datos evidencian la necesidad de articular mecanismos de colaboración público-privada para las promociones de viviendas de protección oficial, ya que las promotoras públicas no han alcanzado ni la estructura ni el presupuesto suficientes para proveer de forma eficiente la vivienda asequible de alquiler.

Desde la cátedra UPF-APCE sostienen que, a pesar del Plan 2022-2025 y de los fondos Next Generation, que contemplan subvenciones de hasta 700€/m2, las promociones de viviendas pueden resultar inviables si no existen concertadas líneas de préstamos subvencionados.

De hecho, de acuerdo con la proyección de la creación de nuevos hogares que hace el INE y el Plan territorial sectorial de vivienda, se necesita la promoción de vivienda asequible con el apoyo de la Administración pública para construir 15.000 viviendas/año, durante los próximos 15 años, una cifra que se aleja mucho de la producción de los últimos 10 años, inciden.

Por comunidades autónomas, por ejemplo, se observa que en 2018, pre-pandemia, hubo 16 comunidades autónomas que no dieron ninguna calificación definitiva de protección oficial. En 2021, hubo 13 comunidades que no construyeron viviendas de protección oficial de alquiler, y en 2022, fueron 10 las autonomías que no promovieron viviendas de protección oficial.

Recuerdan que, a consecuencia de la última crisis financiera e inmobiliaria se adoptaron unas políticas de austeridad y estabilidad presupuestaria que supusieron la desaparición de los Planes estatales de vivienda 2013-2016 (2017), 2018-2021 y 2022-2025, y, en vez de ello, se regularon instrumentos de financiación en las promociones de VPO, de los que sólo perduró la ayuda directa para la promoción de viviendas.

Además, según el informe, ha quedado acreditado que la regulación de una subvención a los Planes 2013-2016 y 2018-2021 era absolutamente insuficiente para promover viviendas de protección oficial de alquiler sin tener que realizar aportaciones de fondos propios.

Reivindican que, para alcanzar una estabilidad en los programas que configuran las políticas públicas de vivienda, éstas no deben estar sometidas a ciclos cortos de tres o cuatro años, sino que habría que superar los planes temporales para construir una estructura estable de herramientas de apoyo a estas políticas.

Además, según el estudio, haría falta un volumen de fondos propios del 30% en el caso del alquiler social y del 15% el caso del alquiler social asequible, ya que el modelo de financiación actual es insuficiente para conseguir promover este tipo de viviendas.

Por tanto, "las cifras demuestran que las administraciones públicas no han sido nada eficientes en articular un sistema adecuado y de confianza para los promotores, ya sean públicos o privados".