Uno de los objetivos de la nueva ley de vivienda es aumentar el parque de vivienda pública, especialmente en alquiler, puesto que España está a la cola en Europa en esta materia.
Para ello la normativa aplica distintas medidas. Una de ellas es aumentar los suelos mínimos de reserva para vivienda protegida. Así, en los suelos residenciales se aumenta hasta el 40%, mientras que en los no residenciales el mínimo es el 20%.
"Hemos intentado ser prudentes, ya que algunas comunidades autónomas están incluso por encima con reservas de hasta el 50% en suelos residenciales", explican desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).
Además, en el caso de las reservas de suelos residenciales el 50% deben ser viviendas en alquiler. "Lo que hemos intentado es ir conformando parques públicos de vivienda en alquiler", apuntan. Hasta ahora el grueso de la vivienda de VPO que se ha levantado en España ha ido destinado a compraventa, que además con el paso de los años se ha descalificado pasando de este modo el mercado de vivienda libre.
La nueva ley también corrige este aspecto. Así, desde el ministerio explican que una vez entre en vigor la ley "las nuevas calificaciones que se van a ir haciendo conllevarán las condiciones de la normativa y por tanto, no se podrán descalificar".
El departamento que lidera Raquel Sánchez deja muy claro que "eso no significa que no se puedan vender. Se podrán traspasar, pero al mismo precio y con las mismas condiciones de protección que se compraron. De este modo se intenta evitar movimientos de descalificación que conviertan las viviendas al mercado libre y por tanto se incrementen los precios".
Con esta medida "se intenta establecer un parque de vivienda de protección pública que se mantenga en el tiempo y que dé solución a familias en condiciones de vulnerabilidad", explican. Esta medida sólo aplicará a las viviendas que se califiquen a partir de la entrada en vigor de la nueva ley, las que ya están calificadas como vivienda de protección pública seguirán ligadas al régimen jurídico que tenía esa vivienda en el momento que se calificó.
Acuerdos con los fondos
Para aumentar ese parque público el Gobierno mantiene la puerta abierta a adquirir viviendas en manos de grandes fondos que en los últimos años han amasado carteras de gran volumen. Así, desde el Ejecutivo se habló meses atrás de sumar por esa vía unas 30.000 unidades. Lejos de dejar atrás esa idea, desde el ministerio reconocen que "se sigue trabajando en esa línea y para ello se han establecido las bases a través "del artículo 25 de la Ley por el Derecho a la Vivienda donde se establecen mecanismos de colaboración público privada".
En este sentido apuntan que "no se puede hacer con un acuerdo con los grandes tenedores, se tiene que hacer con un pliego de condiciones, porque el Estado tiene que garantizar los elementos de seguridad jurídica en materia contractual, la transparencia y la imparcialidad".