El PSOE y sus socios de Gobierno siguen perfilando la Ley por el Derecho a la Vivienda -ya en fase de ponencia en el Congreso de los Diputados- con la intención de aprobarla en las próximas semanas. Una de las últimas medidas que se está debatiendo es la de prohibir a las agencias inmobiliarias que cobren honorarios a los inquilinos por el servicio de gestión de alquiler. En su lugar, quieren que sean los propietarios los que asuman ese coste. La Federación de Agencias Inmobiliarias (FAI) ha respondido rotundamente a esa posible medida, dejando claro que es una forma de intervención del libre mercado que causará el efecto contrario al perseguido.
"No evitará que el coste por el trabajo que presta un profesional acabe repercutiendo indirectamente al inquilino en términos económicos y de inseguridad jurídica", dice FAI en un comunicado publicado en su página web.
Las inmobiliarias sostienen que los honorarios que cobran no son el problema de los altos precios que se pagan por alquilar una vivienda -en máximos en muchas ciudades del país- y que la forma en la que un agente inmobiliario repercute su servicio tiene que ver con la naturaleza del propio servicio, ya que asiste tanto a arrendadores como inquilinos y cobra solo en función del resultado.
"Facilitamos asesoramiento en precios, agilidad y eficacia para conectar oferta y demanda, seguridad jurídica y cumplimiento de la legalidad a los procesos de alquiler, además buscamos, en todo momento, el mejor acuerdo de las partes para el buen desarrollo y longevidad de los arrendamientos de vivienda", añaden los profesionales inmobiliarios. "Nosotros dinamizamos e intentamos estabilizar un mercado complejo, favoreciendo miles de acuerdos de alquiler cada día, somos, en consecuencia, parte de la solución, no del problema", concluyen.
Propuesta rescatada
La propuesta de que los inquilinos dejen de pagar los honorarios a las agencias inmobiliarias estaba en el primer borrador de la Ley por el Derecho a la Vivienda que Unidas Podemos le propuso al PSOE, pero no llegó a incluirse en el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros en febrero de 2022.
Ahora, y según anunciaba recientemente la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, es una de las medidas que se están estudiando. "Los grupos lo han puesto sobre la mesa y a mí me parece más razonable", decía en una entrevista en La Sexta. "No es de recibo que le pidamos a la gente más requisitos para alquilar una vivienda que, prácticamente, para presentarse a una oposición de abogado del Estado", añadía la responsable de la formación morada.
Según Belarra, PSOE y Unidas Podemos están de acuerdo en bastantes cosas y hay elementos "muy positivos" de la ley aunque no es la que le hubiera gustado sacar adelante.
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