Anatomía de la 'okupación' nacional, es decir, de la usurpación de vivienda de manera ilegal. El fenómeno, que arrancó en Europa en la década de los 80 del pasado siglo, ha experimentado en España, según datos de la Administración de Estado, un repunte de hasta un 40% desde 2018 a esta parte.
Se trata de un elemento de vivienda que es especialmente elevado en Cataluña y en zonas costeras como Baleares, Murcia, Valencia o Andalucía. Solo en un año, entre 2020 y 2021, los hechos reconocidos por delitos y faltas han pasado de 14.621 a 17.274 casos, muy lejos de los 3.849 de 2011.
Cuando media contrato de alquiler
Acrecentado el fenómeno por la última crisis económica, y como consecuencia de la pandemia provocada por el covid-19, en España ha arraigado con fuerza una nueva variante de la ocupación: la 'inquiocupación'.
En los últimos dos años, la 'inquiocupación' y por tanto el 'inquiocupa' -quien se instala en una vivienda, previo contrato de alquiler, y que al poco tiempo deja de pagar- ha llegado a significar el 70% de este delito mal tipificado y regulado como denuncian colegios de abogados, plataformas de afectados por la okupación, Think Tank como Acción Liberal o, expertos en la materia, como Charo Huidobro -también vicepresidenta de la Asociación Gallega de Profesionales de la Criminología- y, en definitiva, organismos que promueven medidas a un problema que toca a más de un millón de casos, incluidos propietarios particulares, bancos y fondos de inversión.
Sin cambios legislativos desde 2018, momento en el que se acomete una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el consenso mayoritario es que España no dispone como otros países de su entorno de un marco legal suficiente para proteger al propietario, el gran damnificado de un sistema garantista.
Sin solución ni diligencia por parte de la Administración, el propietario o tenedor de vivienda afectado -entre los cuales hay pensionistas y personas en el paro y con necesidad de liquidez, amén de las comunidades de vecinos , dañadas por la inseguridad que en muchos casos aparece- ha pasado a asumir los costes de la insuficiencia de vivienda social en España.
La impotencia de las autoridades de poder frenar a las bandas criminales, mafias organizadas que ofrecen viviendas que no son suyas, a inquilinos en su mayor parte extranjeros, sin papeles y vulnerables, ha agravado más la actual coyuntura.
Los propietarios asumen casos sangrantes
Como consecuencia de este marco legal, con el consiguiente 'efecto llamada', los propietarios asumen casos sangrantes. Y como muestra, un botón: pagan el IBIde los hogares ocupados ilegalmente; el pago de suministros como luz y agua -para que las empresas no los corten-; el coste de otro tipo de impuestos, además de la asunción de hipotecas -que no dejan de pasar el recibo mes tras mes-. Por último, tampoco disponen de ese patrimonio, cuando les es necesario.
Los rostros
La prominente expansión de la 'inquiocupación' en España viene en buena medida de la mano del desarrollo del Real Decreto Ley 37/2020, por el cual, desde la pandemia, se impiden los desahucios de personas vulnerables sin solución habitacional.
El perfil de los nuevos ocupas es distinto. Ya no es tanto el vulnerable sin ningún tipo de recursos que intenta pasar desapercibido y no llamar la atención.
Hoy, con el Real Decreto Ley, el informe de Servicios Sociales es más que suficiente para paralizar los alzamientos, sin necesidad de verificar si el ocupa recibe ayudas públicas y qué hace con ellas. Y ello sin estudiar si hay fraude o economía sumergida detrás. De cualquier modo, existe una amplia literatura y asociaciones que te brindan los manuales de Okupación con los pasos a dar.
Y frente a esto, la indefensión del propietario al que le caben poco recursos, más allá de la espera judicial de años. Es el caso de Nacho, miembro de la Plataforma de Afectados por la Ocupación (teléfono: 642 45 64 26), e incapaz de recuperar su vivienda de Robledo de Chavela (Madrid), ocupada por una persona que ha instalado una especie de protectora de animales, al tiempo que uno de sus hijos va al concierto de Los Rolling Stone.
Ni como propietario ni como empresario recibe ayudas. Su mujer está en paro. El escudo social del Gobierno de Pedro Sánchez no les llega a ellos. De hecho ha impedido hasta tres lanzamientos para recuperar su casa, venta que le ayudaría a saldar deudas, y a lo mejor a levantar su negocio.
Pilar soporta desde hace casi tres años la ocupación en Coria del Río de una inquilina con tres hijos-. Ésta -unos 40 años- no es ni siquiera la firmante del contrato de alquiler. Aduce la ocupante que no puede trabajar por lesiones en un brazo, pero eso no le impide colgar en Tik Tok sus bailes con movimientos cimbreantes de caderas y brazos. Entretanto, Pilar explica cómo el juez ha paralizado el lanzamiento, con informes de Servicios Sociales inconcluyentes y sin incorporar justificación para no trabajar, mientras ella paga impuestos, IBI e hipoteca de 700 euros. ¡El mundo al revés!
La actuación política
En el momento actual, los afectados se enfrentan a la duda creciente de una nueva prórroga del escudo social -concluye el 30 de septiembre de 2022-, lo que alargará la pesadilla que viven de no poder ver ejecutados los lanzamientos que les devuelvan sus propiedades.
Salvando el escudo social de la pandemia, desde la reforma del 18 apenas ha habido movimiento legislativo al respecto, excepto algunas actuaciones de la oposición al Gobierno.
El partido más activo en esta materia ha sido el Partido Popular. El 31 de enero de 2019, y con la rúbrica de Dolors Montserrat, el PP presentó una Proposición de Ley contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios.
Ante la falta de respuesta, el 17 de julio de 2020, la formación entonces dirigida por Pablo Casado, y con Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del Grupo, registra otra Proposición de Ley Orgánica, de carácter integral, contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios. El énfasis está en la lucha contra las mafias organizadas. La proposición fue debatida en 2021 y decayó ante la falta de apoyos suficientes.
Recientemente, en abril, hemos visto la respuesta al requerimiento de Vox al Gobierno, de información y documentación del Ministerio de Interior sobre datos de ocupación de vivienda de manera ilegal, fragmentada por Comunidades Autónomas y provincias, desde 2011, y con la ausencia por parte del Ejecutivo de proyecciones o estimaciones futuras este tipo de hechos.
En el mes de mayo, concretamente el día 31, PDeCAT registró otra Proposición de Ley de medidas urgentes para hacer frente a la ocupación ilegal de inmuebles. No en vano, Cataluña es la CCAA que más sufre el fenómeno de la ocupación ilegal en España.
