El sector inmobiliario atraviesa un momento de cambio en el que el segmento del alquiler está en el epicentro. La escasez de oferta, la creciente demanda, el incesante incremento de precios y la intervención por parte del Gobierno están provocando un "cóctel explosivo", según la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), en el que el gran perjudicado es el propietario particular, que cada vez exige más requisitos a sus inquilinos. Estos, por su parte, están dispuestos a endeudarse más de lo recomendado para pagar la renta.
En concreto, la compañía cifra en un 70% el porcentaje de potenciales inquilinos que están abiertos a destinar más del 40% de sus ingresos para hacer frente al pago de la renta. El director general de ANA, José Ramon Zurdo, explica el riesgo que esto supone para los propietarios y para la propia viabilidad del alquiler, "que el propietario asuma del candidato a alquilar, un endeudamiento superior al 35% de los ingresos para destinar al pago de la renta de alquiler, supone en gran medida un riesgo de impago, donde ante cualquier imprevisto, el arrendatario deja de pagar la renta, en su totalidad, o de forma parcial", dice. El experto explica que en muchos casos se trata de una falta de educación financiera básica o desconocimiento.
Más requisitos para alquilar
Otra de los cambios que está experimentando el mercado es que los propietarios exigen más requisitos para alquilar sus casas. ¿Y por qué lo hacen? Porque se sienten amenazados con las medidas intervencionistas que ha puesto en marcha el Gobierno. "Son medidas que crean mucha inseguridad jurídica, y por ello tratan de protegerse al máximo buscando inquilinos que les aporten más solvencia económica o mayores garantías para poder afrontar los problemas que les puedan surgir, sobre todo por los tiempos tan exagerados que se tardan en recuperar las viviendas, en casos de desahucios", apunta Zurdo.
Desde ANA también explican que algunos arrendadores pueden contravenir la Ley exigiendo a los inquilinos garantías que no les corresponden. Actualmente las garantías que se puede exigir a los arrendatarios en el alquiler de viviendas no son libres. El límite actual de garantías que permite la LAU (artículo 36) solicitar a un arrendatario está en un mes en concepto de fianza y hasta dos meses más en concepto de garantía complementaria, excepto en los contratos de larga duración, en los que las garantías que se pueden solicitar a los arrendatarios son libres y por tanto no tienen límites.
Tampoco se puede exigir a los inquilinos el pago anticipado de más de una mensualidad de renta porque lo prohíbe la Ley (artículo 17 LAU). En este sentido, informan desde ANA, exigir a los inquilinos el pago anticipado de seis mensualidades de renta, una práctica usada por algunos arrendadores, es una práctica ilegal. Como mucho, para cumplir con el mandato legal, se podría solicitar a los inquilinos el pago del mes en curso y el anticipo de la siguiente mensualidad.
"Esta cantidad de requisitos que actualmente se solicitan a los arrendatarios está perjudicando más es a las clases más vulnerables de nuestra sociedad, que son las que tienen menos ingresos para poder endeudarse con las rentas que se solicitan, o las que tienen los empleos más inestables", dice el experto, que añade que es en estos sectores donde si debe intervenir el sector Público ofreciendo alquileres sociales o asequibles, pero sin que tengan que ser los arrendadores privados los que le resuelvan la papeleta al Estado asumiendo perfiles de inquilinos con un alto riesgo de incumplimiento, y sin contraprestación alguna.
