Uno de los pilares sobre los que se fundamentó la Ley de Vivienda era frenar el número de desahucios tanto por impago de alquiler como de hipoteca y ayudar así a las personas vulnerables ante el alza del euríbor y las rentas. Pese a ello, los datos publicados por el INE muestran una tendencia a la baja en este aspecto.
En concreto, se aprecia una caída del 12% entre las demandas del primer trimestre de 2022, cuando el número, ascendió a 4.008, y el periodo comprendido entre octubre y diciembre del pasado año, con 3,352. Una caída que deja el número de desahucios en mínimos de casi una década y que deja sin argumentos al Ejecutivo que ha impulsado una normativa intervencionista que reducirá la oferta, especialmente en alquiler, lo que impulsará aún más los precios.
