El resultado de las elecciones autonómicas y municipales de este domingo dibujan un nuevo mapa político que -por extensión- afectará a la aplicación de la recién aprobada ley de vivienda. Seis comunidades autónomas pasarían -pacto mediante con Vox- a estar gobernadas por el Partido Popular, que ya anunció que no aplicaría la norma en las cuestiones que fueran de competencia autonómica o municipal (regulación de los alquileres en las zonas tensionadas o delimitación de grandes tenedores).
El Partido Popular aspira a gobernar en la Comunidad Valenciana, Cantabria, Baleares, Extremadura, Aragón y Región de Murcia, y si eso ocurre el control de precios de los alquileres nunca se pondría en marcha. Esos territorios se suman a los que ya estaban gobernados por el partido de Alberto Núñez Feijóo y que desde hace meses se han posicionado en contra de la ley de vivienda. Se trata de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Galicia y Castilla y León. Además, la formación azul ha conseguido mayoría absoluta en La Rioja mientras que en Canarias serán clave para dejar gobernar a Coalición Canarias. El nuevo escenario político dejaría en papel mojado una de las normas estrella del gobierno de coalición de PSOE y Podemos.
Algunas voces del sector apuntan incluso que la ley podría ser derogada completamente si los populares ganan las elecciones generales del 23 de julio. "Como hemos visto, tras el resultado de municipales y autonómicas, la ley de vivienda se ha quedado casi sin efecto a largo plazo (cuando se creen los índices para las zonas de mercado tensionado). Además, podría ser derogada completamente si el Partido Popular gana las elecciones generales, como ha manifestado recientemente", explica José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA).
"Lo que es inaudito es que el mercado del alquiler en nuestro país tenga que estar pendiente de los resultados electorales para saber si un propietario puede o no poner con seguridad y tranquilidad su vivienda en alquiler", añade el experto.
En este sentido, la agencia subraya que esta incertidumbre está afectando a todos, inquilinos y propietarios, trastocando gravemente el mercado de alquiler, destruyendo oferta, y dificultando enormemente el acceso a la vivienda. En aquellas comunidades donde si se pueda aplicar, denuncia Ana, desplazará la inversión de los promotores e inversores hacia aquellas comunidades que no impongan límites a la inversión en alquiler, creando una España de "dos velocidades".
Proceso largo
Las comunidades autónomas que quieran topar el precio de los alquileres en las zonas tensionadas ya pueden iniciar el proceso para ello. Ahora bien, el procedimiento no es automático, por lo que el control de los precios tardará un tiempo en aplicarse.
Según recoge la ley, las administraciones competentes en materia de vivienda tendrán que solicitar la declaración de zona tensionada al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que será el que lo declare expresamente. El procedimiento requiere recabar información sobre el estado del mercado residencial en cuestión, poner a disposición pública la información sobre la que se basa la declaración y presentar las medidas y acciones públicas que se han puesto en marcha para revertir o mejorar la situación.
"La declaración deberá ir precedida de un procedimiento preparatorio dirigido a la obtención de información relacionada con la situación del mercado residencial en la zona incluyendo los indicadores de los precios en alquiler y venta de diferentes tipos de viviendas y su evolución en el tiempo", apunta la ley. "Implicará la realización de un trámite de información en el que deberá ponerse a disposición pública la información sobre la que se basa tal declaración". La vigencia inicial de la declaración de zona tensionada será de 3 años, pudiendo prorrogarse anualmente.
