El trasvase del alquiler convencional al alquiler de temporada ha acelerado en los últimas semanas, coincidiendo con la aprobación de la ley de vivienda. Los propietarios se están refugiando en esta modalidad de arrendamiento para evitar la regulación de precios que incluye la norma. Los datos de la plataforma Homyspace constatan este movimiento. En lo que va de año han incorporado a su plataforma un 40% más de pisos que el año anterior. La mayoría -el 70%- proceden del alquiler tradicional y el 30% restante del alquiler turístico.
Ángel Mayoral, CEO de la compañía especializada en alquileres de media estancia para empresas, explica que los potenciales clientes que se ponen en contacto con ellos les preguntan por la regulación. "La mayoría están informados y saben que el alquiler de temporada no se verá afecto por el control de precios", dice.
El directivo considera que el sector se encuentra en un momento "clave" y anticipa que el trasvase seguirá creciendo en los próximos meses. "Con la inseguridad jurídica y la incertidumbre que gira en torno a la ley es muy probable que muchos propietarios decidan pasarse al alquiler de media estancia".
¿Y por qué la ley de vivienda no afecta a los alquileres de temporada? Esta modalidad se rige por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y se les considera arrendamientos para uso distinto a vivienda. Ahora bien, el motivo del alquiler tiene que estar debidamente justificado en el contrato o de lo contrario podría ser considerado fraude de ley.
Los propietarios que deciden cambiar al arrendamiento por meses también se sienten atraídos por la rentabilidad que pueden conseguir, que es un 30% superior al alquiler tradicional, según las estimaciones de Homyspace. "Los propietarios también tienen más control de la vivienda y mayor flexibilidad", explica Mayoral. Los contratos son prorrogables, pero sólo si lo decide el propietario, que puede también decide el precio al que se alquila y también elije al inquilino. El objetivo de la firma es sumar 700 nuevos clientes corporativos a su cartera este año en curso y elevar su facturación hasta los 6 millones de euros (frente a los 4,5 millones de este año).
Regulación de precios
El control de precios es una de las medidas más polémicas que contiene la ley de vivienda. Elimina el IPC como índice de referencia para actualizar la renta y los contratos que se renueven en 2024 no podrá superar el 3% de subida cuando el propietario sea un gran tenedor.
En los supuestos en los que el arrendador no sea un gran tenedor, el incremento será el pactado entre las partes y, si no llegan a un acuerdo, no podrá ser más del 3%. Además, antes del 31 de diciembre del próximo año, se creará un nuevo índice de referencia aplicable al territorio al margen del IPC.
En cuanto a las zonas tensionadas, las administraciones competentes en materia de vivienda podrán declararlas como tal si la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares, o bien cuando el precio de alquiler de la vivienda haya aumentado al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores.
