Valencia
La nueva Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez despierta el rechazo del sector. La presidenta de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval), que agrupa a las agencias de la región, Nora García, no duda en asegurar que "esta ley va a perjudicar principalmente a los que se suponía que tenía que proteger que son los inquilinos".
La patronal valenciana lamenta que la Ley de Vivienda no vaya a solucionar el drama social en que se ha convertido la vivienda en España al haber sido aprobada sin consenso político y desoyendo la opinión de expertos.
Las inmobiliarias valencianas constatan que, desde la última modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos en 2019, la oferta de alquiler en la Comunitat Valenciana ha descendido cerca de un 50%, mientras ha seguido aumentando el número de vivienda turística, temporal y de alquiler de habitaciones.
Las agencias sostienen que la percepción de los propietarios sobre la Ley es de "completa inseguridad jurídica" y recalcan que la norma no contempla ninguna medida que les proteja. Desde la patronal recuerdan que la gran mayoría no son grandes tenedores, sino particulares que tienen una o dos viviendas que necesitan la renta del alquiler para vivir o para pagar una hipoteca.
Estas medidas van a acentuar la salida de los propietarios del mercado del alquiler dejando sin opción habitacional a los inquilinos, como ya está pasando, subrayan las inmobiliarias valencianas.
Pese a los incentivos fiscales, medidas como la restricción de rentas provocarán que muchos propietarios decidan vender sus inmuebles o destinarlos a otros usos como el alquiler vacacional, colivings o alquiler de habitaciones según su valoración. Asimismo, endurecerá los criterios de solvencia económica para seleccionar a los futuros arrendatarios ante posibles impagos de rentas o declaración de vulnerabilidad.
También se critica que sean estos pequeños propietarios quienes tengan que renunciar a la percepción de sus rentas para ceder su inmueble a los inquilinos que se declaran en situación de vulnerabilidad, mientras la administración les busca una alternativa habitacional. "La responsabilidad de la falta de vivienda social no puede recaer en los pequeños propietarios", apunta Asicval, que confían en que el desarrollo autonómico de ley tenga en cuenta esta circunstancia y sea la administración quien se haga cargo de los impagos del inquilino en estas circunstancias, para no acabar poniendo en una situación comprometida al propietario.
Índice de precios
La asociación también se muestra escéptica ante el futuro índice de precios de referencia, ya que producirá desigualdades en una misma zona al devaluar la renta de propietarios de viviendas en muy buen estado como, por ejemplo, pueden ser las nuevas o las reformadas, con una buena calificación en eficiencia energética y ascensor; y revalorizar aquellas viviendas que presenten peores condiciones.
Consideran que poner en marcha un índice de referencia general para una zona en concreto demuestra no conocer cómo funciona el mercado porque, pese a que hay factores que influyen en que ese precio suba o baje.
Otro de los puntos controvertidos es el del pago de los honorarios. Para Asicval, la Ley de Vivienda vulnera flagrantemente el derecho al libre ejercicio de la profesión inmobiliaria al prohibir cobrar honorarios a los inquilinos. Señalan que en muchas ocasiones son estos quienes demandan sus servicios para localizar una vivienda, estar bien asesorados y sentirse más protegidos. A su juicio, la Ley debería matizar que el responsable de pagar los honorarios de agencia es quien encarga el servicio, ya sea el propietario o el inquilino.
