Ofensiva legal frente a la okupación. En esa premisa se basa la batería de medidas propuesta por la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) para luchar contra la creciente lacra de la okupación de viviendas. En 2021 se registraron en España más de 17.000 denuncias relacionadas con esta problemática, lo que supuso un 18,14% más que en 2019 y casi el triple que diez años antes, según datos de Policía Nacional y Guardia Civil.
Desde ANA proponen penas de cárcel para los okupas que usurpen un inmueble sin violencia o intimidación a las personas. Eso sí, serían penas "no tan agravadas" como las que contempla el Código Penal en el caso de usurpación con violencia, y que oscilan entre uno y dos años.
La fintech también pide que la Fiscalía General del Estado unifique los criterios de interpretación del ordenamiento jurídico para que todos los fiscales de España dicten las mismas instrucciones y así no dependan de en qué territorio se comete el delito.
Además, consideran primordial que la Fiscalía General del Estado establezca claramente cuáles son los supuestos en los que se lleva a cabo un delito flagrante de okupación, que defina el concepto de inmediatez de la okupación y los plazos concretos de los que disponen las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado para actuar. El objetivo es que la Policía pueda proceder sin temor a excederse en su cometido. "Que no existan dudas de en qué actuaciones se están cometiendo delitos flagrantes y cuando pueden actuar sin autorización judicial", añaden.
Otra de las propuestas de la fintech es que se den instrucciones a los jueces para que estos acepten de forma más habitual las cautelares de desalojo solicitadas. De esta manera, cree que se mantendrían a salvo los derechos de los okupas, pero fuera de las viviendas okupadas. En la actualidad, se procede con los okupas dentro de los inmuebles, lo que dilata ampliamente los desalojos hasta plazos que superan los dos años "por la cantidad de recursos que presentan los okupas para dilatar el desalojo", explican.
En cuanto a los plazos de desalojo, ANA propone que se expulse a los okupas en 48 horas si no presentan un título válido que justifique la okupación. "El utilizar la vía penal o la vía civil para tramitar los desahucios va a depender de lo que queramos conseguir y del tiempo en que los okupas lleven dentro de las viviendas. También dependerán los plazos, de si estamos ante un allanamiento de morada o ante una usurpación de vivienda", matizan.
Desde ANA recuerdan que las okupaciones de viviendas también están afectando a las comunidades de propietarios
En concreto, si el plazo de ocupación no sobrepasare las 24 horas, la mejor opción para desalojar a los okupas sería acudir directamente a la policía porque esta no necesitaría autorización judicial para el desalojo de los okupas.
Este plazo de 24 horas no está establecido en ninguna normativa concreta, es un plazo que ha establecido la jurisprudencia para considerar que se ha cometido un delito infraganti. Si se pasara este plazo ya sería necesario que hubiere una orden judicial de desalojo para expulsar a los okupas, para lo cual habría que denunciar la comisión del delito ante el juzgado de guardia.
Por último, desde ANA recuerdan que las okupaciones de viviendas también están afectando a las comunidades de propietarios ya que devalúan el valor de las viviendas. Por ello, proponen que se legitimen a las comunidades de vecinos a través de sus presidentes para que estos puedan ejercitar las acciones penales y civiles oportunas contra los okupas.
